Avances de la paz total, nueve meses después

¿Cómo va la apuesta de negociar el fin del conflicto armado del presidente Gustavo Petro a nueve meses de iniciado su gobierno? Para responder esta pregunta vale la pena hacer una revisión rápida de los últimos 40 años de procesos de paz en Colombia.

Belisario Betancur, presidente entre 1982 y 1986, instaló la Comisión de Paz en 1983, la cual después de conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) logró la firma del Acuerdo de Paz de Uribe en 1984. A pesar de los obstáculos, este proceso de paz estuvo vigente hasta el final del gobierno.

Virgilio Barco, presidente entre 1986 y 1990, terminó la negociación con las Farc en junio de 1987. En 1989, inició un proceso de paz con el M-19 que duró catorce meses y terminó en la firma del Acuerdo de Paz el 9 marzo de 1990. Su gobierno dejó dos procesos de paz en marcha con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el movimiento indigenista Quintín Lame.

César Gaviria, presidente entre 1990 y 1994, continuó los diálogos de paz con el EPL y el Quintín Lame. Además, inició diálogos de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en agosto de 1990.

El incentivo de participar en la Asamblea Nacional Constituyente contribuyó a que el PRT dejara las armas en enero de 1991, el EPL en marzo y el Quintín Lame en mayo del mismo año.

Estas negociaciones paralelas contrastaron con el ataque contra las Farc en diciembre de 1990. No obstante, a mediados de 1991 se instaló una mesa de negociación en Caracas con la Corriente Guerrillera Simón Bolívar, que integraba a las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un reducto del EPL; en 1992 la mesa se trasladó a Tlaxcala, pero fracasó en mayo de ese mismo año.

Durante la presidencia de Ernesto Samper (1994 a 1998) no se logró iniciar ningún proceso de paz formal. Sin embargo, en 1997 la sociedad civil organizó el Mandato Ciudadano por la Paz, el cual obtuvo 10 millones de votos.

Con este antecedente, Andrés Pastrana (1998 a 2002) se tomó una foto con Manuel Marulanda y fue elegido cómo el presidente que podía lograr la paz con las Farc. La mesa de negociaciones en el Zona Desmilitarizada del Caguán se instaló en enero de 1999 y se rompió en febrero de 2002. Pastrana trató de negociar con el ELN, pero este proceso nunca prosperó, debido a la presión de los paramilitares.

Álvaro Uribe (2002-2010) fue elegido con el mandato de derrotar militarmente a las Farc. En noviembre de 2002 invitó a los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a hacer un cese al fuego para mostrar su voluntad de paz.

Las AUC declararon el cese al fuego en diciembre, la negociación empezó en enero de 2003 y en julio de ese año se firmó el Acuerdo de Ralito. Al final del gobierno Uribe, el 40% de los grupos paramilitares no se habían desmovilizado y las Farc habían sido debilitadas, pero no derrotadas.

Aunque hubo acercamientos secretos con las Farc, nunca se concretaron en negociaciones. Igualmente, con el ELN hubo diálogos de paz en Cuba, pero nunca se firmó una agenda concreta para avanzar en un proceso de paz formal.

Juan Manuel Santos, presidente entre 2010 y 2018 reinició acercamientos y adelantó negociaciones secretas con las Farc entre finales de 2010 y 2012, instaló formalmente el proceso de paz en octubre de 2012, el cual resultó en el Acuerdo de Paz de la Habana de 2016.

Con el ELN hizo acercamientos desde 2012, la mesa de diálogos se instaló en febrero 2017 y la negociación continuó hasta el final del gobierno sin llegar a ningún acuerdo sobre la agenda pactada.

Iván Duque fue elegido presidente entre 2018 y 2022 con el discurso de reformar lo que estaba mal del acuerdo de paz con las Farc y el proceso con ELN. En agosto de 2018, congeló la mesa de diálogos con el ELN en Cuba; el proceso de paz se rompió en febrero de 2019, tras el ataque del ELN a la Escuela General Santander. Durante su gobierno no hubo negociaciones de paz.

Gustavo Petro, se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2022. Desde entonces ha impulsado lo que ha llamado la “paz total”, una política de estado para acabar con el conflicto armado en Colombia a través de la vía negociada con todos los grupos armados. Tras 9 meses en la presidencia, el balance de su gestión es positivo si lo miramos a contraluz del análisis histórico desarrollado anteriormente.

Con el ELN la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) logró concretar acercamientos en octubre de 2022, reinició negociaciones formales en noviembre. Al final de la primera ronda, realizada en Venezuela, se acordó desplegar una caravana humanitaria para definir acciones inmediatas y atender a la población en municipios del Valle del Cauca y Chocó.

La segunda ronda se realizó en México, al final se presentó la nueva agenda de negociación construida sobre el espíritu de la agenda acordada entre Santos y el ELN. En este momento, está en marcha la tercera ronda de negociaciones en Cuba.

El 3 de mayo, durante la instalación de esta ronda, ambos equipos negociadores expresaron su voluntad de llegar a acuerdos sobre dos puntos: el cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad.

Con las disidencias de las Farc, el grupo de frentes que no firmaron el acuerdo de paz de la Habana, ha habido acercamientos desde septiembre de 2022. En este contexto, se ha consolidado una unidad de mando de los diferentes grupos bajo lo que ellos han llamado el Estado Mayor Central (EMC).

En diciembre Petro firmó el Decreto 2656 ordenando un cese al fuego bilateral entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 con el EMC. En marzo el fiscal general aprobó la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra 19 integrantes del EMC para que estos pudieran reunirse para escoger a los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, así como a sus negociadores.

El 16 de abril, el EMC, en presencia de 7000 personas, socializó su compromiso de paz; Iván Mordisco, su líder, invitó al ELN a frenar la confrontación. El 24 de abril se instaló formalmente el mecanismo de monitoreo.

A la fecha, están en marcha los preparativos para instalar la mesa de negociación, que estaba prevista para mediados de mayo, pero las partes han decidido postergar para terminar de preparar las condiciones para que la sociedad civil participe en esta mesa itinerante que visitará diversos lugares de Colombia. Incluso, está previsto que una de las rondas se haga en uno de los países europeos que han apoyado los acercamientos.

Con las reincidencias de Farc, el grupo de frentes que se ha organizado alrededor del liderazgo de Iván Márquez, antiguo jefe negociador de las Farc, ha habido un proceso de acercamiento que mantiene el cese al fuego bilateral pero no se conocen pasos recientes para la instalación de la mesa de negociación o el mecanismo de monitoreo del cese al fuego.

Con los grupos paramilitares, en particular con las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) ha habido avances con altibajos.

Debido a las expresiones de querer unirse a la propuesta de paz del gobierno, se empezaron acercamientos con las AGC a finales de 2022 que desembocaron en un cese al fuego bilateral, anunciado por el gobierno el 31 de diciembre. El cese al fuego estuvo vigente hasta 5 de abril, cuando el gobierno decidió terminarlo en el marco del paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño.

En este momento avanza un diálogo con dos representantes de las AGC para acordar gestos de paz que permitan reiniciar el cese al fuego; ya que sectores sociales han expresado preocupación por el fin del cese, que a pesar de ser imperfecto trajo alivio a las comunidades.

Con las Acsn se ha mantenido una comunicación fluida para concretar las medidas para la instalación de un mecanismo formal de diálogo sociojurídico para su reincorporación, esto ha ocurrido en el marco de reuniones con comunidades de la Sierra Nevada, con quienes el gobierno está acordando crear una zona de paz.

Además, para resolver problemas del pasado, la Oacp ha sostenido conversaciones con siete excomandantes de las AUC para comprender los fracasos del proceso que ha resultado en la muerte de cerca de 4000 excombatientes de los paramilitares en los últimos 20 años y la continuación de la violencia a pesar de la verdad aportada en el proceso de Justicia y Paz.

Los avances durante el gobierno Petro se comparan con los avances durante el gobierno Gaviria, quien en nueve meses logró negociar con tres grupos. Sin embargo, la apuesta de paz de Petro es más ambiciosa.

La Oacp no ha solo priorizado las insurgencias, sino que por el contrario ha tratado de incluir a todos los grupos armados que participan en las dinámicas del conflicto armado.

Los diálogos con los paramilitares, que se complementan con acercamientos a grupos que la Ley de Orden Público 2272 de 2022 denomina como “organizaciones criminales de alto impacto” en Buenaventura, Medellín y Quibdó, ha contribuido a reducir la tasa de homicidio en 41,7%, 13,6%, y 58,3% en cada una de estas ciudades respectivamente, así como en 7,5% a nivel nacional.

Poner en marcha estos procesos y mantenerlos a flote no ha sido fácil. La inercia de la guerra genera violaciones a los ceses bilaterales, confrontaciones entre actores por los mercados ilegales, asesinatos, masacres, confinamiento y otro sin número de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para ejercer control sobre la población civil.

De acuerdo con Indepaz, 11 excombatientes y 60 líderes sociales han sido asesinados y 34 masacres han ocurrido en lo que va corrido de 2023. Todo esto aumenta la presión por parte de quienes creen que la violencia se resuelve con más violencia.

Sin embargo, estos nueve meses de gobierno Petro han logrado avances importantes para apostar por la noviolencia como estrategia activa para superar el conflicto armado en Colombia. El reto es que la sociedad en su conjunto respalde esta apuesta para lograr a la vuelta de unos años un acuerdo nacional por la vida y por la paz.