Duque no flexibilizó el porte de armas

Hay que reconocer que con el decreto el país está avanzando en la restricción del porte legal de armas de fuego. Pero las acciones hay que aplicarlas desde ya y de manera permanente.

Lo primero que hay que reconocer, es que el país ha avanzado, en los tres últimos años, en materia de restricción al porte de armas legales en manos de los particulares, a pesar de los permisos especiales que estaban incluidos en los dos decretos del gobierno Juan Manuel Santos (decretos 155 de 2016 y 2268 de 2017) y el último del presidente Iván Duque (decreto 2362 de 2018). Estos tres decretos marcan una gran diferencia.

Hasta antes de 2016, solo unas pocas ciudades tenían restricción al porte de armas y en algunos casos esa medida se aplicaba unos pocos días, meses, fines de semana o ante eventos especiales como los procesos electorales, o ante circunstancias que pudieran alterar el orden público de manera grave.

A pesar de estos importantes avances, todavía al Estado colombiano le falta mucho para tener el monopolio de armas, si se tiene en cuenta el accionar e intimidación, a través del terror y la violencia que les dan las armas ilegales, del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los Pelusos y un sin número de organizaciones criminales, que ejercen control violento sobre las actividades cotidianas de los ciudadanos en los territorios donde operan. Aquí también hay que contar las armas ilegales que portan algunos ciudadanos y el gran comercio de este tipo de armas, que manejan casi todas las organizaciones criminales.        

¿Se flexibiliza la entrega de armas a los ciudadanos?

Leyendo el ABC de la suspensión al porte de armas entregado por el Ministerio de Defensa, que reglamenta la entrega de “permisos especiales”, previstos en el decreto 2362 de 2018, se puede asegurar que con los nuevos requisitos se hace más estricto este proceso.

Además de tener el permiso de porte vigente, que se entregó con base en los requisitos que establece el decreto 2535 de 1993, la nueva reglamentación establece nuevos requisitos para la autorización de los permisos especiales, regionales y nacionales, como son:

– No tener antecedentes en la base de datos de la SIJIN, para permiso regional y en DIJIN, para permiso nacional.

– No tener procesos judiciales activos en la Fiscalía General de la Nación.

– No aparecer en el Registro Nacional de Medidas Correctivas como contraventor (contravenciones de Código de Policía, artículo 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas).

– Elaborar carta dirigida al jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor de las Fuerzas (Brigada Ejercito, ARC, FAC), donde haya seccional de Control Comercio de Armas, con datos personales y dirección del solicitante.

– Justificar las razones de urgencia o seguridad de requerir un permiso especial de porte, con soportes.

– Certificación de residencia que permita verificar la jurisdicción de la Unidad Militar donde se solicita el permiso especial.

– Cuando se trate de permisos especiales de carácter nacional, adjuntar los documentos que demuestren su actividad comercial, laboral o profesional y la necesidad del porte del arma en distintas jurisdicciones.

Además:

– Se crearon una serie de comités nacionales y locales de evaluación con más funcionarios del Ministerio de Defensa, que tienen que decidir sobre la autorización o rechazo de la autorización.

– Las Unidades Operativas Menores (regionales) deben presentar informes mensuales sobre la medida.

– Se evaluará la medida trimestralmente por parte de Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional en coordinación con los Comandantes de Brigada con seccional de control de comercio de armas.

Con estos avances que eliminan la discrecionalidad que tenían los comandantes regionales de las Fuerzas Militares para entregar los permisos especiales y hacer más claro el proceso, se esperaría que:

– Una vez revisados los permisos especiales otorgados con los anteriores decretos (decretos 155 de 2016 y 2268 de 2017), disminuya su número, es decir que sea inferior a los 6827, de los cuales 5.630 son regionales y 1.197 nacionales.

– Que los informes trimestrales del Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional, sean públicos para hacerle seguimiento a la medida.

– Que no se incremente la entrega de permisos para porte nuevos, con permiso especial.

– De continuar y sostener esta política, en un tiempo prudencial, el Estado debe comenzar a recoger las armas con permiso de porte que no van a tener permiso especial. Hay que recordar que estas armas no les pertenecen a los ciudadanos y que son de propiedad del Estado. Si no se hace esto, algunas de las 339.160, en manos de los particulares que tienen permiso para porte, pueden terminar en el mercado ilegal, después de una denuncia por pérdida o robo.     

Qué hacer para hacer más efectiva la restricción

Hay que reconocer que con el decreto 2362 de 2018 y la reglamentación de permisos especiales el país está avanzando en la restricción del porte legal de armas de fuego en manos de los particulares. Pero las acciones, con la expedición de las normas, hay que aplicarlas desde ya y de manera permanente, en particular el control al porte de armas legales e ilegales en manos de los ciudadanos en las calles y áreas rurales, hacer seguimiento periódico y entregar resultados públicos.

Para hacer más afectiva la medida de restricción al porte de armas, es necesario:

– Recordar y aplicar todos los días el decreto presidencial que restringe el porte de armas en todo el país. Esta no es una responsabilidad de sólo la Policía y de las Fuerzas Militares, también le corresponde ejecutarla y hacer seguimiento a los alcaldes y gobernadores y también a la Fiscalía, en lo que tiene que ver con la persecución al mercado ilegal de armas de fuego.  

– Realizar controles policiales, especialmente en aquellos lugares donde se concentran los delitos con este tipo de armas.

– En conjunto las Fuerzas Armadas y la Fiscalía debe atacar los mercados y uso de armas ilegales que existen en el país.

– Hacer seguimiento y análisis permanente sobre los resultados de los controles realizados, cantidad de armas decomisadas, ciudadanos puestos a disposición de la justicia por portar armas ilegales, armas decomisadas a comercializadores ilegales, e impacto de los operativos en la reducción de la violencia y la delincuencia. Seguramente, en este punto, la respuesta de algunas autoridades será “eso ya lo estamos haciendo”, la pregunta entonces es ¿por qué no hay mejores resultados después de tres años de restricción, donde solo se ha logrado una reducción de un 5% de los homicidios con este tipo de armas?  

– Realizar campañas de entrega voluntaria de armas de fuego, de desestímulo al porte de armas en manos de los particulares, de reconocimiento al uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades legalmente constituidas y desaprobación social de la “aplicación de justicia por mano propia”   

Finalmente, hay que reconocer que los mercados de armas y drogas están correlacionados y en este campo Colombia tiene la obligación de controlar los cultivos de coca, localizar y destruir los laboratorios, decomisar mayor cantidad de droga y detener, condenar o extraditar a los narcotraficantes. 

Y en un acto de corresponsabilidad, los Estados Unidos tiene la obligación de controlar la venta indiscriminada de armas de fuego que abastece a los grupos criminales que actúan en Colombia. Se puede asegurar que mueren más colombianos con armas producidas en Estados Unidos, que ciudadanos de ese país con droga producida en Colombia. Por esto se requiere trabajo corresponsable entre los dos países para atacar estos dos mercados criminales. Esto mismo se puede exigir a los demás países productores de armas.