Ausencia de justicia social

Las guerrillas, como las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), son enfáticas en afirmar que el Estado debe garantizar el desarrollo social, económico y cultural de la población colombiana y asegurar los derechos de las comunidades históricamente víctimas de un régimen opresor. 

Según ellos, la miseria en que viven estas víctimas obliga a un levantamiento en armas para lograr que a un pueblo ultrajado se le garanticen sus derechos básicos. 

Las guerrillas no están de acuerdo con una presencia estatal en forma de brazo militar en territorios cuyas comunidades han sido olvidadas por el Estado. 

Esperan, en cambio, la presencia del Estado en su forma de poder de desarrollo: llevando bienestar y realizando una intervención social en los pueblos olvidados y oprimidos. La mera presencia militar, señalan, buscaría el sometimiento de las guerrillas, anulando así toda posibilidad de un acuerdo de paz.

¿Puede el Estado, en medio de la guerra, llegar a esas comunidades olvidadas solo en su forma de desarrollo social? Difícilmente, pues uno de los principales obstáculos para que esto suceda es la guerra misma. 

En distintos territorios donde se libra la guerra entre Estado y guerrillas, los grupos insurgentes limitan o incluso prohíben la construcción, por ejemplo, de escuelas o centros de salud, entre otras obras de interés comunitario. 

En otras ocasiones impiden el nombramiento de médicos y profesores que no sean del territorio sobre el que tienen dominio. Los profesionales que vienen de “afuera” requieren el aval guerrillero, sin el que no es posible desarrollar la labor social.  Estas prohibiciones contribuyen a que distintas comunidades sigan sin médicos y profesores, porque los que han sido nombrados por el Estado fueron rechazados por las guerrillas. 

La justificación para esto es que, por un lado, consideran que las personas que llegan a hacer obras sociales pueden ser agentes de inteligencia encubiertos, que aprovechan la oportunidad para recabar información y realizar actividades militares para golpear a las organizaciones subversivas. Por otro lado, la presencia social del Estado resta legitimidad a su causa.  

Además, cuando hay presencia del Estado social en territorio de incidencia guerrillera, el presupuesto para lo social queda diezmado por el impuesto de guerra que le impone la guerrilla a las obras públicas. 

Una parte de los recursos públicos destinados a la justicia social terminan en las arcas guerrilleras, y son utilizados para continuar la guerra y construir pírricas obras sociales en las comunidades que están bajo su dominio. 

La persistencia de la guerra contra la guerrilla y el narcotráfico limitan seriamente la garantía de los derechos de las comunidades. El actuar guerrillero, inmerso en la guerra y vinculado con el narcotráfico, termina por impedir el desarrollo social que tanto reclaman. 

La guerra tiene distintos costos, y uno de ellos es que se posterga la satisfacción de las necesidades sociales de las poblaciones pobres, pues en el desarrollo de la guerra prima el interés militar, no el social.

No estamos ante un Estado ausente cuando este convoca a una negociación acompañada de planes de desarrollo, como el liderado por el actual gobierno nacional.  La ausencia de Estado social o falta de interés estatal en construirlo no son los signos de estos tiempos políticos. 

La primacía de la guerra y de los intereses generados alrededor de la economía del narcotráfico postergan la garantía efectiva de los derechos de las comunidades que la guerrilla dice representar. En la guerra los derechos son limitados o inexistentes, por eso, es en la paz, y no en la guerra, donde puede darse la llamada justicia social.

La permanencia de la guerra en los territorios con presencia guerrillera limita seriamente las posibilidades del desarrollo social. Para que la justicia social llegue a esas poblaciones en el siglo XXI, debe consolidarse la paz en esos territorios. 

Prolongar la guerra es prolongar la situación de pobreza de buena parte de la comunidad. Si tomar las armas fue su manera de llamar la atención del Estado, entonces ahora tienen esa atención. No está ausente.

Pero persistir en la guerra como forma de reivindicación para lograr la presencia del Estado social posterga su realización, porque solo puede darse en un escenario de paz, bien sea por una negociación o por un triunfo militar de una de las partes. 

Un triunfo militar a favor de las guerrillas parece remoto, pues estos grupos no tienen alcance nacional, mientras tanto, una negociación sería posible para crear el escenario de la justicia social: la paz. 

Las guerrillas y el gobierno tienen la posibilidad de avanzar en la construcción del Estado social en esas poblaciones donde predomina la guerra, pero para lograrlo el conflicto debe cesar. La paz es una condición indispensable para poder satisfacer los derechos de los más necesitados.