Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En los últimos días hemos visto que decenas de personas han denunciado presuntas situaciones de violencia sexual en diferentes colegios del país. Algunas de ellas ya lo habían hecho hace años, pero sus reportes no fueron atendidos en debida forma. Otras, en cambio, levantan por primera vez su voz, porque hasta ahora sienten la tranquilidad y la confianza para hacerlo.
Este escenario da cuenta de un fracaso en la implementación de la Ruta de Atención Integral de la Convivencia Escolar (Raice), que se creó precisamente para:
- Promover una convivencia sana y pacífica;
- Prevenir la ocurrencia de conductas que menoscaben los derechos de estudiantes, docentes y directivos;
- Atender de manera oportuna, pertinente e integral las situaciones que afecten la convivencia escolar así como los derechos de las personas involucradas;
- Hacer seguimiento para evitar que sucedan nuevos incidentes o se agraven los que se han presentado.
La Raice se creó en 2013 para dar cumplimiento a una orden que impartió la Corte Constitucional en 2011, cuando resolvió un difícil caso de acoso escolar. En ese momento la Corte advirtió que los colegios no contaban con herramientas suficientes y adecuadas para prevenir y atender las diferentes situaciones que afectan la convivencia escolar.
Por esta razón le ordenó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) que, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, liderara la formulación de una política general que permitiera la prevención, la detección y la atención de situaciones de acoso escolar, entre otras.
En cumplimiento de lo anterior, se expidieron la Ley 1620 de 2013 que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, así como el Decreto 1965 de 2013 que la reglamentó la Raice.
Estas normas ofrecen a los colegios herramientas concretas basadas en evidencia para manejar la convivencia escolar. Además, se fundamentan en la protección integral y en el restablecimiento de los derechos.
Sin embargo, la implementación de la Raice no ha sido efectiva. Luego de casi ocho años de que los colegios debieron incorporarla dentro de sus Manuales de Convivencia, se observa una limitada apropiación por parte de los colegios.
Este es un fenómeno que ya había señalado la Corte Constitucional en 2015, cuando decidió la tutela presentada por la madre del adolescente Sergio Urrego. En esa oportunidad la Corte resaltó “la falta de operatividad de la política pública de convivencia escolar” y dio nuevas órdenes al MEN para hacer efectiva la Raice. Hoy todo parece indicar que muchos colegios continúan sin implementar adecuadamente estas herramientas.
A pesar de los esfuerzos hechos por el MEN y por algunas secretarías de educación que han liderado la puesta en funcionamiento de los protocolos de atención, lo que a su turno ha permitido el reporte de 876 casos de abusos, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 continúan en investigación, todavía un número significativo de colegios parecen estar rezagados en la implementación de la Raice.
Esto se puede inferir, entre otras razones, porque a la fecha solo un número limitado de colegios ha reportado la ocurrencia de situaciones en el sistema de información que administra el MEN. Resulta difícil pensar que todo ande tan bien, como para no tener nada que reportar en el sistema. En cambio, sí parece más probable que muchos colegios han dejado la Raice en el papel, o simplemente se han aferrado a la negación de que en su entorno escolar ocurran situaciones de particular gravedad como puede ser un caso de acoso escolar (bullying) o incluso un delito.
Por esta razón, resulta importante que las últimas noticias registradas, en lugar de llevarnos a señalar a una serie de instituciones educativas, motiven una discusión profunda sobre lo que están haciendo los colegios para promover, prevenir, atender y hacer seguimiento a las situaciones que afectan la convivencia escolar.
Con el propósito de exigir que cada uno de los componentes de la Raice sea desarrollado por los colegios, es necesario resaltar que éstos deben comprender al menos lo siguiente:
Promoción: Para promover una convivencia sana y pacífica no basta con ajustar el Manual de Convivencia, o establecer el Comité Escolar de Convivencia. También es necesario que se implementen políticas para el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa.
Asimismo, es indispensable que se ofrezca una formación adecuada en derechos humanos, educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Esta formación debe permitir a todos los integrantes de la comunidad escolar el reconocimiento de sus derechos para que identifiquen con claridad las situaciones específicas que los vulneran. También es relevante que los colegios generen mecanismos y herramientas para que el desarrollo de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias.
Prevención: Es indispensable que se identifiquen las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los sexuales y reproductivos, a partir de una revisión del contexto familiar, social, político, económico y cultural. Asimismo, es necesario que se forme a lo integrantes de la comunidad educativa en la identificación de los factores de riesgo y de las alteras de ocurrencia de una posible situación.
Adicionalmente, es importante que se desarrollen acciones específicas que contribuyan a la mitigación de situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos. De otra parte, se deben diseñar protocolos para que se atiendan de manera oportuna, pertinente e integral las situaciones que se presenten. Este diseño deberá considerar la articulación con las entidades públicas que forman parte de la Raice.
Atención: Comprende la activación del protocolo de atención aplicable a la situación específica que se reporta. Asimismo, supone que haya canales adecuados para el reporte de estas situaciones. Frente a este último punto es muy importante que los colegios reconozcan la relevancia de cada reporte y le den el trámite le corresponda de manera oportuna. Es necesario indicar que, si bien los colegios dentro del marco de su autonomía pueden definir sus protocolos, siempre que verifiquen los requisitos mínimos establecidos en la norma, también pueden aplicar los protocolos diseñados por las secretarías de educación. Algunos de estos han sido construidos de forma muy rigurosa, como fue el caso de Bogotá entre 2016 y 2019 por citar un ejemplo.
Pero además de dar cumplimiento a los protocolos, es indispensable que se proteja la confidencialidad de la información, para lo cual se deberá formar especialmente a las personas directamente relacionadas con la atención de las situaciones. Por otra parte, es indispensable que el Comité Escolar de Convivencia sesione con frecuencia y cumpla un rol protagónico en el logro de una convivencia pacífica. Aquí conviene señalar que el Comité apoya el logro de la protección integral y el restablecimiento de derechos. No ejerce competencias disciplinarias.
Seguimiento: Resulta indispensable que se haga un seguimiento puntual y adecuado a las situaciones que se han presentado con el propósito de prevenir que vuelvan a ocurrir o que se agraven. Para el cumplimiento de este objetivo, el Comité Escolar de Convivencia puede cumplir un rol determinante.
De acuerdo con lo anterior, es evidente que existe una política y una norma que sienta derroteros claros para la adecuada administración de la convivencia escolar. No obstante, todavía falta que los colegios continúen apropiando estas herramientas para lograr la mayor protección de la comunidad educativa. En este punto, resulta clave que el MEN y las secretarías de educación desarrollen instrumentos útiles que permitan hacer seguimiento al uso adecuado de estos instrumentos. La implementación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar apoya el logro de este objetivo, pero también se requiere de un esfuerzo continuo y articulado entre las autoridades educativas, así como de instrumentos que permitan evaluar el manejo de la Raice.
En los Estados Unidos, el movimiento #MeToo ha sido determinante para que las instituciones, particularmente de educación superior, consoliden un estándar de protección más elevado de los derechos sexuales. Esperemos que en Colombia eventos como los reportados en días pasados produzcan cambios sustanciales en todo el sistema educativo.
