Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El gobierno Duque desestima el sentido de la educación pública, gratuita y a cargo del Estado. La mercatilización de la educación la convirtió en la trampa y en el juego de ganarse en un programa el derecho a ser educado
La educación colombiana ha involucionado respeto a la apropiación de competencias sociales y su armonización con el mundo global. La crisis del sentido constitucional de lo público, la falta de inversión en educación estatal son la punta del iceberg de una crisis democrática, política, ética y de Estado que tiene a los ciudadanos más vulnerables al filo del frio abismo de la exclusión total y la vulneración de un derecho universal como lo es acceder a una educación pública, gratuita y con calidad.
Es incomprensible que de los 358,9 billones del presupuesto nacional solo 41,4 billones (11,5%) se destine a educación, recursos que se dispersan básicamente en el pago de nómina, funcionamiento administrativo, deudas acumuladas y pírricamente solo el 1% se orienten a procesos de investigación, formación profesoral, producción de conocimiento o gestión beneficiaria para la comunidad.
En esta perspectiva, el gobierno nacional es miope porque desestima que la educación es la herramienta más poderosa para transformar las realidades sociales, fomentar el dialogo ciudadano, salir de la pobreza y enfrentar las demandas sociales de los acuerdos de paz.
Un gobierno abierto al dialogo con toda seguridad puede encontrar en los diversos actores pistas para engrosar un mayor presupuesto para la educación. Porque hay zonas o departamentos donde educarse es solo un ejercicio de la transferencia cultural de la familia y la comunidad porque no existe un centro educativo, una biblioteca o espacios de gestión cultural para fortalecer o ampliar el capital intelectual.
No se trata de llorar sobre la leche derramada, pero antes de cerrar la continuidad del programa Ser Pilo Paga y lanzar el proyecto generación E, es prioridad articular con las gobernaciones, alcaldías y Distritos Especiales políticas de una educación clara en derechos y garantías.
Se sabe que, la escasa inversión en educación va de la mano de los altos índices de pobreza que en consecuencia son directamente proporcionales a la cantidad de muertes y hechos violentos en el país. En este sentido, Colombia es un país antípoda prioriza más la muerte que la vida y la educación. Así las cosas, en el territorio nacional es mucho más probable encontrarse con una bala, un atraco o una puñalada que encontrar un libro, una obra de teatro o un dialogo sincero del gobierno hacia las comunidades. Contradictoriamente en este cruce de las malas políticas sociales se edifican campos conflictivos que siembran las bases para una democracia artificial sujetada a los clásicos males de la estigmatización, la polarización política, la pobreza, la exclusión y la corrupción.
En estas circunstancias, mientras se siga rompiendo con las propuestas de ascenso social y oportunidades para los más vulnerables, relegando la investigación, la innovación y la educación, el país será inviable en todo sentido. El discurso de la “economía naranja” no tendrá posibilidades y los esfuerzos gremiales o magisteriales seguirán evocando la educación de otros países y exigiendo en voz alta que se invierta al máximo en dignificar la condición humana con más y mejor educación.
Señor Duque, un gobierno con inteligencia social facilita espacios o convoca a mesas regionales para buscar salidas conjuntas a la crisis y tal vez desde allí se vislumbrar la construcción efectiva de un gran pacto ciudadano y común por la educación como bien colectivo del pueblo.
Finalmente, exalto el ejercicio valeroso y comprometido de los profesores Adolfo Atehortúa y Juan Carlos Yepes, quien aún continúa enfrentado a los demonios de la comercialización educativa, la privatización y el modelo neoliberal que amplía las brechas entre ricos y pobres, entre afortunados y excluidos.
Señor presidente y señora ministra de educación, saben los dos que el patrón del mercado capitalista desestima el valor de la universidad pública y sus efectos reivindicatorios en una sociedad desigual que seguirá en pie de lucha, exigiendo educación, más inversión y siempre más educación.
