Duque ataca la independencia judicial

Esta semana el presidente Duque atacó la independencia de los jueces constitucionales. Luego de conocido el fallo sobre el aborto en la Corte Constitucional, el presidente manifestó su desacuerdo con la decisión dando tres razones: la existencia de cosa juzgada constitucional; la posibilidad de que proliferen los abortos en Colombia en etapas avanzadas y que se les considere casi como un método anticonceptivo; y lo cuestionable de que cinco personas tomen una decisión frente a este tema que, según él, debió ser decidido por el Congreso.

El presidente puede estar en desacuerdo con una decisión judicial, pero está llamado a cumplirla y, sobre todo, a no poner en entredicho la legitimidad de la Corte para su adopción.

No le corresponde al presidente determinar si existe o no el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en una controversia sometida ante la Corte. La jurisprudencia constitucional ha detallado las reglas y condiciones para que un problema constitucional sometido ante los jueces pueda volver a considerarse.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Corte, este punto fue objeto de discusión en la sala plena y la mayoría de los magistrados consideró que había lugar a un pronunciamiento de fondo en el caso, en la medida en la que se presentaron cargos que no fueron valorados antes por la Corte, que se evidencia una modificación en el significado material de la Constitución y una variación en el contexto normativo del que hace parte la norma que fue objeto de la demanda.

El debate se tuvo y fue resuelto por la mayoría de la Corte de acuerdo con su jurisprudencia, como corresponde en el Estado de Derecho.

La segunda razón presidencial también es errada y se aparta de la evidencia disponible, como lo recuerdan en sus trinos las abogadas Silvia Serrano, Mariana Ardila y Viviana Bohórquez.

De un lado, los abortos en etapas avanzadas no son comunes y cuando lo son suele ser precisamente por vacíos regulatorios o por las barreras que el sistema de salud les pone a las mujeres que quieren abortar. De otro lado, la evidencia disponible muestra que entre menos regulaciones penales haya del aborto, las mujeres pueden acudir con mayor tranquilidad al sistema de salud y hasta el 90 por ciento (en países como Uruguay) obtiene un método anticonceptivo que evitará que llegue de nuevo a un embarazo no deseado.

El tercer argumento de Duque (el de las cinco personas) expresa una crítica a la legitimidad de la justicia constitucional.

Esta es una discusión compleja en la teoría y el derecho constitucional, pero creo que el presidente la plantea de manera peligrosa y sobre todo con mala fe. En primer lugar, Duque ignora que la actuación de la Corte no impide el trabajo del Congreso, que ha tenido durante años la posibilidad de regular el tema y de formular una política pública que proteja de manera integral la dignidad humana, los derechos de las mujeres y también la vida en gestación sin que se afecten tales garantías con el uso desmedido del derecho penal.

Desafortunadamente, el Congreso ha sido inferior al reto y a las múltiples exhortaciones que en el pasado realizó la Corte Constitucional. Es más, un grupo de veintiún congresistas de distintos partidos políticos acudió ante la Corte en el proceso apoyando los argumentos de la demanda y reiterando que la inercia del Congreso tiene el efecto negativo de generar limitantes en la prestación efectiva, oportuna y segura del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Nuevamente, en la sentencia de esta semana, la Corte le pide al Congreso expedir dicha legislación (eso sí, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la sentencia). Frente a problemas complejos como este se requiere de una verdadera colaboración armónica y articulación entre las autoridades públicas para garantizar los derechos de la población.

Además, Duque ignora de mala fe el marco constitucional actual. Precisamente ese marco permite que los ciudadanos presentemos acciones públicas en defensa de la Constitución. La acción pública de inconstitucionalidad no solo tiene una larga tradición en nuestra historia constitucional sino que se constituye en un verdadero derecho de participación, conforme a la Carta Política.

No fue por capricho que la Corte se metió a esta discusión durante meses; la Corte respondió a la movilización de cientos de mujeres, de distintas organizaciones, que encontraban en el estado de cosas actual una continua violación a sus derechos, sobre todo de las más vulnerables. Los argumentos de las mujeres persuadieron entonces a la Corte en la necesidad de modificar el precedente constitucional.

Duque desconoce además que el proceso de constitucionalidad tiene instancias de participación ciudadana en la que muchas y muchos ciudadanos tuvieron la oportunidad de manifestar su posición a favor o en contra de la acción. Difícilmente una ley expedida recientemente ha tenido tal grado de conversación y deliberación en el Congreso.

En otras palabras, cuando se dice que el pueblo habla, no lo hace solo a través de sus representantes ante órganos colegiados, lo hace también en instancias como el proceso de constitucionalidad, y la Corte escucha y participa en esa conversación democrática con su sentencia.

No es la primera vez que Duque ataca la independencia judicial y usualmente sus ataques se dirigen contra las decisiones que no le gustan. No vimos al presidente, por ejemplo, cuestionar las decisiones de los magistrados que declararon la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica y social durante la pandemia. Ni tampoco la sentencia en la que el entonces senador Iván Duque demandó el “fast track” para la implementación de los Acuerdos de Paz y con un fallo 5-3, la Corte lo declaró inconstitucional, dándole la razón.

La movilización política para una garantía plena de los derechos de las mujeres debe continuar. Sobre todo frente a los ataques infundados del Ejecutivo que no solo ponen en peligro la sentencia, sino la legitimidad e independencia de nuestra justicia constitucional. Esos ataques deberían preocuparnos a todos.