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El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a la salida de un mitin político. Las investigaciones y despliegue de las Fuerzas Armadas ecuatorianas resultaron en la captura de seis colombianos, que podrían estar vinculados con este magnicidio.
Esto lleva a preguntarse si la mano de obra especializada en violencia que hay en Colombia está en un proceso de exportación que sirve a los intereses del crimen transnacional. La exportación de mercenarios podría traerle inestabilidad a toda la región.
No es la primera vez que ciudadanos colombianos se ven envueltos en magnicidios que requieren de habilidades psicológicas y tácticas que solo se aprenden en escuelas de cuerpos élites o en campos de adiestramiento ilegal.
El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el siete de julio de 2021, sucedió cuando un comando de por lo menos 30 mercenarios asaltó y copó la residencia privada del mandatario, ejecutándolo a sangre fría.
Posteriormente, fueron capturados 18 militares retirados colombianos, que, durante su recorrido profesional, se habían formado y actuado como comandos del Ejército Nacional.
Estos hechos se suman a la preocupación por el retiro de una gran cantidad de personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que puede crear incentivos para que los grupos de crimen organizado transnacional utilicen y demanden esa mano de obra con habilidades útiles para sus intereses.
En primer lugar, hay que decir que la seguridad nacional y ciudadana se fue descuidando desde el 2010, tal como lo revela el gasto en defensa. De acuerdo con el gráfico 1, el gasto en defensa expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) fue descendiendo a partir del gobierno de Juan Manuel Santos.
Grafico 1:
Probablemente, los éxitos de la política de seguridad democrática y las bajas como las de Alfonso Cano, máximo comandante de las Farc, y el Mono Jojoy, jefe militar también de las Farc, condujeron a creer que todo estaba ganado. Se logró acorralar militarmente a esta guerrilla y que la mesa de diálogos de La Habana culminara a la firma del Acuerdo en noviembre de 2016.
Sin embargo, dada la evidencia, el Estado cometió un error al debilitar las capacidades de las FF.AA. y prestar poca atención a la seguridad ciudadana. Eso se traduce en que han comenzado a ser retirados del servicio soldados profesionales que combatieron a los grupos armados.
Simultáneamente, a las capacidades militares que debían haberse mejorado no se les asigna presupuesto o se dan soluciones que en el futuro serán más costosas.
Un ejemplo fue elegir la repotenciación de la flota de combate aéreo y no renovarla cuando la tasa de cambio rondaba entre $2000 a $2400 por dólar. Esa decisión tendrá serias repercusiones en la seguridad del país.
Al tiempo, el personal de las FF.AA. en relación con la población económicamente activa disminuyó mientras que la fuerza laboral del país aumentaba, lo que podría en buena parte explicar por qué hay una crisis de seguridad.
Grafico 2:
La disputa política en torno al proceso de diálogo con las Farc, y el haber etiquetado a quienes pidieron más seguridad en los territorios de influencia de las Farc como enemigos de la paz, condujo a que los grupos armados y las bandas criminales crecieran hasta tener el control poblacional y territorial en esas áreas.
El error fue haber tomado la decisión de ir reduciendo las capacidades de las FF.AA. como si el nivel de amenazas se hubiera contraído notablemente, cuando lo que sucedía era todo lo contrario.
Esto tuvo dos implicaciones: la primera, que durante este proceso de fortalecimiento de los grupos armados ilegales la fuerza laboral criminal aumentó; la segunda, que el personal que abandonó las Fuerzas Militares (FF.MM.) quedó a la merced de un mercado laboral formal sin la capacidad de absorber toda esa mano de obra cualificada para tareas muy especializadas.
La exposición al ambiente militar aumenta la probabilidad de ingresar en actividades ilegales, tal como lo demostraron los investigadores del American Economic Review Sebastian Galiani, Martín Rossi y Ernesto Schargrodsky.
Esto no quiere decir que el personal retirado tenga una propensión a no cumplir las normas penales, sino que un ciudadano que tenga este tipo de conocimientos militares tiene más probabilidad de tener contacto con el mundo criminal comparado con uno que no posee esas destrezas.
Teniendo en cuenta la evidencia científica, se deberían crear políticas que garanticen incentivos para que los miembros de las FF.AA. eviten conductas que se desvíen del ordenamiento jurídico.
Las declaraciones dadas por los militares capturados por la participación en el asesinato del presidente de Haití indican no solo un problema de bajos ingresos, sino resentimiento en la forma como fueron retirados y desprotegidos cuando dejaron sus carreras militares.
En resumen, haber reducido el número de hombres en el momento en el que las amenazas criminales no estaban controladas y no contar con un buen sistema de protección social, de apoyo institucional y con políticas de salud mental para los militares retirados serían parte de las razones por las cuales hoy hay un problema de reclutamiento de mercenarios, es decir, de mano de obra cualificada, por parte de los grupos criminales.
Por otra parte, la sentencia del Consejo de Estado de septiembre de 2018, que anuló el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, permitió que 36.688 policías pudieran pedir la baja con 20 años de servicio, cinco años antes de lo que estaba presupuestado. La medida produjo el retiro de cientos de policías cuando la seguridad ciudadana requería de la experticia de estos uniformados.
El resultado es el debilitamiento de la seguridad ciudadana, y por ende la expansión de los grupos de crimen organizado y delincuencia común. Esto acaba impulsando la expansión del número de mercenarios que provienen del crimen organizado colombiano, y que ya no compiten solo en Colombia con otras bandas, sino que pueden ofrecer sus servicios criminales extraterritorialmente.
Grafico 3:
La Policía ha intentado subsanar la falta de personal con más policías auxiliares, pero esta solución no trae consigo un buen servicio de vigilancia porque los auxiliares no poseen la suficiente preparación ni experiencia para confrontar a las bandas de crimen organizado, que son muy profesionales.
Esto causa que la policía se perciba como una institución débil que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Grafico 4:
De las consideraciones anteriores, se puede decir que la reducción paulatina del número de miembros de las FF.MM en relación con la fuerza laboral de Colombia fue el producto de decisiones sustentadas en dos supuestos: el primero, que los grupos armados organizados estaban derrotados; el segundo, que el nivel de amenazas iba a descender de forma notable con la firma de los acuerdos con las Farc de 2016.
Sin embargo, una baja presión militar en las áreas antes controladas por las Farc llevó a que disidencias de esta organización y bandas criminales aumentaran considerablemente, lo que significa que el problema de seguridad no se acabó.
Al tiempo, la Policía Nacional no recibió la suficiente cantidad de recursos, pese a que los casos de la desmovilización de guerrillas en El Salvador y Guatemala habían mostrado que sin una policía fuerte la inseguridad iba a crecer.
Permitir jurídicamente que los policías pudieran retirarse a los 20 años contribuyó a una caída en el número de uniformados.
En esta combinación de sucesos es que ocurre el crecimiento de bandas criminales, que hoy son empresas altamente profesionalizadas ofreciendo sus servicios delictivos transnacionalmente.
A la vez, algunos hombres que pertenecieron a las FF.MM también pueden ofrecer servicios de mercenarios, considerando condiciones de retiro que los dejaron con bajos ingresos, sin un sistema de apoyo institucional y con acceso a una limitada política de salud mental.
Así, la conexión entre el fenómeno de los mercenarios y las bandas locales con el crimen transnacional podría provocar un problema de inestabilidad regional por la profesionalización y la experiencia del crimen organizado colombiano.
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