Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El número de patentes que produce un país constituyen uno de los principales indicadores de innovación y desarrollo. El mantra poco cuestionado es que a más patentes, más ciencia, o sea, más desarrollo. Va siendo hora de cuestionar ese supuesto y de analizar los resultados de décadas de seguir esa ola, especialmente en contextos académicos.
Para incrementar el indicador de innovación y desarrollo, se impulsan políticas, se destinan recursos públicos y se mueven importantes inversiones privadas que tienen un solo fin: ¡patentar! Sin embargo, el éxito y rol de las patentes como dinamizadoras del desarrollo científico y tecnológico no es un tema zanjado.
Sin que nos alteremos, las políticas en Colombia se diseñan con lógicas esencialmente comerciales, aunque impacten ampliamente a la sociedad en otros campos desde donde podríamos aportar con otras lógicas para impulsar desarrollo e innovación.
Las patentes como ventaja comercial y punto, dice el informe que guiará la política pública del país en los próximos años
Así, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), publicó el “Reporte sobre la información en materia de Propiedad Intelectual en Colombia”.
Este documento se presenta como un primer reporte que será “insumo clave para la elaboración de futuros estudios económicos y la formulación de políticas en materia de propiedad intelectual”. El informe recoge el comportamiento en el tiempo de las solicitudes y registros en las diferentes modalidades de propiedad intelectual en Colombia (tanto propiedad industrial, como derecho de autor y obtenciones vegetales).
El informe hace un análisis de las teorías que “motivan la protección” en patentes. Aunque reconoce que los costos de patentar son altos para la sociedad, indica que “los beneficios representados por mayores incentivos para la innovación pueden resultar mayores”. El informe cita a autores que proponen la existencia de procesos de patentes estrictos que evalúen ese costo (un balance que con frecuencia los países olvidan).
En patentes el informe asume que estas son una ventaja comercial y por eso benefician a las empresas. Presenta otra lógica cuando describe casos en los que “los inventores no financian la investigación, por ejemplo, cuando los proyectos son realizados por universidades y financiados por el gobierno”, para agregar que, en todo caso, “ninguna empresa invertirá si el desarrollo del proyecto y la patente no se traduce en posibilidades de comercializar”.
Es como si sus autores asociaran la patente con la posibilidad de comercializar. De hecho, hasta un tema central como el acceso a medicamentos se analiza desde esa óptica. Aunque el informe consigue plantear los temas de interés público en ese debate, no profundiza en la discusión pública del país para ofrecer los argumentos más pesados del otro lado o, al menos, ofrecer más indicios y referencias sobre esa discusión.
El contenido grueso del informe es sobre los datos derivados del registro que ofrecen una visión de quién, dónde y cómo se patenta en el país. Nuevamente lo que rescato son las ausencias, una importante función del registro es el dominio público, al que el documento no se refiere ni una sola vez.
No hablar del domino público –es decir de los inventos que están libres de la protección legal y por tanto cualquiera puede usarlos y explotarlos, esto sucede normalmente por el paso del tiempo–, es un vacío imperdonable y ausencia sentida si de lo que hablamos es de la construcción de política pública. El informe se limita a repetir el mantra que asegura que a más patentes, más innovación y desarrollo porque se dinamiza la economía.
Las universidades, las empresas y la innovación abierta
Como guía para la política pública, el documento es particularmente anticuado y merecería más que una presentación con bombos y platillos por las entidades públicas rectoras de esta política (que fue lo que sucedió). El informe debió presentarse para abrir una discusión amplia y motivar el análisis por muchos otros sectores de la sociedad.
Y sé que en el mundo están sucediendo cosas. Por ejemplo, la Universidad Aarhus de Dinamarca, que se presenta como una de las mejores de ese país, anunció que apostará por el modelo de ciencia abierta abandonando en buena medida la protección de patentes en sus alianzas con el sector privado. El anuncio constituye una movida interesante en contravía del mantra que repite el reporte. La universidad reivindica los valores de la academia y, para ello, pretende demostrar que también existe interés en el sector privado por apoyar modelos de innovación abierta.
La nueva política de open science en esa universidad genera compromisos entre sus investigadores y socios privados para publicar en abierto los resultados de sus investigaciones y a no patentar lo que se derive de la investigación básica producida dentro de la universidad en sectores seleccionados.
Con base en esta política, los resultados serán conocidos por cualquiera, incluso los competidores, quienes también podrán incorporarlos a sus procesos. Aunque los productos derivados de ese trabajo inicial sí podrán patentarse, el compromiso es que el ambiente académico estará en buena medida “libre de patentes”.
¿Por qué una universidad se arriesgaría a una apuesta como esta, tan en contravía del mantra de desarrollo asociado a patentes? Precisamente, la justificación va de la mano de dudas sobre el éxito y el rol que las patentes pueden jugar, especialmente en entornos académicos y en parte de la ciencia básica.
Muchos académicos y universidades han manifestado su preocupación porque se destinan muchos recursos y esfuerzos para proteger la propiedad industrial, alejándolos de su misión de hacer investigación de punta. El profesor Kim Daasbjerg lidera la iniciativa y explica que el cambio de política no ha espantado la inversión privada. Por el contrario, afirma que la apuesta por lo abierto rompe las barreras que hacen difícil y costoso el acceso de las empresas a la actividad de investigación académica.
En la Universidad Aarhus esperan que la nueva política permita inyectar más recursos en temas que tienen menos inversión. Entienden que el efecto de considerar como el mejor indicador al número de patentes ha hecho que, con el tiempo, crezca el temor a invertir en investigaciones que no tengan retorno económico.
El cambio de política les permitirá asumir riesgos, que es elemento fundamental de su labor académica. Al apostar por la apertura, los resultados también pueden contribuir al desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven. A juzgar por el apoyo que han conseguido, se podría decir que la apuesta empieza con buen pie. Esta iniciativa será financiada, por ejemplo, por la Fundación de Industrias Danesas y por empresas tan reconocidas como Lego.
La discusión no es menor y tiene especial impacto en sociedades en desarrollo como la colombiana, pues finalmente es una forma de plantear alternativas para el modelo de desarrollo que quizá se ajusten más a nuestra realidad. Un modelo que busque una posición más racional para el indicador de número de patentes (no lo niega, solo lo desplaza a sus justas proporciones) puede ser más benéfico, menos costoso y producir un mayor impacto.
El caso danés me parece el más interesante, pero vale la pena revisar cómo en la Comisión Europea hay una plataforma para promover y analizar políticas de ciencia abierta de la que son miembros varias universidades. También estaría bien revisar el análisis de la OCDE para promover políticas de ciencia abierta. Es decir, esto, de lejos, ya no es una idea de tres locos.
En Colombia, ¿poco margen para el cambio?
Como se constata en el informe colombiano, la capacidad crítica de nuestros hacedores de política pública es mínima. En Colombia, las políticas públicas han sido tímidas en analizar el posible impacto de apostar por lo abierto o de analizar alternativas y priorizar el interés público en lo relacionado con propiedad intelectual.
Como mencioné, el caso de medicamentos en propiedad industrial es la excepción que confirma la regla donde las discusiones tienen una amplia mirada de interés público. Seguramente por ser tan excepcional fue que aparece mencionado en el informe, aunque haya sido de manera superficial. De todos modos, en general, políticamente lo que hay en Colombia es el compromiso con el modelo tradicional de proteger ampliamente la propiedad intelectual en su modelo cerrado.
El informe es el futuro. En el presente la idea de patente igual a innovación también permea toda decisión de política pública, incluso aquello que no debiera. Recientemente, el Ministerio TIC y Colciencias abrieron una convocatoria para incentivar patentes nacionales e internacionales en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
La convocatoria, sin ningún pudor, impulsa el mantra ampliamente arraigado, aunque la idea de patentar desarrollos TIC es cuestionable. Así lo recordó el profesor Oscar Lizarazo: por lo general, la fórmula legal entre nosotros para proteger el software es el derecho de autor y las marcas, porque patentar software es muy problemático y afecta la competencia
En propiedad intelectual, los colombianos no tenemos posición crítica. Mi esperanza es que a medida que en el mundo se desarrollen modelos alternativos hay más posibilidades de que la academia local analice, critique y proponga otras visiones al rol de las patentes y de las formas de licenciamiento en sus actividades de investigación. Es mi esperanza que esto se empiece a explorar y que con financiación pública se impulsen otras visiones, en especial porque la OCDE lo está analizando; y esos sí son argumentos válidos para los tomadores de decisión en política pública colombiana.
ÑAPA: Ahora bien, este vacío en temas de patentes es un hueco negro si pensamos en temas de derecho de autor. La forma como el informe abordó la protección por derecho de autor de plano ignora completamente la cara del interés público del derecho de autor.
El informe no menciona tampoco alternativas de lo abierto. En relación con el registro, ignora el dominio público, no se habla de los derechos de las personas (indebidamente llamados excepciones y limitaciones en el régimen legal) y se desconoce la necesidad de flexibilidades para que hablemos de innovación. Tampoco plantea las necesidades del amplio sector de la academia, la ciencia e incluso la cultura en su sentido más amplio.
En derecho de autor, las bases para crear la política pública son todavía más comerciales, pasan por el entretenimiento y mueren en ese ambiente. Sin embargo, esas ausencias contrastan con la licencia del informe que es Creative Commons, es decir, el informe en sí mismo adopta una lógica abierta porque así son los informes de la OMPI. La OMPI usa licencias abiertas para incrementar su impacto porque están financiados y por tanto en principio no hay un interés comercial. Así llegó a mis manos “¡El primer documento de la DNDA con licencia Creative Commons!”
