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La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dejó como una de las noticias el apoyo del Gobierno del norte a los giros que Petro desea darle a la política antidrogas en aras de la Paz Total.
Sobre la afirmación del fracaso de la guerra contra las drogas y de la necesidad de explorar otras vías de trato a las drogas ilegales, que a la vez conduzcan a lograr la paz en Colombia, el actual presidente ha propuesto la legalización del uso adulto de marihuana, erradicar grandes plantaciones de coca manualmente —sin asperjar glifosato—, el sometimiento de los narcos a la justicia y atención al consumo desde la salud pública.
Estas propuestas comparadas con los gobiernos anteriores tanto de Colombia como de EE.UU. resultan relativamente novedosas. Son propuestas que parecen controvertir la postura más radical del enfoque de la prohibición y la estrategia de guerra contra las drogas. Esa que opera sobre la máxima de la Convención de Drogas de 1961, Un Mundo Libre de Drogas. Literalmente entendido, o sea, sin plantas ni productos derivados de marihuana, coca y amapola, sin cultivadores, sin productores, sin distribuidores y sin consumidores.
Contrario a este planteamiento, el Gobierno colombiano al parecer entiende que drogas como la marihuana llegaron al mundo hace cientos de miles de años y llegaron para quedarse. Ante esa realidad de un mundo con drogas el papel del Estado debe modificarse. Algo parecido considera el Gobierno de EE.UU. respecto a la marihuana si nos atenemos a la reciente declaración del presidente Joe Biden al anunciar el perdón de todos los delitos federales anteriores por simple posesión de marihuana.
Esta decisión está en tono con su postura en la campaña presidencial donde prometió despenalizar el consumo de cannabis y eliminar las condenas de cárcel. Su postura también coincide con la realidad federal: el uso recreativo de la marihuana está legalizada en 18 de los 50 estados del país, tendencia que continúa.
Al considerar la histórica política antidroga liderada por EE.UU. a nivel internacional, y de la cual Colombia ha participado activamente, resulta entendible que para una parte de la población aparezca como novedoso los planteamientos que en términos de drogas ilegales que ha realizado el nuevo Gobierno colombiano a su consuetudinario socio estratégico del norte.
Sin embargo, convendría tener presente que en Colombia la política de drogas está atada al interés mayor de la paz. Al serlo, la política antidroga aparece sujeta a esta, con lo cual los márgenes de lo posible en cuanto política de drogas están restringidos a la consecución de la Paz Total.
Como ha pasado con el tema de drogas desde el Acuerdo Final Farc-Gobierno, las drogas ilegales toman realce porque es una economía violenta que en países como Colombia han contribuido a tener una violencia más y también a subsidiar las otras violencias. Esa subordinación de la política de drogas, en principio, marca los alcances del cambio en el enfoque y la estrategia antidrogas en el país.
En los cuatro años del Gobierno Petro, de sortear todos los obstáculos, posiblemente asistamos a la legalización del uso adulto de la marihuana y a la legalización de la hoja de coca y su derivado la cocaína. Si estas dos plantas con sus derivados se vuelven legales bajo este gobierno y a la vez logra pactar con una serie de actores armados inmiscuidos en ese negocio, podríamos afirmar en ese hipotético escenario que el país lograría avanzar en la consolidación de la paz, pero tendríamos que mantener reservas sobre la afirmación de un país que avanza en el cambio del enfoque prohibicionista y su estrategia de guerra.
Legalizar marihuana y cocaína en un mundo con miles de drogas, las cuales la Junta Internacionalización de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) clasifica en cuatro listas, resulta nimio. Pero no solo eso. Dejar de hacer la guerra a dos plantas y sus productos no significa la renuncia a seguir haciendo la guerra a quienes trafican con esas otras miles de drogas ilegales a nivel interno e internacional. Asimismo, legalizar y legalizar es una forma de introducir constantemente la institución estatal en diversas dimensiones de la vida de las personas.
En aras de la libertad individual y el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, valga invocar al Soberano para acto seguido exigir límites al mismo: ámbitos de la vida privada como el que compromete el consumo de drogas debería ser solo concerniente al individuo. La legalización por sí misma no es sinónimo de fin del prohibicionismo y de la guerra contra las drogas.
Por eso, estamos más cerca de la Paz Total que de alcanzar un nuevo enfoque y estrategia de política de drogas que respete el derecho de las personas a drogarse.
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