De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas

El título de esta columna obedece al nombre que asignó la Comisión de la Verdad a uno de sus informes: caso “De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas. Consumo y usuarios de drogas en las violencias y persistencias del conflicto armado colombiano”.

En este infomre, la Comisión relata lo que denominó “crímenes por discriminación”, o sea, prácticas de violaciones de derechos humanos ejercidas por todos los actores armados contra las personas usuarias de drogas ilegales. Los consumidores fueron declarados objetivos militares.

La Comisión, en su labor de establecer los patrones persistentes que han conducido al mantenimiento y degradación de las violencias en el país, concluye que uno de esos patrones es la constante victimización de los consumidores de drogas ilegales. Desde los grupos ilegales hasta los legales han recurrido a la “limpieza social” como un mecanismo para ganar aceptación entre la población. Práctica que, en efecto, logró ser aceptada por una parte de la población colombiana, validando así la aplicación de la pena de muerte a quienes son considerados “desechables”, “viciosos” y “peligrosos”.

En el caso de las organizaciones armadas, como paramilitares y guerrillas, es llamativo el contradictorio hecho de que ellas controlan la producción y comercialización de las drogas ilícitas y, a la vez, ejercen prácticas de persecución contra los consumidores. Presas de la doble moral, estos grupos financian su guerra con buena parte de los recursos obtenidos por la comercialización de marihuana, cocaína y otras sustancias ilícitas. Sin embargo, prohíben a sus clientes consumir en el territorio so pena de distintas sanciones incluida la pérdida de la vida.

Esta contradicción se agudiza porque esas mismas organizaciones armadas no están exentas de consumir las drogas que ellas mismas prohíben en sus territorios. Si bien estos grupos armados, como la legislación colombiana, tienen prohibido el consumo de drogas ilegales en sus filas, la realidad es otra. Como muestra la Comisión en el informe, para comprender el conflicto también debe considerarse el papel de las drogas en la guerra. Con diferencias, paramilitares, guerrillas, Ejército y Policía tienen miembros que son consumidores de drogas ilegales como la marihuana y la cocaína.

Los guerreros consumidores de drogas ilegales encuentran en ellas formas de afrontar la guerra misma. Algunos de los guerreros hallan en el consumo una forma de “alivio del dolor” que causa la pérdida violenta de compañeros, amigos y familiares. Otros las consumen como parte del “espíritu de combate”, como una manera para avivar la gallardía y poder realizar así las actividades violentas que demanda su labor armada. Un tanto más, las consumen en el plano festivo o recreativo, cuando la batalla deja un tiempo disponible para el esparcimiento.

Según la Comisión, el tradicional conflicto político colombiano se agudizó y degradó al cruzarse con la política de la guerra contra las drogas. Considera la Comisión que la persecución al consumidor de drogas ilegales es un factor clave en la persistencia del conflicto. Más allá de la sabida relación entre dineros del narcotráfico y la financiación de la guerra, el desarrollo de la dinámica violenta ha llevado a prácticas como la de “la limpieza social” que, con asesinatos selectivos, desapariciones y masacres, ha profundizado la estela de violencia en el país. Esta agudización de la violencia, como señala la Comisión, ha llevado a convertir a un sector de la población en objetivo militar: los jóvenes.

Como indican los estudios nacionales e internacionales, la población que consume drogas ilegales está conformado mayoritariamente por personas jóvenes, e incluso niños cuyas edades de inicio en los consumos está entre los 10 y 12 años. Esta población es justamente la misma que supuestamente la política de prohibición y de guerra contra las drogas pretende “salvar” de la muerte por consumo.

Vaya manera de salvar, para que los jóvenes no los mate la marihuana, que no ha matado a nadie, los grupos armados con sus prácticas de limpieza han asesinado un sinnúmero de jóvenes. Es un hecho que la guerra contra las drogas ha dejado más muertes y violencia que el consumo mismo. Las muertes de estos jóvenes son consideradas por la Comisión de la Verdad como “una injusticia callada”, los crímenes por discriminación, por fobia contra los consumidores de drogas ilegales, quedan en la impunidad.

Esta situación de estigmatización y persecución de usuarios de drogas ilegalizadas son así un factor clave en la persistencia y degradación del conflicto armado. Por ello, la Comisión concluye que la prohibición y la guerra contra las drogas “nunca va a erradicar el mercado de drogas, al contrario, agudiza sus riesgos”. Por lo mismo, es necesario considerar otros enfoques y estrategias de política pública respecto al consumo de drogas ilegales. Un cambio allí es urgente para poder consolidar la paz en el país.