Carta abierta al ministro del Interior, Alfonso Prada

Sin lugar a duda, el reto más grande e importante de la administración pública en la Colombia de hoy es poder materializar en los fines esenciales del Estado la fórmula conceptual, presupuestal y metodológica adecuada que facilite la priorización y transversalización de los derechos humanos. Debe ser un objetivo estratégico para propiciar el goce efectivo de derechos del campesinado mestizo, afro e indígena, que históricamente ha sido golpeado por las diversas olas de violencia política (institucional y armada). Además, fueron fuertemente subestimadas e invisibilizadas en el último cuatrienio.

Para lograr descifrar este enigma, no solo debemos acudir a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de 1991 o los direccionamientos para la prevención, protección, asistencia y reparación integral para las víctimas previstos en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Mucho más allá de la norma, existe un factor determinante para la efectiva materialización de la Ley, la Constitución Nacional e incluso el bloque de constitucionalidad, y este aspecto tiene que ver con la relevancia y lectura política que mandatarias y mandatarios de turno desean plantear sobre la materia.

Hace por lo menos 20 años atrás, desde el Gobierno nacional se generó una postura temeraria e implacable frente al concepto de la búsqueda de la paz, los procesos sociales, comunitarios y especialmente sobre quienes promovemos y defendemos los derechos humanos en diversos puntos de la geografía colombiana, a un punto tal que el verbo rector del tratamiento institucional hacia quienes construimos paz desde los territorios con prevalente ausencia institucional seria y perdurable en el tiempo ha sido la lucha contrainsurgente, un sofisma que hasta nuestros días continúa arrebatándoles la vida a cientos de colombianas y colombianos que padecen el conflicto social y su consecuencia armada.

A lo largo del tiempo, y como un gesto de resiliencia ante la barbarie y la incertidumbre, las comunidades han instalado capacidades para pervivir y sortear los embates de la violencia que, como el camaleón, suspicazmente ha encontrado la manera de ocultarse y adaptarse a los contextos políticos, institucionales, coyunturas sociales y dinámicas del conflicto, con la gran diferencia que en estos tiempos ha sido capaz de ocultar hábilmente al mundo y a la Colombia citadina sus efectos, como si nada estuviera pasando. Quién lo diría, para quienes aún lo desconocen en el menú del día aún se ofrece en la ruralidad dispersa del país: desplazamientos forzados (individuales o masivos), masacres, asesinatos selectivos, confinamientos, crímenes ejemplarizantes, violencia sexual, violencias basadas en género. En fin, todo tipo de vejámenes que parecieran ser naturalizados por las instituciones y los gobiernos de turno.

Veo con profunda esperanza el ímpetu y convicción con la que el nuevo Gobierno asume las banderas de la paz, las luchas sociales y la promoción y defensa de los derechos humanos. Se siente diferente el poder expresar la visión de país desde la divergencia sin tener el temor agobiante que genera el estigma.

Es esa la razón del surgimiento de estas líneas, que están dirigidas a usted, respetable ministro, como gesto político para la retroalimentación y aporte a la construcción de la Paz Total, no solo vista desde el diálogo y concertación que la institucionalidad deberá surtir con los alzados en armas, sino más bien como la coyuntura perfecta para comenzar a discutir el rol del Estado y de este gobierno nuevo para reivindicar desde su planificación estratégica y financiera los procesos territoriales de garantías para lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos humanos; para redireccionar la política pública de prevención integral de violaciones a los derechos humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y para tomar decisiones de fondo frente al reiterativo incumplimiento de los gobiernos y las instituciones a las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Aunque somos conscientes que existen zonas del país donde el rol del SAT y las Defensorías Regionales ya no pareciera estar al servicio de las comunidades afectadas la violencia.

Señor ministro, en mi recorrido profesional y humanitario he identificado algunas situaciones que a manera de propuesta quiero plantear ante usted, en beneficio de la gestión pública con enfoque en derechos humanos. Así las cosas, respetuosamente pongo a su consideración las siguientes propuestas cuyo cumplimiento dependerá de su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo:

1. Diseño y consolidación de una estrategia para el reconocimiento normativo de las Mesas Territoriales de Garantías para lideresas, líderes, defensoras y defensores de Derechos Humanos en todo el país. Esto con el objetivo de concederles la capacidad de obtener financiamiento certero de los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal que garantice el fortalecimiento técnico y operativo de estas.
2. Modificación al Decreto 2124 de 2017 con el objetivo de rediseñar y clarificar los tiempos de intervención para la respuesta rápida institucional desde el municipio y el departamento hasta llegar a la nación; donde también se especifique la apuesta presupuestal, técnica, tecnológica y de talento humano en el marco de la subsidiariedad, la concurrencia y la complementariedad para efectivizar la disminución del riesgo advertido.
3. Concertar, de la mano del Departamento Nacional de Planeación y la Unidad para las víctimas una estrategia para el robustecimiento de la batería de indicadores contenidos en el catálogo de productos de la Metodología General Ajustada, facilitando que la formulación del plan de acción territorial, el plan de prevención integral, el plan de contingencia y el plan de retorno y reubicación estén articulados con el proceso de planificación territorial y posean posibilidades reales de financiación en el marco del nuevo catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales. A demás, para que esta batería sea empleada para la implementación y seguimiento a las recomendaciones generadas por el Sistema de Alertas Tempranas, armonizando así la respuesta institucional con los lineamientos de planeación territorial contenidos en el Kit de Planeación Territorial.
4. La estrategia de seguimiento a las alertas tempranas, el plan integral de prevención, el plan de acción territorial, el plan de contingencia y el plan de retorno y reubicación se fortalecería aún más si los observamos desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, específicamente desde las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Control Interno, ya que la acción del Estado se dirige a un importante grupo de valor: víctimas del conflicto armado, lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos humanos. 

Señor ministro, pensar la prevención, atención, asistencia y reparación integral por fuera de las dinámicas de la planificación estratégica, financiera y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión es uno de los más importantes fracasos de la gestión pública con enfoque de derechos humanos. Es momento de hacer un Pacto Histórico por los derechos humanos, por los derechos de las víctimas del conflicto armado, lideresas, líderes, defensoras y defensores de los derechos humanos. Para ello, este reto deberá ser asumido desde la normatividad propia de un Estado Social de Derecho, las voluntades políticas y su efectiva aplicabilidad en la planeación estratégica y financiera de la entidad para no incurrir en imprecisiones o mentiras.