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La idea de un acuerdo nacional ha estado en el discurso del presidente Gustavo Petro desde su posesión. Hasta hoy no se sabe exactamente qué es, pero tenemos algunas pistas.
Petro evoca el momento político que Colombia experimentó a finales de los años 80, cuando representantes de los principales sectores del país acordaron la necesidad de buscar un nuevo pacto social. De allí nació la Constitución del 91.
El presidente retoma esta idea en un contexto en el que no ha podido avanzar como él quisiera en sus reformas sociales, ni por la vía del Congreso, ni apelando a la movilización ciudadana. En ese sentido, estaría buscando un nuevo mecanismo de respaldo a sus propuestas.
Pero un acuerdo de ese estilo es anticuado, probablemente inviable, y deja de lado un conjunto de ejercicios ciudadanos ya realizados precisamente para construir acuerdos amplios.
Anticuado porque Colombia ya no es la misma que era a finales de los 80. Nuestra constitución le apostó a una democracia más directa y para la ciudadanía de hoy, en particular las mayorías no organizadas, un pacto entre representantes de sectores poderosos no será suficiente garantía de un acuerdo nacional.
Probablemente inviable porque en su primer año de gobierno, el presidente mostró su baja disposición a negociar sus reformas. En cambio, muy al estilo del parlamentario destacado y gran orador que es, Petro le apuesta a que puede convencer a cualquier sector para que apoye las propuestas en las que él cree firmemente.
No estaría buscando llegar a un consenso, sino lograr que otros estén de acuerdo con él.
El llamado a un acuerdo nacional, además, desconoce una serie de iniciativas previas de diálogo ciudadano.
Recordemos que hace apenas dos años, ante el estallido social, desde distintos sectores se impulsaron espacios para que la ciudadanía pudiera conversar sobre la crisis y explorar alternativas de solución.
Entre estos ejercicios están “La conversación más grande de Colombia” (más de 12 mil estudiantes), “Tenemos que Hablar Colombia” (alrededor de 5.500 personas de todas las regiones del país) y “Dialogar para avanzar” (540 personas en más de 60 encuentros), por solo mencionar algunos casos y su diversidad.
En general, con las iniciativas de diálogo del estallido social se probaron metodologías innovadoras. “Tenemos que Hablar”, por ejemplo, logró convocar a una muestra estadísticamente representativa de colombianos. Casi todas incorporaron plataformas virtuales que facilitaron los encuentros y la sistematización de la información, dando trazabilidad a estos procesos.
Unos acuerdos nacionales, contemporáneos y viables deberían incorporar este tipo de apuestas. No solo sus metodologías, sino también sus resultados.
Así, con énfasis distintos, las iniciativas mostraron una preocupación ciudadana real por la situación del país y la necesidad de cambios (aunque se referían a cambios acotados).
Hay acuerdo en mantener nuestra constitución (o más bien cumplirla), y altas coincidencias en mejorar la educación, avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular las prácticas políticas clientelistas, y en proteger el medio ambiente. ¿No sería más interesante avanzar en esto que regresar a finales de los años 80?
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