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 Urge la solidaridad social para llamar la atención a los gobernantes acerca del significado de la academia, generadora de conocimiento útil para el bienestar comunitario.

La situación de crisis de desfinanciación que vive la universidad pública en Colombia hace evidente urgencia de contar con el apoyo de la sociedad civil con el fin de liderar de manera conjunta con el movimiento universitario nacional, el referendo por la educación superior como derecho fundamental. Cierto es que la educación es un bien público inherente a la finalidad social del Estado.

Por ello, urge la solidaridad social para llamar la atención a los gobernantes acerca del significado de la academia generadora de conocimiento útil para el bienestar comunitario, fundamentado en valores humanos esenciales y necesarios en la construcción del nuevo Contrato Social comprometido en el acuerdo de la Habana, 2017.

La sociedad civil como actor político

Las comunidades tienen una enorme importancia como actor político central al incidir en las decisiones públicas, participar activamente en el diseño de políticas públicas, de control social en procura de gobiernos transparentes que provean planes y programas orientados a un mejor vivir para las comunidades.

Aquel Estado, único y legítimo para actuar en la sociedad que ignora la esencia y sentir ciudadano y la multiplicidad cultural ha sido relegado por la vigencia de un poder social que se ha instaurado con una dinámica democrática en las decisiones públicas.

Es decir, se ha constituido la sociedad civil en actor protagónico del país que puede ejercer el control directo de sus gobernantes.

Se entiende que la sociedad civil está compuesta por una pléyade de organizaciones ciudadanas de diversa índole, como las asociaciones, las fundaciones, las empresas sin fines de lucro, las compañías de beneficio público y de beneficio mutuo, los clubes deportivos, los grupos de promoción y defensa de diversos derechos, las organizaciones culturales y artísticas, las organizaciones de ayuda humanitaria, los sindicatos y asociaciones profesionales  (Acosta Urquidi: 2012, p. 159).

La alianza entre sociedad civil y educación pública a manera de propósito integrador, bajo la forma de acción colectiva por su revitalización, conlleva a superar la lógica instrumental de la política púbica, concebir una nueva lógica cultural, simbólica, de reconocimiento a la institución académica que le impregne su condición de agente potenciador de cambio en el actual momento histórico del país.

Es aquí, donde se precisa el acompañamiento social, primero, para denunciar de forma enfática y desde una sola voz nacional, el profundo déficit presupuestal de las 32 Universidades Públicas en Colombia del orden de 15 billones de pesos (Foro Manizales, noviembre 2017), segundo, congregar el apoyo nacional por un referendo que instituya la educación superior en derecho fundamental con rango constitucional.

La crisis institucional de la Educación Superior en Colombia      

La crisis institucional de la educación superior se comprende a partir de categorías de un enfoque que interpreta de forma errada la concepción de Universidad Pública en el marco del nuevo Estado en Colombia (1990); es una concepción funcionalista donde prima la categoría de la racionalidad económica que ha generado una crisis estructural en la institucionalidad y por tanto de legitimidad en el país.

En esta perspectiva del análisis, es evidente que la educación superior en la política social del Estado tiene un carácter residual que han asumido los gobiernos asignando una mayor importancia a la educación privada.

Por ello, los fines de calidad e inclusión no se cumplen en el país debido a que la Ley 30 de 1992 y la Ley 112 de 2011, tienen un énfasis funcional que no permite identificar las contradicciones y la complejidad de la educación pública.

La visión funcional siempre corre el riesgo de ser unilateral, empobreciendo la comprensión de la complejidad de las políticas sociales (Fleury, 2000, p. 3).

Ahora bien, el problema de fondo de la educación pública es su desfinanciación. Afirma el rector de la Universidad de Antioquia que,

“Hay un déficit estructural que tiene una razón: los ingresos crecen a una tasa inferior a los egresos. La ley 30 logró que a partir de 1993 el Estado siguiera dándoles a las universidades lo que les dio en ese año y se indexaba el alza del Índice de Precios al Consumidor – IPC. Eso fue una maravilla en su momento, pero vino el Decreto 1279, que es el escalafón docente de los profesores universitarios, y ahí vienen los problemas (Alviar Ramírez, 2017).”

 

A partir de este planteamiento se debe inquirir el significado de las funciones sustantivas de la Universidad como son la docencia, la investigación y la proyección para comprender sus tensiones, contradicciones y rupturas propias de la crisis estructural y de legitimidad de la Educación Superior en Colombia. Crisis que se genera por un enfoque de política pública fundamentado en criterios de racionalidad económica costo – beneficio propio del individualismo metodológico de nuestro sistema político.  

Los Profesores Ocasionales

La distribución de profesores de planta de forma aproximada es de 35,3% por el 64,7% de profesores ocasionales en las Universidades Públicas.

Es una “desproporción” por dos razones fundamentales, la primera, es la política de Estado de congelar vinculaciones de planta desde la década de 1980 y segundo, el aumento de cupos.

Seguido se presenta un comparativo de la tasa de cobertura de las Universidades Públicas en Colombia (ver tabla 1) que da sentido al requerimiento de servicios de docencia.

Se significan los años de 1990/1991 cuando se reconfigura el nuevo Estado y se propone la nueva Carta Política (1991) así como el año de 2015 porque el sistema de información solo presenta datos hasta este período.

Tabla 1: Cobertura de la Educación Superior en Colombia

Año

Nro. Alumnos

Cobertura

Variación frente al año anterior

1990

487.448

  8.14%

 

1991

510.649

  8.51%

+ 0.37

2015

2.281.994

49.42%

+ 2.42

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana (2018).

No obstante, pese a las demandas ciudadanas de inclusión y acceso al sistema de educación,  el Estado  no posibilita la suficiente capacidad institucional  y ofrecer cupos proporcionales al número de egresados de la básica secundaria de forma  equitativa como se evidencia en la tabla en referencia. Solo 20 estudiantes de cada 100 bachilleres logran ingresar al nivel de educación superior.  

Con base en lo anterior, los profesores ocasionales como se puede inferir tienen una condición precaria contractual en la mayoría de las Entidades Universitarias[1], con serias limitaciones para liderar procesos de investigación y proyección; sin voz e inclusión en escenarios de decisión académica y administrativa.

Ese carácter temporal de contratación no se aplica en las realidades institucionales y se convierten en “profesores permanentes”. Su costo lo debe asumir cada universidad con recursos propios y con ello, un gasto de funcionamiento significativo en las mismas.

La investigación

En este campo de la investigación en el país, según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT– la inversión es de 0.67% del PIB para este año de 2018 termina negando la posibilidad de la academia para trasegar la sociedad del conocimiento a través sus redes, fluir en la sociedad virtual, generar el desarrollo del pensamiento complejo, crear nuevas formas de innovación social, contribuir con el desarrollo de ciencia básica y la tecnología sin el fortalecimiento institucional que se exige para estos retos que la sociedad contemporánea exige.

La sociedad del conocimiento subsiste del aprendizaje del desarrollo científico y tecnológico (Corbí, 1992), en donde el conocimiento es un recurso económico clave que transforma a la sociedad (Drucker, 1993). Para adentrase a la sociedad del conocimiento, es necesario establecer estrategias para ser competitivo en una economía globalizada y el gobierno es el actor fundamental para favorecer el desarrollo de la C+T+I+D+i. Sin la participación de éste es muy complicado que puedan surgir resultados óptimos de la transferencia de investigación (Briceño y Rubiano, 2015, p. 9).

La Proyección Universitaria

No es menos critica la función de proyección social universitaria a las funciones de docencia e investigación porque no se puede concebir aislada de ese todo misional de la academia,

Esta temporada de limitación presupuestal coincidió con grandes presiones de los Gobiernos por ampliar la cobertura y no de cualquier manera. No solamente había que construir infraestructura, actualizarse tecnológicamente, mejorar el nivel de formación de los profesores, hacer investigación, mejorar la planta, para atender los rigores de sistema de calidad, sino que había que pensar en cerrar las brechas sociales, llevando ofertas a las regiones apartadas, e incluso incursionado en la formación técnica y tecnológica (SUE: 2012, p. 10).

ASCUN realiza un estudio donde identifica los proyectos de servicio social desarrollados durante los últimos tres años por 27 instituciones de educación superior asociadas. El resultado indica una cobertura únicamente de 10% del total de la población en el país.  

Proyectos Sociales Universitarios en Colombia

                           Fuente: ASCUN, 2016

Se observa en la imagen anterior las poblaciones beneficiadas y sobresale el sector productivo (50%), comunidades indígenas y afro (34%) y la población menos beneficiada es la infancia y adolescencia (3%) y las víctimas del conflicto armado (3%). Es un panorama de intervención que preocupa en la actual coyuntura sociopolítica del país donde la universidad debería tener una presencia realmente activa, integral y amplia en los diversos territorios con propuestas de agenciamiento social que aporten a la construcción de la paz y de las paces tan anheladas.  

El Referendo por la educación superior como derecho fundamental

La idea del referendo aprobatorio surge en el marco de las reflexiones del movimiento de estudiantes y profesores en el mes de noviembre de 2017 después del “II Foro de Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas”.

Ciertamente, el Referendo es uno de los mecanismos más efectivo para ejercer la ciudadanía con poder de introducir reformas a la constitución y que para el caso que compete esta reflexión es lograr la consideración de la educación en derecho fundamental.  

Es una figura que por la determinación social permitiría cambios estructurales en la vida de la Universidad Pública que se requiere en los actuales momentos de fragilidad institucional.

Conclusión

La realidad social, económica y política de Colombia urge de prácticas sociales transformadoras que solo una educación integral puede generar. La Carta Política de 1991 afirma la construcción de la democracia participativa y la autonomía ciudadana, social y comunitaria.

No es letra “muerta” porque entrega mecanismos posibles para ejercer el poder ciudadano; es un compromiso ético – político de la sociedad civil construir desde la práctica, valor público en defensa de los bienes públicos, como es el caso de la educación en su consideración constitucional de derecho fundamental.

Por ello, la actual crisis de la desfinanciación de la Universidad Pública inquiere la movilización de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el movimiento nacional universitario por el referendo aprobatorio de la educación en su función social y de servicio público.

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[1] En la Universidad de Caldas, a partir de la Rectoría de Felipe César Londoño López, PhD. (2013), implementa una modalidad de contratación “digna” de once meses a los profesores ocasionales. Resalto su receptividad y voluntad política, pero es importante que la precede una larga lucha del movimiento universitario.

Referencias

  1. Acosta Urquidi, M. (2012). La emergencia de la sociedad civil como actor político de alcance mundial: amenazas y desafíos. Revista Mexicana de Política Exterior.
  1. ASCUN (2016). Desarrollo de la Gestión en Proyección Social Universitaria. Asociación Colombiana de Universidades. Bogotá. Colombia.

 

  1. Alviar Ramírez, M. (2017). La agonía de las Universidades Públicas. Entrevista Rector Universidad de Antioquia. Semana. co. Educación. Marzo 03 de 2017

 

  1. Briceño Marín, L.A. Morales Rubiano, M.E. (2015). Desafíos de la política pública colombiana frente a la transferencia de resultados de investigación universitaria. VIeI / Vol. 10, N.º 1 / enero-junio 2015 / Bogotá, D. C. / Universidad Santo Tomás / pp. 43-86

 

  1. Caracol Radio. Solo 20 de cada 100 bachilleres en Colombia accede a la educación superior. http://caracol.com.co/radio/2005/11/29/nacional/1133266380_225419.html

 

  1. Fleury, S. (2000). Políticas Sociales y Ciudadanía. Banco Interamericano para el Desarrollo Social (INDES). Diseño y gerencia de políticas públicas y programas sociales.

 

  1. Universidad de Caldas (2017). II Foro Nacional Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas. Manizales, noviembre 22 de 2017

 

  1. Observatorio de la Universidad Colombiana (2018). Cobertura y Deserción de la educación Superior. http://www.universidad.edu.co/cobertura-y-desercion-de-la-educacion-superior/. Consulta: septiembre 10 2018. H: 4:00 p.m.
  1. SUE (2012). Desfinanciamiento de la Educación Superior en Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las Universidades Estatales. Sistema Universitario Estatal -SUE