¿Qué es lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta? El contexto histórico y social de la situación de inseguridad que vivimos hoy en el territorio ha sido ampliamente discutido por académicos y defensores de Derechos Humanos, quienes ha acosta de nuestra propia vida, hemos denunciado de manera sistemática la existencia del Plan de Ordenamiento Territorial Paramilitar -POT Paramilitar- en la Sierra Nevada de Santa Marta, el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, así como la ausencia de medidas de prevención y disrupción estructural del delito que, detengan el crecimiento y mutación de dichas organizaciones. 

En 2019, siendo Secretaria del Interior del departamento, constituimos un puesto de mando con 15 efectivos de Ejército Nacional y tres de la Policía Metropolitana de Santa Marta, en una zona de San Pedro de la Sierra para garantizar la seguridad de sus habitantes, frente a la amenaza de grupos neo-paramilitares, que hacen presencia en la zona desde 2006, como los herederos y leales a Hernán Giraldo en 2012 conocidos como Los Pachencas y hoy como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Estas estructuras ilegales, han logado el control del territorio para el narcotráfico, apropiándose de las mejores tierras, fortaleciendo su economía en las zonas rurales y periféricas de Santa Marta por medio de la extorsión e incluso, incentivando la invasión de zonas de alto riesgo de desastres, por ejemplo, en la a ronda hídrica del río Guachaca (Denunciada en una columna escrita por esta autora hace casi un año. Leer: https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/pot-paramilitar-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta/).

La respuesta institucional no ha brindado garantías, ni resultados contundentes a pesar de todas las alertas que se han recibido a cerca del peligro inminente que representa para la región, el proceso de expansión y reconfiguración del territorio por parte del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de las Sierra y que ha desencadenado una disputa por el control de las rentas criminales del narcotráfico, microtráfico y lavado de activos. Tres años después, nuestro mayor temor es una realidad: la dinámica en la Sierra Nevada, ignorada por mucho tiempo, evolucionó hasta el punto de dejar de ser una guerra de baja intensidad, que pasó de asesinatos selectivos en Ciénaga, Santa Marta y Zona Bananera a que en los últimos dos meses se presenten enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en la que estos últimos han tenido de manera histórica presencia y control del territorio y las actividades criminales en la parte alta de la Sierra Nevada.

De manera progresiva, se ha rearmado el paramilitarismo en el departamento del Magdalena, reorganizado por algunos desmovilizados que hicieron parte del proceso de Justicia y Paz y cuya guerra ha generado homicidios selectivos en el territorio, fronteras invisibles, amenazas, desplazamientos forzados, extorsión y reclutamiento. El 15 de febrero de 2022, tuvimos un atentado a gran escala que tuvo en zozobra y en medio del cruce de disparos a los campesinos de la zona y el asesinato del hijo de un líder comunal de la vereda La Secreta que dejó tres hijos y una mujer embarazada.

Dos meses después, un comando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvo un nuevo enfrentamiento con el Clan del Golfo en jurisdicción de las veredas La Secreta, la Unión y el Congo (zona rural del municipio de Ciénaga) en el que los campesinos continúan en medio del fuego cruzado y los muertos los continúan colocando los pobres en la Sierra. Fueron asesinados dos Jóvenes en él corregimiento El Reposo, en el río del Puente Aguja, sector vuelta Elena: Víctor Mojica de 31 años de edad y Franklin Blanco de 25 años, papá de un bebé de 4 meses, quienes habrían salido alrededor de las 11:00 a.m. a buscar unos chivos que se les escaparon, luego de escucharse los disparos en la zona, cerca de las 4:00 p.m. los cuerpos sin vida fueron encontrados por otros campesinos que dieron aviso a los familiares. De acuerdo con la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, activistas y líderes sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta -PDHAL- mas de 200 personas han sido desplazadas masivamente hacia San Pedro de la Sierra, El Reposo, Rio Frio, Ciénaga y Santa Marta.

Estos hechos de violencia y dolor que enlutan a las familias de la Sierra Nevada y preocupan a todos los samarios y magdalenenses, pudieron prevenirse; pero, las autoridades competentes continuaron sin mediar al respecto, en medio de una guerra sin cuartel por el territorio, mientras las balas siguen arrebatándole la vida, los sueños y la tierra a los campesinos. Frente a esta situación existen varios caminos que deben ser movilizados desde la agenda pública local, en articulación con una estrategia nacional de disrupción del delito que persiga el lavado de activos; modifique el sistema judicial y permita entender que estos conflictos tienen dimensiones profundas por la ausencia de procesos de acompañamiento a la víctimas, de la implementación de los acuerdos de paz, la prevención del reclutamiento forzado, infraestructura y sobre todo, en la generación de oportunidades para los territorios más alejados del centro donde el narcotráfico tiene gran control. En este sentido, primero: construir una estación de Policía para garantizar presencia y judicialización en la Sierra, esto puede ser en los corregimientos de Palmor, San Javier o San Pedro, con una estación de Carabineros que, de manera articulada, garantice presencia permanente. Generar acciones de acompañamiento con un sistema de drones y una sala SIES para vigilar los territorios en la Sierra y de esta forma, mitigar el narcotráfico y las dificultades propias de la zona ante las complejidades que existen para el acceso al territorio.

Estamos frente al inicio de un nuevo ciclo de violencia con consecuencias graves para los derechos humanos y las poblaciones que habitan la Sierra la Nevada de Santa Marta y al respecto deben tomarse las medidas urgentes que garanticen la presencia, acompañamiento y protección del Estado a estas comunidades.  

Es defensora de derechos humanos y consultora en convivencia y seguridad. Estudió una licenciatura en educación especial, una especialización en promoción y protección de los derechos humanos y una maestría en derechos humanosy derecho internacional humanitario.