Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En los siguientes días se estará discutiendo en el Congreso el proyecto de ley número 274 de 2022 por el cual se crean medidas fiscales de prevención en salud pública en materia de tabaco, derivados sucedáneos o imitadores (por ejemplo vapeadores).
Esta iniciativa ha sido impulsada por asociaciones de la sociedad civil y académicos quienes han advertido que el aumento del consumo de estos dispositivos debe ser respondido con medidas regulatorias en favor de la salud pública.
En Colombia se evidenció que los cigarrillos electrónicos son la tercera sustancia legal más usada en el país. Según el III Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria, el 16.6% de los estudiantes universitarios colombianos ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, con una prevalencia mayor en los estudiantes de 18 años y menos (de 19.6%) .
Sobre estos dispositivos existen dos debates relevantes. Primero se discute el riesgo que representa para la salud su uso habitual. Existe evidencia que demuestra el riesgo de su uso problemático: síntomas respiratorios, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer.
Asimismo, una evaluación independiente de datos de la industria demuestra que más de 20 productos químicos nocivos y potencialmente nocivos se encuentran en concentraciones considerablemente más altas en las emisiones de los cigarrillos electrónicos que en el humo de los cigarrillos “convencionales”.
Segundo, la industria tabacalera promociona estos productos como un instrumento que sirven de alternativa para dejar de fumar. Pero ¿qué dice la evidencia? La evidencia libre de conflicto de interés sustenta que es difícil hacer generalizaciones acerca de su eficacia para dejar el hábito de fumar con base en ensayos clínicos de un cigarrillo electrónico en particular, por lo que es insuficiente para concluir que los cigarrillos electrónicos, en general, aumentan el abandono del hábito de fumar.
Esto contrasta con algunos análisis que sugieren que estos dispositivos podría ser considerados como una opción para los consumidores de cigarrillo que desean abandonar esta conducta.
No obstante, otros estudios revelan que el uso dual de cigarrillos electrónicos como potencial herramienta para dejar de fumar fue eficaz solo a corto plazo.
Allí, muchos más fumadores dijeron que dejarían de fumar si los precios de los cigarrillos se duplicaban y no se disponía de cigarrillos electrónicos o que nunca se habrían habituado a la nicotina si no hubiera sido tan fácil adquirir cigarrillos electrónicos.
En este contexto, los impuestos son herramientas regulatorias de salud pública orientadas a aumentar el precio de los productos y disminuir la adquisición de bienes cuyo consumo tiene un impacto en la salud para modelar hábitos más saludables.
Esta medida en particular hace parte de un paquete de obligaciones que Colombia adquirió con la firma y ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, específicamente en su artículo 6 que establece que el estado deberá adoptar medidas de precios e impuestos que reduzcan el consumo de tabaco.
Ahora bien, diferentes actores enfatizan en que este tipo de regulaciones tienen una incidencia en el riesgo de aumento del contrabando, y sostienen que unas tasas impositivas más altas y precios mayores fortalecen los incentivos financieros de las organizaciones delictivas para proveer cigarrillos de jurisdicciones con impuestos más bajos, promueven la evasión fiscal interna y alientan a los fumadores a buscar cigarrillos ilegales más baratos.
A esto la Organización Mundial de la Salud ha respondido que la escala del comercio ilícito de tabaco no está determinada por las diferencias de impuestos o precios, sino por gobernanza caracterizada por la corrupción a nivel del gobierno, marcos normativos débiles, sistemas de justicia penal ineficaces, entre otros.
Así, el comercio ilícito no es un fenómeno que obedece a una sola causa, sino que es el resultado de muchos factores, pues como algunos estudios señalan países con impuestos y precios altos normalmente tienen proporciones inferiores de comercio ilícito que los países con proporciones de impuestos y precios más bajos.
En Colombia algunos actores han sacado estudios sobre este tema, no obstante el hecho que sean financiados por la industria tabacalera cuestiona fuertemente su veracidad.
Estamos viendo nuevas estrategias de mercado en productos de tabaco y sus derivados que aumentan el riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer, entre otras enfermedades crónicas y cuyo consumo ha ido aumentando especialmente en jóvenes.
Por lo que requerimos medidas urgentes que garanticen el derecho a la salud mediante la desestimulación del consumo para así mitigar sus efectos. Allí sí tenemos evidencia contundente: el aumento considerable de los impuestos selectivos al consumo que se traducen en aumentos de los precios ha demostrado sistemáticamente ser el mecanismo más efectivo, así como el más costoeficaz, para reducir el consumo de tabaco.
