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Un hedor se ha tomado los pasillos del máximo tribunal de la justicia penal internacional. Por cuenta del ex fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, y su sucesora y actual fiscal general de esta corporación, Fatou Bon Bensouda, está en duda la imparcialidad del organismo instituido para perseguir los peores crímenes contra la humanidad.
Un trabajo investigativo del portal francés Mediapart y la European Investigative Collaborations (EIC) -en el que trabajaron al menos 20 periodistas y 10 expertos en investigación de periódicos de Europa y África- develó el contenido de 400 documentos que dan cuenta de actuaciones dudosas de Luis Moreno Ocampo tras su salida como fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), en las que, al parecer, también tomó parte la actual fiscal, Fatou Bon Bensouda.
Después de dejar el cargo de fiscal en jefe de la CPI, Moreno Ocampo montó una consultora cuya razón social es el desarrollo de “estrategias para manejar conflictos complejos de dimensiones transnacionales”. Casualmente, uno de sus primeros clientes fue el multimillonario petrolero libio Hassan Tatanaki, quien, según la investigación periodística, venía siendo monitoreado por la Corte dada su presunta participación en crímenes atribuidos al régimen de Gaddafi.
En abril de 2015, Moreno Ocampo firmó el contrato: tres millones de dólares durante tres años y cinco mil dólares diarios por “servicios de consultoría” para asesorar a Tatanaki. Esta información privilegiada sobre el magnate, le fue suministrada al jurista argentino por un ex miembro de la división de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal (OTP, por sus siglas en inglés) de la CPI, tal y como se deduce de los despachos internacionales.
Los detalles de este entramado de corrupción están disponibles en los sitios web de Mediapart y de prestigiosos periódicos europeos como Der Spiegel de Alemania y The Guardian de Inglaterra. La noticia, como era de esperar, se diseminó como pólvora en los principales medios de Argentina, país natal de Moreno Ocampo.
Los Wiki-CPI
Al mejor estilo de WikiLeaks, la investigación de Mediapart y la EIC hizo públicos correos electrónicos, documentos confidenciales de la CPI y escuchas, que tienen en líos a Moreno Ocampo.
Esta información debería pasar desapercibida en Colombia, si no fuera porque en los documentos filtrados se menciona a nuestro país y, en específico, al proceso de paz que adelantaron el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, y a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Estos temas hacen parte del contenido de al menos un correo electrónico que compartieron Moreno Ocampo y Bensouda, ex fiscal general y actual fiscal general de la CPI, respectivamente.
Bastante curioso que el único medio colombiano en seguirle la pista a los cables que provenían de Europa con esta información fuera La W, de Julio Sánchez Cristo. Y digo curioso porque Moreno Ocampo y Bensouda han mojado prensa criolla este año.
El jurista argentino lleva más de un año haciendo lobby en los pasillos del alto gobierno, ofreciendo los servicios de su firma consultora y su conocimiento de facto sobre los intríngulis de la CPI. Por su parte, Bensouda visitó a Colombia en septiembre y un mes después envió un concepto a la Corte Constitucional sobre la JEP y sus alcances, amparada en la figura jurídica del amicus curiae, la cual permite a la justicia recibir recomendaciones de expertos en diversas materias a la hora de proferir fallos o sentencias.
Este es el punto donde las cuentas no me cuadran. Es, además, donde me surgen dudas y aparecen en mi mente teorías conspirativas que, generalmente, ni comparto, ni promuevo y, mucho menos, divulgo.
Tal como se desprende de la lectura de los informes periodísticos publicados en Europa sobre el tema, cualquiera que tenga tres dedos de frente podría inferir que las actuaciones del ex fiscal Moreno Ocampo se parecen a las del ex fiscal colombiano Luis Moreno Ocampo, cuya captura destapó un entramado de corrupción en las altas cortes de nuestro país.
Podría decirse que el modus operandi de los juristas es muy parecido. Asustar a sus potenciales clientes (léase víctimas) y, en el caso de Moreno Ocampo, ofrecerle “estrategias para manejar conflictos complejos de dimensiones transnacionales”, que no es nada distinto que evadir los tentáculos de la CPI. Su conocimiento y experticia en materia de derecho penal internacional y contactos en la Corte, al parecer, hacen pate de su catálogo.
A mi juicio, en esta técnica de terror jurídico casa muy bien la fiscal Bensouda. Ella se ha vuelto el ‘coco’ con su perorata insistente para que en el articulado de la JEP se incluya taxativamente el contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma y su teoría sobre los máximos responsables. ¡Qué conveniente el contenido del concepto que envió por estos días a nuestra Corte Constitucional -precisamente, haciendo uso del amicus curiae– con las pretensiones de su amigo y antecesor! Y digo amigo, porque uno no le escribe correos electrónicos a extraños.
Ante las crecientes dudas sobre la trasparencia e imparcialidad de la CPI -en Europa y África y ahora en Colombia-, convendría que la Corte se tomara su tiempo para mirar con lupa el contenido del documento con recomendaciones que ello les hizo llegar.
La Corte tiene una carta a su favor. El amicus curiae no obliga a quien hace la consulta a compartir los argumentos presentados, toda vez que de ser así, constituiría una grave afectación a la independencia y autonomía de quien solicita el concepto. Sólo espero que nuestros magistrados le hagan ver a la fiscal de la CPI que en Colombia prevalecen las normas constitucionales y legales vigentes en el país.
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