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La seguridad ciudadana es un problema asociado a que los ciudadanos no denuncian los crímenes de los que han sido víctimas por temor o percepciones erradas, sobre la eficiencia de la Policía Nacional.
Efectivamente los ciudadanos no denuncian los delitos, tal como lo reveló la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020. Así, a nivel nacional el promedio de denuncias sólo alcanza el 27 %. En otras palabras, de cada diez personas que han sido víctimas de los delincuentes, solo 3 se atreven a dar información a las autoridades.
Este comportamiento lleva a que el criminal se sienta más cómodo al momento de cometer un acto delictivo, porque sabe que las personas afectadas no van a tomar ninguna acción. De esta forma la sociedad termina convirtiéndose en una víctima propiciatoria. Es decir, acaba aceptando las acciones criminales como un asunto en el cual no vale la pena tomar ningún tipo de medida.
En la ciudad de Barranquilla se puede comprobar. Allí se presenta la menor tasa de denuncias. Solo dos de diez ciudadanos informan a las autoridades que han sido víctimas de un crimen. Mientras en Medellín cuatro de diez ciudadanos reportan que sufrieron un delito.
Este hecho muestra que los paisas confían más en la Policía Nacional. Este comportamiento dejar ver la buena coordinación que existe entre la Policía y la Alcaldía de Medellín.
Basta apreciar cómo un atraco cinematográfico con armas largas, y más de veinte hampones, fue frustrado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, gracias al sistema de cámaras instalado por la Secretaría de Seguridad. La buena relación entre Policía y Alcaldía es efectiva para dar seguridad, lo que permite que la confianza del ciudadano retorne.
Si las denuncias mejoran los niveles de seguridad ¿por qué los ciudadanos son reacios a denunciar?
De acuerdo con las respuestas dadas, la percepción que tienen las personas cuando han sido víctimas de un crimen es que ni la Policía, ni el sistema de justicia, toman cartas en el asunto. Es decir, la sensación de indolencia y desprotección que sienten los ciudadanos por parte del Estado les lleva a no informar de los hechos delictivos donde han sido víctimas. Esta sensación de indiferencia que sienten por parte de las autoridades podría ser una emoción que cuando se coteja con la realidad no concuerda en todos los casos.
Es así como el delito que más ha descendido en el país es la extorsión y el secuestro, gracias a la acción de los grupos de antiextorsión y secuestro (Gaula).
No obstante, tres de cada diez personas no lo hacen sobre la creencia errada que la Policía no hace nada cuando la evidencia muestra la efectividad del Gaula para contrarrestar la extorsión. Ahora, con relación al hurto a personas, la cifra de no denuncias es más alta, lo que agudiza el problema porque incentiva a las bandas a incrementar su accionar.
Esta percepción está relacionada a la forma como el cerebro altera la realidad y distorsiona los hechos. Cuando el lector aprecie la figura 1, su cerebro le indicará que la línea B es mayor que la línea A. Esto es una ilusión, las dos líneas tienen la misma longitud, no obstante, después de medir las figuras, aun tendrá la sensación de que ambas rectas son diferentes.
Si una ilusión geométrica produce estos efectos, imagine lo que han hecho en nuestras emociones la carga de noticias negativas sobre la situación de seguridad.
No importa la evidencia estadística que le presente sobre los índices de victimización objetiva, la percepción en nuestros cerebros es que estamos ante una debacle sin precedentes. Lo grave de esta situación es que forma un círculo vicioso, porque tenemos esa carga emocional en contra de la Policía y el sistema de justicia. Entonces, no se denuncia, lo que permite a los delincuentes seguir actuando sin temor a ser perseguidos por orden de un juez o fiscal.
Este comportamiento de los ciudadanos es inquietante porque la ausencia de denuncias podría estar relacionada con los homicidios que suceden en las ciudades. Hay una correlación inversa entre la tasa de hurtos y la de homicidios. Es decir, a mayor número de homicidios, el número de hurtos desciende. Mientras que, a medida que disminuyen los homicidios, los hurtos aumentan. Este es un hecho recurrente en América Latina. No obstante, este comportamiento del crimen no tiene una respuesta que permita comprender este extraño comportamiento del mundo del hampa.
En Colombia, las ciudades con las menores tasas de homicidios poseen los mayores índices de hurto a personas. Una posible respuesta es que las personas no denuncian los hurtos ante el temor de ser objeto de agresiones criminales que afecten su vida. En otras palabras, la violencia desmedida que en ocasiones emplean los criminales es una acción calculada que busca evitar que las víctimas denuncien.
En conclusión, las víctimas no denuncian los crímenes porque en Colombia hay un historial de homicidios que quedó grabado en la memoria de las personas. Además, algunas ciudades aun poseen altas tasas de homicidios. Por lo tanto, este comportamiento criminal creó una norma social: la de no denunciar los crímenes por la creencia que se tiene de las posibles represalias de los delincuentes.
Asimismo, y debido a la forma como nuestro cerebro procesa información, mantenemos percepciones equivocadas que conducen a no denunciar.
Por lo tanto, para combatir el hurto a personas, se requiere una estrategia que debe tener los siguientes componentes.
El primero es aumentar el número de denuncias, esto se podría lograr informando a la ciudadanía que la denuncia por extorsión y secuestro permitió reducir este delito. Hay que recordar que, para el año 2000, Colombia era el segundo país con mayor cantidad de secuestros del mundo, situación que fue superada gracias a la eficacia de los grupos Gaula.
La segunda es desmontar sitios donde se compran elementos hurtados, lo que implica desmantelar prenderías y lugares de comercio formal, donde el crimen organizado obtiene su dinero.
La tercera es la persecución de las bandas criminales no solo con el propósito de colocarlas tras las rejas, sino ir tras sus activos financieros que es de donde emana su poder delictivo.
Finalmente, hay que tramitar una ley ordinaria ante el Congreso para atacar la reincidencia. Es decir, criminal que tres veces cometa el delito de hurto a personas debe ser condenado con una pena superior a los ocho años sin derecho a excarcelación. Esto desincentivaría este delito, y mandaría una señal a la ciudadanía de confianza en el sistema de justicia.
El crimen se combate no solo con buenas políticas, sino colocándolas en acción. Mientras tanto, quien camina con temor por una calle de una ciudad colombiana solo espera no ser la próxima víctima de un hampón, porque dado el caso no denunciaría por temor o falta de confianza en quien debe protegerlo.
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