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Después de más de 450 días en que las aulas escolares presenciales han estado cerradas, por fin, luego de muchas discusiones, el Gobierno nacional tomó una posición firme para la reapertura obligatoria de la presencialidad. Sin embargo, las organizaciones sindicales a nivel territorial quieren hacerles conejo a los niños y niñas.
A través de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y de la Directiva 05 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno fue claro en afirmar que el servicio educativo debe prestarse de forma presencial y que solo en algunos eventos excepcionales podría darse mediante alternancia – virtualidad mezclada con presencialidad-. Incluso, el 8 de julio de 2021, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) emitió la Circular 30, en la que dijo que “corresponde a las filiales estar prestos a verificar que las condiciones de bioseguridad (…) se cumplan en cada sitio, escuela, colegio e institución educativa.”
Es decir, el sindicato de maestros y el Ministerio lograron acordar que las filiales sindicales acompañen el regreso presencial a las aulas. No obstante, mediante una acción de tutela cuyo formato circula entre las filiales y con desconocimiento de la evidencia científica, algunos jueces de la República han suspendido temporalmente el regreso presencial a las clases. Esto ha pasado en Tuluá, Palmira, Meta, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Huila, Neiva, Cauca, Valledupar, entre otros.
Es importante que los jueces conozcan el daño que están haciendo a la educación de niños y niñas sin ningún fundamento científico. Por ejemplo, reitero que en Estados Unidos un estudio evidenció que niños y niñas de menores ingresos pueden retrasarse más de un año en su educación y podrían aumentarse brechas en un 15 o 20 por ciento entre personas blancas de mayores ingresos y minorías de menores ingresos.
En el mismo sentido, un análisis hecho por académicos de Harvard y Brown en el que se revisó el avance en matemáticas en una plataforma virtual, encontró que estudiantes de menores ingresos se mantuvieron un 50 por ciento por debajo de los niveles de referencia. Se concluye que la pandemia puede ampliar la desigualdad en el largo plazo.
La profesora de la Universidad de Brown Emily Oster, con información preliminar, dio sus primeros certámenes en donde afirmó que no hay datos con los que se pueda sugerir que la variante Delta es más peligrosa para niños y que los datos sí evidencian que el riesgo de enfermedad de niños y niñas se mantiene realmente bajo. Entonces, la comunidad científica está de acuerdo en que las instituciones educativas no son un foco de contagio y así lo ha sentado en varios documentos Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) al revisar la literatura sobre el covid y el supuesto contagio en las aulas:
“Un estudio global que registró los datos sobre el cierre de escuelas y su posterior reapertura en 191 países no mostró asociación alguna entre la situación de las escuelas y las tasas de infección por covid en la comunidad (…) una revisión de la evidencia actual muestra que la educación presencial no parece ser el principal promotor de los incrementos de la infección, los estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela cuando se aplican medidas de mitigación, y el personal escolar tampoco parece estar expuesto a mayores riesgos relativos en comparación con la población general”.
Algunos jueces están tomando decisiones preliminares que tienen bastantes dudas científicas y jurídicas porque no se incrementan los riesgos a la vida o a la enfermedad con las clases presenciales, pero, por el contrario, sí se afectan los derechos fundamentales y el desarrollo cognitivo de niños y niñas con estas decisiones.
Somos el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), después de Costa Rica, que más tiempo ha tenido las escuelas cerradas, incluso a pesar del bajo desempeño en lectura de nuestros estudiantes en Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa) 2018 (Ocde, 2021), lo que muestra que en nuestro país no valoramos la importancia de las escuelas abiertas y no le damos la trascendencia y el lugar que debe tener en la sociedad. Abrimos los comercios antes que las escuelas y algunos profesores no quieren permitir la reapertura.
Fecode hizo un acuerdo con el Gobierno y en ese sentido debería actuar consecuente y transparentemente al solicitar a sus filiales que acompañen los procesos de retorno seguro en vez de torpedear con tutelas las labores de las secretarías y de los colegios. Las familias y los educadores no aumentan sus riesgos cuando se acatan las medidas de autocuidado y cuando se han hecho las adecuaciones en los colegios, por lo que no les hagan conejo a los niños y niñas; es su futuro, y el de Colombia, el que está en juego.
