Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Quienes defendemos los derechos humanos siempre estamos expuestos a improperios y blasfemias, y Carlos Alfonso Negret no ha sido la excepción.
En mi trayectoria como defensor de derechos humanos he sido testigo de situaciones que llevan a una profunda reflexión sobre la formación y deber ser de instituciones como la Policía Nacional, que, a través de cuerpos especializados como el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la Fuerza Disponible o los Grupos Operativos Especiales de Seguridad robaron la atención de miles de internautas que tuvieron la posibilidad de evidenciar el rol de agente victimizante del Estado en su esplendor.
Esta situación sigue gozando de profunda impunidad ante la paquidermia judicial y disciplinaria que termina acrecentando el ego de funcionarios públicos violadores de derechos humanos quienes, pese a sus prontuarios, siguen obteniendo medallas, elogios y ascensos.
Ante la “indignación” generada en reducidos sectores políticos y del Gobierno como respuesta caprichosa a las contundentes reflexiones y posturas expuestas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), sobre cómo el Gobierno de Colombia gestiona la protesta y movilización, es menester realizar una evaluación e introspección sobre las desproporcionadas facultades que el Gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales otorgan a las Fuerzas Militares y de Policía.
Bajo la consigna del “restablecimiento del orden público” exceden todos los mínimos humanitarios establecidos en procura de permitir el ejercicio de libertades y derechos, para sembrar el terror y la zozobra con el firme objetivo de generar percepción de seguridad a partir del trabajo sucio.
Doctor Carlos, en estas líneas quiero exaltar sus calidades como profesional, como persona y como defensor de derechos humanos. Labor que notablemente ha trascendido el honroso lugar en algún momento ocupado y que hoy, al igual que muchas mujeres y hombres en el mundo, lleva dignamente como forma de vida.
Además, me es necesario rechazar la manera infame con la que se pretende generar una cortina de humo al utilizar su buen nombre y su dignidad humana para pretender ocultar la crisis institucional. En cualquier momento puede incendiar el rabo de paja que deja a su paso el hecho de omitir y desconocer que al interior de los Estados también se ha conspirado para reprimir la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Y que en el intento desesperado por no parecer “otra Venezuela” se ha sacrificado la vida, integridad y dignidad de decenas de personas inocentes que hoy engrosan las filas de las miles de víctimas de crímenes de Estado en el marco del conflicto social con consecuencia armada.
Estimado doctor Carlos, por nuestras convicciones en defensa de la vida, la paz y los derechos humanos no tenemos porqué tolerar comportamientos cómplices a la violencia institucional vestida de verde, azul, camuflado o de Administración Pública en alcaldías, gobernaciones o Presidencia. Y en nuestra labor, quienes defendemos los derechos humanos siempre estaremos expuestos a improperios y blasfemias cuando tenemos que contar algunas verdades sobre cómo los gobiernos de turno son anuentes ante graves violaciones a los derechos humanos efectuadas, generalmente, por instituciones como la Policía o el Ejército Nacional.
Hoy, más que nunca, como ciudadanos colombianos, estamos en el deber de no callar para generar garantías de no repetición, siendo este el gesto más sensato para reivindicar los derechos de las víctimas y aportar para la construcción de una Colombia donde el Estado y sus gobiernos sean ejemplo para la construcción de una sociedad libre de violencia social e institucional.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
