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Un informe conjunto que la fundación Acomides y el Ejército entregarán hoy a la JEP invierte la perversa ecuación según la cual los soldados son consumados victimarios y los coloca en su real dimensión de víctimas del conflicto.
En un dossier que incluye un informe ejecutivo de 78 páginas y un disco compacto contentivo de más de mil folios, una fundación de víctimas y el Ejército entregarán al medio día de hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el primero de una serie de trabajos investigativos que documenta las graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario de las que fueron objeto los soldados del Ejército en el marco del conflicto armado en Colombia.
Intitulado Informe sobre militares víctimas en el marco del conflicto, este documento denuncia es la resultante de un arduo trabajo de investigación documental y de campo que realizaron en forma conjunta la Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos, Acomides, y el Departamento Jurídico Integral del Ejército, este último en calidad de ente asesor.
El informe ?que pretende el reconocimiento de la verdad y las medidas de reparación por parte de 31 exmiembros de las Farc encausados en el sonado Caso 001 de la JEP? está soportado en una base de datos celosamente guardada en varias teras de información. Es, asimismo, fruto de un esmerado cruce (el primero de este tipo) entre la información que reposa en los archivos del Ejército y los de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, Uariv.
En grado superlativo, el informe ?que no hubiese sido posible sin la participación y asesoría del Ejército? invierte la perversa ecuación promovida desde sectores radicales de nuestra sociedad según la cual los soldados son consumados victimarios y los coloca en su real dimensión: servidores del Estado que, dada su misionalidad, fueron víctimas de ataques sistemáticos de las Farc en armas.
¡Y es las cifras son realmente abrumadoras y causan escalofríos! A la fecha, esta base de datos da cuenta de 207.645 episodios o hechos victimizantes de uniformados del Ejército durante y después de su paso por esta institución. Catalogadas en 21 ítems, las afecciones de mayor relevancia corresponden a desplazamiento forzado (159.077), homicidio (23.266), desaparición forzada (4.526) y empleo de minas antipersonales (3.138).
Considero que la magnitud de la denuncia amerita que los medios de comunicación le den la misma trascendencia a esta entrega como lo hicieron con la remisión de informes a la JEP por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Unión Patriótica y las Madres de Soacha, entre otras organizaciones sociales. ¡Ojalá así sea!
Porque este documento denuncia de Acomides y el Ejército es contundente al recordarle a la JEP su deber de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, en especial aquellas que derivaron en delitos de lesa humanidad en contra de los soldados, así como las graves infracciones al derecho internacional humanitario que configuraron crímenes de guerra de los que fueron víctimas los uniformados.
El informe también insta al tribunal de la transición a llamar a los uniformados víctimas y a sus familias para que comparezcan en sus salas en aras de obtener “verdad judicial, reparación y no repetición”, como quiera que se logró establecer que de los casos reportados, 185.810 corresponden a víctimas directas y 21.835 a víctimas indirectas, “dentro de las cuales se encuentran oficiales, suboficiales, soldados, alumnos y personal civil”.
Cada caso está acompañado de una completa ficha técnica que incluye las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho victimizante, al igual que la estructura de las Farc responsable de este y los nombres de los cabecillas y perpetradores.
Todo está debidamente documentado en el informe, en el que se dedican dos acápites a visibilizar las conductas observadas en el Caso 001, es decir las retenciones ilegales perpetradas través de las modalidades de secuestro (léase toma de rehenes, a mi juicio) y la desaparición forzada, este último catalogado como delito de lesa humanidad.
Sobre esta última conducta conviene hacer una importante aclaración. En las bases de datos contenidas en el informe se registran 4.526 episodios de desaparición forzada, pero sólo 113 casos cuentan con el aval del Registro Único de Víctimas, RUV.
Con todo, las desapariciones que carecen de registro oficial ?al igual que las 113 ya reseñadas?, ocurrieron bien cuando los uniformados estaban en actos propios del servicio o mientras no ostentaban la calidad de combatientes. En muchos casos, se encontraban gozando de sus vacaciones, en permisos concedidos por sus superiores o con licencias del servicio de diferente naturaleza.
En propiedad, las pretensiones de Acomides y del Ejército son dos: primera, que los soldados también sean vistos como víctimas por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Sivjrnr; segunda, que los exintegrantes de las Farc en armas “reconozcan su responsabilidad… y se presenten las propuestas de reparación integral a las víctimas de desaparición forzada y secuestro para efecto de cumplir con las medidas restaurativas”.
Colofón: A las 11 y 30 de la mañana, Olga Esperanza Rojas, representante legal de Acomides y esposa del sargento José Vicente Rojas ?quien hace 26 años cayó en un retén de los frentes 5 y 34 de las Farc y del que nada se sabe? hará entrega del informe en la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. El general Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército, refrendará está entrega ante la justicia transicional.
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