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Pareciera que se empieza a superar una deuda histórica, en un país donde el gasto en educación correspondió al 3.72% del PIB en 2017, lo que quiere decir que hay 118 países en el mundo que invierten más en esta materia que Colombia.
Imagen: Héctor Zamora. EL TIEMPO
*Este texto fue escrito en colaboración con Hernán Cortés.
Las recientes negociaciones de los presupuestos del Estado y la reforma tributaria que se negocia por estos días en Colombia muestran que, si existe un ámbito público donde se evidencian con crudeza las luchas de poder, es en el económico.
Ha sido apasionante observar cómo durante los últimos meses distintas fuerzas políticas, económicas y sociales se han movilizado, con acceso muy desigual a los decisores políticos y, por ende, con tácticas muy diferentes, en favor de sus intereses.
Al fin de cuentas, lo que se está negociando es nada menos que la forma como se reparten los recursos que se asignan, a través de los presupuestos de la Nación, y los que se recaudan, vía la tributación.
Estamos hablando, no lo olvidemos, de Colombia. El segundo país más desigual de la región, América Latina y el Caribe, que a su vez, es la más desigual del mundo.
De acuerdo con el Índice de Compromiso de Reducción de la Desigualdad, Colombia ocupa la posición 57 de 157. A nivel regional, ocupa la octava posición entre 25 países. Esta desigualdad que no sólo se refleja en la distribución del ingreso (el 1% más rico del país controla el 20.4% del ingreso total), tiene otras caras, tal vez la más cruda, la referente a la distribución de la propiedad de la tierra (según Oxfam el 1% de las mayores explotaciones concentra el 80% de la tierra rural).
A pesar de los significativos avances en la reducción de la pobreza (entre 2010 y 2017 alrededor de ocho millones de personas salieron de la pobreza), todavía 4 de cada 10 colombianos enfrenta situaciones de vulnerabilidad. Y la variación de los porcentajes de pobreza entre departamentos es escalofriante. Mientras en Bogotá DC la pobreza monetaria es de un 12%, en el Chocó es de casi el 60%, según el DANE.
Estas diferencias al interior del país son crónicas y generan realidades difíciles de imaginar, como que en Cali la tasa de mortalidad infantil está al nivel de la de Uruguay (7.6×1000), mientras, unos kilómetros más al norte de esa ciudad, el Chocó se encuentra al nivel de Etiopia (41.6×1000) (según datos de Terridata). Colombia es un país con realidades opuestas y sólo hace falta rascar los datos para sacar a relucir crudas verdades.
El punto de partida, es el reconocimiento de que el sistema tributario que tiene el país no sirve para enfrentar los retos arriba mencionados, y muchos otros más que no se mencionan aquí. Según el informe presentado en 2015 por la Comisión de Expertos para la equidad y la competitividad tributaria “el sistema tributario colombiano no genera el recaudo necesario para proveer de manera adecuada los bienes públicos a cargo de la Nación, financiar los programas sociales orientados a combatir la pobreza y garantizar las transferencias a las entidades territoriales como ordena la Constitución. El sistema tributario tampoco contribuye a la equidad horizontal (…) no es progresivo”.
¿Y quiénes se han movilizado? Además de los diversos grupos políticos, muchos de ellos no sólo asumiendo su labor legislativa, sino defendiendo los intereses de sectores económicos específicos, defendiendo exenciones y todo tipo de medidas, como las relativas a las inversiones hoteleras y las zonas francas, es interesante destacar dos actores que, a su manera, han adquirido gran protagonismo en las últimas semanas.
Por un lado están los gremios. Las propuestas iniciales del gobierno pusieron de manifiesto la fuerza que han adquirido los empresarios con la elección de Iván Duque. Numerosas exenciones, reducciones en la renta y beneficios por el desarrollo de proyectos empresariales son sólo algunos ejemplos de la fuerza que tienen los poderes económicos al momento de darle forma y contenido a la estructura tributaria del país en el actual gobierno.
No es una novedad el lobby que hacen poderosos a través de parlamentarios y “gente conectada” con el gobierno, para el logro de exenciones a impuestos y otras prebendas, que hacen que el sistema tributario colombiano sea tan complejo y distorsionado.
De hecho, es sabido que los empresarios se han sentado con el Gobierno para discutir los contenidos de las reformas. Esto ocurrió el pasado mes de noviembre, cuanto tras la reunión del Consejo Gremial con el Presidente Iván Duque, los máximos dirigentes de esa agremiación salieron públicamente a respaldar la propuesta del Gobierno, luego de acordar unas mesas técnicas para resolver temas puntuales, que mejorarían las propuestas ya bastante favorables para las grandes empresas.
Por otro lado, es destacable el poder que en el debate presupuestario ha adquirido el movimiento estudiantil, que realmente está sirviendo de contrapeso a aquellos poderes tradicionales de las élites económicas y políticas del país.
La movilización de cientos de miles estudiantes durante los últimos 2 meses, que ha permitido congregar diversas plataformas, y el respaldo recibido por cientos de organizaciones sociales, sindicatos, profesores y ciudadanos del común, ha terminado por conseguir el compromiso del gobierno para realizar un incremento histórico del presupuesto de educación.
Finalmente, el pasado 14 de diciembre el Gobierno anunció, en un acto donde el Presidente Duque aparecía rodeado por los estudiantes, que destinaría más de 4.5 billones de pesos adicionales para la educación superior pública en este cuatrienio.
Pareciera que se empieza a superar una deuda histórica, en un país donde el gasto en educación correspondió al 3.72% del PIB en 2017, lo que quiere decir que hay 118 países en el mundo que invierten más en esta materia que Colombia.
El caso de los estudiantes, es un fenómeno social muy importante, dadas sus características: propuestas concretas, capacidad de negociación, respaldo creciente de otros movimientos sociales, mecanismos de control para evitar la violencia en las protestas y mitigar riesgo de que se les asocie con grupos violentos, independencia de grupos políticos.
Además, si bien sus peticiones se han centrado en el tema presupuestario, el acuerdo logrado es de largo plazo y su movilización ha servido para que diversos sectores se manifestaran sobre la ley de financiamiento y se opusiera a medidas como el IVA a los productos de la canasta familiar, que terminó siendo derrotada.
Destaca la enorme disparidad que enfrentan estos dos grupos de influencia. Mientras los empresarios tuvieron un canal directo con el Presidente y lograron con mucha agilidad conformar “mesas de trabajo” para incidir en el marco regulatorio, el movimientos estudiantil tuvo que acudir a permanentes y masivas movilizaciones sociales, antes de lograr un acuerdo.
El juego democrático está abierto, aunque las fuerzas sean tan distintas y las asimetrías y desigual acceso a las instituciones públicas tan evidentes. Corregirlas es quizás el mayor reto al que se enfrenta Colombia y el acuerdo logrado por el Presidente Duque es un paso significativo.
En un contexto donde en toda América Latina existen tantas presiones para cerrarle espacios a la sociedad civil y, donde en la propia Colombia se impulsan propuestas para “regular” la protesta social, es alentador ver cómo se movilizan movimientos como el de “los estudiantes”, no sólo por su efectividad en el logro de sus peticiones, que no es menor, pero sobre todo por la esencia de su sentido democrático.
No olvidemos el camino recorrido por Colombia en las últimas décadas. Si no perdemos la perspectiva, estas movilizaciones nos muestran una sociedad que madura a pasos agigantados y en las que lo otrora imposible ahora se puede convertir en una realidad.
