Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta es una visión utópica sobre la universidad que puede ser un poco mejor que las visiones distópicas y cataclísmicas, basadas en la destrucción, la violencia, el fin del mundo. Si imaginamos las universidades, particularmente las públicas, como minipúblicos deliberativos, de los que todos sus miembros, mujeres y hombres en igualdad de condiciones, tengan la posibilidad de formar parte y que tengan buenas condiciones para deliberar, se podría proponer la idea de la universidad como un “espacio de la razón”, en el que se desarrollan tanto los procesos docentes y formativos, la investigación, la proyección social, cultural y artística, así como también los procesos de participación política y el gobierno universitario.
Deliberar tiene que ver con la búsqueda de la verdad y se refiere de forma general al examen de la verdad de todos los enunciados pertenecientes al ámbito de la argumentación en las esferas cognitivas, prácticas y estéticas. La verdad está en el horizonte de la teoría argumentativa del razonamiento porque es más probable convencer a otros si los argumentos propuestos son sólidos y, por tanto, tienen una conexión con la verdad, escribe Hélène Landemore.
Hay que considerar que la función del razonamiento no es solo convencer a esos otros, sino también evaluar sus argumentos y permitir que los propios sean criticados y evaluados. En esta dimensión evaluativa también se busca la verdad, ya sea en el reconocimiento de la fuerza del argumento del oponente o, de forma menos directa, a través de los intentos de falsearlo.
En el modelo deliberativo, la capacidad crítica de una persona depende de que pueda tomar distancia frente a sus afirmaciones y acciones. Una afirmación o posición es crítica cuando se fundamenta en razones. Una persona que tiene la capacidad para asumir una posición crítica puede desarrollar el acto cognitivo consistente en tener una posición fundamentada en razones frente a afirmaciones y acciones, es decir, frente a asuntos cognitivos, jurídicos, morales o políticos.
La persona deliberativa, que actúa en diferentes esferas de acción, lo hace también en la vida democrática, que se caracteriza porque en ella los procesos de formación de las normas y leyes, de universal cumplimiento, están vinculadas a la capacidad de cada uno de asumir una posición crítica frente a las propuestas normativas que se planteen. En suma, una actividad es deliberativa en la medida en que el razonamiento se utiliza para reunir y evaluar argumentos a favor y en contra de una determinada proposición.
En la universidad, entendida como “un espacio de la razón” deben contar entonces las razones y los argumentos. Al dirigirse unos a otros en el espacio público, con argumentos y razones, los miembros del “minipúblico universitario” se tratan entre sí como iguales, sin ninguna pretensión de autoridad intrínseca. Nadie es superior a otro por haber leído a Rousseau, Hegel, Marx, Sartre, Fanon, Judith Butler, Membe o Rancière. Por esto, lo público en la universidad es una entidad en la cual los universitarios pueden dirigirse los unos a los otros de manera abierta y libre, solamente con argumentos y razones. El que se encapucha, porta bombas o armas, hace parte de grupos armados, se pone por fuera del espacio de la razón, así domine con su fuerza a la universidad violentada.
Enunciado de esta manera lo que debe ser un posible fin esencial de la universidad, paso a mostrar que hoy muchas de las universidades públicas del país enfrentan una serie de amenazas que impiden que puedan realizar sus objetivos, porque se ha dado en las últimas décadas un bloqueo de las capacidades científicas, académicas, culturales y políticas, producido por diferentes proyectos contrauniversitarios, que se articulan en varias formas de actuación dentro de la universidad: grupos dedicados al tráfico de drogas, otros que organizan monopólicamente las ventas ambulantes; los delincuentes que atracan, roban a la población universitaria y que asaltan oficinas y negocios, y los capuchos o el tropel, que desangran la universidad con una violencia extrema, destruyendo bibliotecas, museos, aulas y laboratorios.
Estos últimos justifican el uso de esa violencia extrema contra la universidad en una idea anarquista y radical de lucha contra el capitalismo por considerarlo el responsable de haber generado miseria, desempleo, migración, sobreexplotación de la mujer y destrucción de la naturaleza. Al optar por la violencia como única forma de acción política y cerrar toda posibilidad a la democracia, los movimientos estudiantiles más radicalizados paralizan constantemente las actividades normales de la universidad y, en asocio con otros grupos de estudiantes y profesores, promueven largos paros que impiden la realización de los semestres académicos y de muchas otras actividades universitarias. Cada semestre hay un motivo. Contribuyen así a aumentar la deserción y a disminuir el interés de aspirantes nuevos por entrar a las universidades públicas.
Quienes sostienen posiciones centradas en el uso de la violencia como único instrumente legítimo para enfrentar el Estado se autoproclaman poseedores de la verdad y de un derecho superior para legitimar su actuar violento. Se ponen por encima de la multitud universitaria y se autopostulan como los redentores que, en virtud de su superioridad moral, pueden apelar a un derecho propio, desde el cual dividen el mundo en buenos y malos, y así legitiman actuar con violencia y someter la universidad a un cierre eterno. Este tipo de autoproclamada “vanguardia social” pretende así que se le permita, en nombre de ese supuesto derecho superior, violar las reglas y normas sociales imperantes que ella descarta como simple ideología.
En los últimos meses, las luchas, absolutamente justas de las mujeres y feministas, por sus derechos y contra todas las formas de violencia basada en el género y violencia sexual han tomado un rumbo similar en algunas universidades, en la medida en que ciertas acciones de escrache y denuncia pública han ido más allá de lo que la Corte Constitucional estableció en la Sentencia 061/2022, conduciendo a una peligrosa violación de los derechos individuales de los supuestos implicados en los delitos o faltas disciplinarias mencionadas.
Los derechos individuales y fundamentales de los ciudadanos no pueden quedar subordinadas a un derecho propio distinto del estatal. En este caso, las mujeres y las feministas, a pesar de las injusticias que han vivido en relaciones y prácticas asimétricas de poder, no deberían plantear sus reclamos de justicia en términos similares a la justicia por mano propia o el linchamiento moral.
Es cierto, como escribe en Cambio Valeria Santos, que “las universidades siempre han sido espacios donde las masculinidades tóxicas, que normalmente definen las instituciones jerárquicas, ponen en peligro la integridad de las mujeres”. Es cierto también que durante muchos años las aplastantes burocracias universitarias no han actuado, a pesar de que se les ha demandado, para crear las condiciones materiales e institucionales que permitan que las mujeres puedan estudiar sin ningún temor ni dominación. Pero es importante tener en cuenta una diferenciación que no hacen algunos discursos feministas que siguiendo un tipo de populismo punitivo promueven la idea de que todos los hombres son demonios acosadores y abusadores.
En suma, considero que frente a quienes hayan cometido crímenes o graves faltas disciplinarias se debe hacer justicia: reparar por los daños sufridos a través de contar la verdad e imponer castigos justos a los culpables, pero la vía no puede ser la venganza o el linchamiento moral.
Las situaciones descritas en la primera parte han conducido a que en los últimos años, la universidad, entre otras la de Antioquia, entendida como “el espacio de la razón”, quede relegada en las sombras. La vida normal académica es excepcional, la formación regular en las disciplinas que permite la formación de profesionales competentes para que puedan desarrollar sus concepciones de vida se ve muy disminuida. La función deliberativa del razonamiento de convencer a los demás de evaluar sus argumentos, reconocer la fuerza del argumento del oponente, que es lo específico de la universidad en cada área del conocimiento, pierde su sentido y vigencia ante el dominio de esta autoproclamada “vanguardia social”, que además afirma su derecho superior desde una superioridad moral insostenible. Aquí me refiero a los capuchos y el tropel y al tropel de ideólogos que los justifican.
El problema central de este tipo de política, basada en la violencia, es que recorta la autonomía política de los universitarios, porque los obliga a someterse a las decisiones de quienes determinan arbitrariamente y mediante la fuerza el destino de la universidad. A diferencia de la política de estos grupos violentos —encapuchados y tropel— que imponen sus decisiones mediante una lógica de fuerza, en la universidad deberían poder participar todos los universitarios, como personas deliberativas, en la construcción de las normas que regulan la vida de la institución y que cada uno sea respetado en su dignidad como un ser que puede dar y exigir justificaciones. En la universidad se debería intentar introducir la exigencia normativa de la política deliberativa, la cual consiste en que las decisiones políticas sean tomadas mediante un procedimiento de deliberación democrática.
De esta forma se podría bloquear la “nuda” violencia que tiene destruida, institucional, espiritual y materialmente, la universidad pública (caso grave: la Universidad de Antioquia). ¿No es esto precisamente lo que se planteó en el Proceso de Paz con las Farc y lo que ahora se intenta desarrollar con el concepto de la “Paz Total”? ¿O es que las universidades públicas son repúblicas independientes?
