Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Las medidas adoptadas frente al coronavirus deben tener un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar el surgimiento de sociedades saludables protegiendo el Estado de derecho.
Debemos ser conscientes de la importancia de tomar en serio la declaración de pandemia del covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud como organismo de la ONU y las medidas adoptadas por las autoridades con el propósito de protegernos.
La situación de aislamiento físico o cuarentena que vivimos debería recordarnos la importancia de reconocernos iguales a pesar de las diferencias, en nuestra condición humana, y la corresponsabilidad que nos exige la fraternidad existencial, especialmente frente a los más vulnerables.
Se han anunciado y adoptado diversas medidas por parte de las autoridades para contener el contagio del virus y proteger el sistema de salud que no tendría forma de responder adecuadamente a un número elevado de usuarios.
Los cuatro decretos expedidos al 16 de marzo por la Presidencia de la República se han dirigido a establecer: i) un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo (D. 397); ii) una modificación al arancel de aduanas para la importación de productos para afrontar la emergencia sanitaria (D. 410); iii) la autorización para realizar labores fuera de las zonas francas (D. 411); y iv) el cierre de fronteras de los pasos marítimos, terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil (D. 412).
Adicionalmente, se han anunciado medidas en materia sanitaria, cancelación de eventos públicos y flexibilización laboral de los funcionarios públicos. Finalmente, se ha decretado el estado de emergencia económica y social que faculta al presidente a expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y se ha anunciado el aislamiento preventivo obligatorio de los adultos mayores hasta el 31 de mayo.
En las entidades territoriales las medidas han sido diversas. Se ha declarado la calamidad pública en ciudades como Bogotá y Soacha, el toque de queda en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Atlántico, Santander, Córdoba, Meta, Neiva, Pereira, Manizales, Bucaramanga, entre otras. Ha sido también “novedoso” el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de realizar un “simulacro” de aislamiento durante el próximo fin de semana que será obligatorio e incluirá “restricciones a la movilidad”.
Algunos seguimos esperando, ojalá no ingenuamente, que se adopten medidas desde un enfoque de derechos que permitan a la población más vulnerable sobrevivir a la anormalidad que produce esta emergencia, atendiendo sus garantías constitucionales y democráticas. El estado de emergencia es una oportunidad para adoptar medidas sociales como las anunciadas por España o Francia, o las propuestas por expertos. Mientras tanto, vale la pena llamar la atención sobre la necesidad de que las medidas de emergencia adoptadas no limiten gravemente las libertades ciudadanas, promuevan la discriminación o afecten los reclamos legítimos de la ciudadanía frente a la desigualdad, la situación de derechos humanos o la impunidad.
Los expertos de la ONU señalaron desde Ginebra que los Estados “no deben abusar de las medidas de emergencia para reprimir los DD.HH.” por lo que los instaron a “evitar la extralimitación de las medidas de emergencia en respuesta al brote de coronavirus y les recordaron que los poderes de excepción no deben usarse para (…) silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”. Reconociendo la gravedad de la situación de salud y las facultades de los Estados, hicieron un llamado para que “cualquier respuesta de emergencia al coronavirus sea proporcionada, necesaria y no discriminatoria”.
Este pronunciamiento de los expertos acompaña un llamado en el que vale la pena insistir frente a la emergencia: colocar a los derechos humanos en el centro de la respuesta al coronavirus. Adicionalmente, las medidas de restricción de derechos deben disminuir en la medida que la emergencia vaya pasando, devolviendo la vida a la normalidad, y evitar el uso excesivo de poderes de emergencia para regular la vida cotidiana.
Está en nuestras manos salir fortalecidos, democrática y constitucionalmente, de esta emergencia que impacta desde diversos ámbitos la garantía de los derechos humanos.
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