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El asesinado de Fernando Villavicencio ha causado conmoción y tristeza en Ecuador. En una de sus últimas entrevistas en televisión nacional, horas antes de ser asesinado, Villavicencio dijo que uno de los principales problemas de la situación actual del Ecuador es que las fuerzas del orden estaban cooptadas por el crimen organizado.
Un asesinato que parece más un sacrificio, y que seguramente será usado políticamente por los diferentes candidatos que competirán por la presidencia de la república el próximo 20 de agosto.
Ecuador es hoy por hoy la prueba más dramática de la manera en que América Latina, incluida Colombia, viene perdiendo la guerra contra el crimen organizado.
Y es el caso más dramático no por ser el más violento, pues ciudades de México o Venezuela siguen liderando la penosa lista, sino por la manera tan acelerada en que la situación de seguridad se ha deteriorado hasta llegar al asesinato de fiscales, alcaldes, y el del candidato presidencial el nueve de agosto en la ciudad de Quito.
El magnicidio ha sido reivindicado por parte Los Lobos a través de un video de Twitter, es una de las pandillas ecuatorianas que en los últimos años se han convertido en poderosos grupos de delincuencia organizada, y que hoy tienen a la sociedad y la democracia ecuatoriana contra la pared.
¿De qué se trata la crisis delincuencial en Ecuador?
Desde el 2018 las estadísticas de criminalidad en el país han aumentado sin detenerse. El número de homicidios intencionales se incrementó en un 347 por ciento entre el 2018 y el 2022, alcanzando una tasa de homicidios de 25,6 por cada 100 mil habitantes.
El 2022 ha sido el año más violento de la historia de Ecuador.
La de Ecuador es una historia de dos países. La de una clase política indiferente que aún no logra superar la resaca del sueño dorado de Rafael Correa y del correísmo, y la del debilitamiento progresivo de los organismos de seguridad y justicia.
Demuestra, además, la manera en que la polarización y la inestabilidad política tienen enormes repercusiones sobre la inseguridad y el crimen en la región.
Así pues, en la medida en que el crimen es una función de la oportunidad de acumular riqueza a través de mercados ilegales versus la capacidad del Estado de sancionar e imponer orden, la crisis de seguridad del Ecuador requiere de la solidaridad de la región.
Se trata de un caso que debería llamar la atención de toda América Latina, pero particularmente de Colombia, que está en un contexto en el que se pretende negociar con el crimen organizado.
De 193 países, Ecuador ocupa el puesto 31 en los que la criminalidad organizada tiene más poder, al igual que el puesto 10 entre los 31 países de las Américas. Así mismo, Ecuador es el segundo país con más incautaciones de cocaína en la región, solamente después de Colombia.
Sin embargo, las incautaciones en el Ecuador solo alcanzan un 56 por ciento del total de droga que, se estima, se exporta a través de sus fronteras. Para el 2019, Ecuador ya era considerado una “autopista” del tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Las organizaciones del crimen organizado en el Ecuador hoy ejercen más poder debido a ese papel del país como lugar de tránsito y exportación de droga.
Así, se hace evidente la operación de tres grupos de delincuencia transnacional organizada: Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación y Mafias de los Balcanes. Un grupo histórico del crimen organizado, Choneros, y más de seis subgrupos derivados de este. De hecho, varios de sus líderes han sido capturados o asesinados en Colombia recientemente.
Choneros, Lobos, Tiguerones o Lagartos son nombres que los ecuatorianos temen y con los que se han acostumbrado a vivir dada la masificación de la extorsión a todos los niveles.
Desde los barrios más marginales de Guayaquil hasta los gremios empresariales más importantes del país, todos pagan.
Hoy en día, a pesar del subregistro y de los altos niveles de impunidad frente a este delito, tanto las autoridades como las comunidades coinciden en que la extorsión se ha vuelto la principal fuente de ingreso del crimen organizado en el Ecuador.
Gobernar desde la Cárcel
Desde 2021 Ecuador ha sido testigo de más de doce masacres dentro de sus cárceles, en las que más de 400 reclusos han perdido la vida.
Siete de estas masacres ocurrieron en el complejo carcelario de Guayaquil, matando a aproximadamente 260 reclusos en un conjunto de incidentes provocados por lo que el director penitenciario de Ecuador (Snai) llamó “una lucha para mantener el statu quo dentro de las cárceles”.
La cifra anterior representa un aumento del 587% en las muertes bajo custodia estatal en comparación con 2020. Paradójicamente, paralelamente al aumento constante de la población encarcelada y el aumento de una crisis del sistema penitenciario, el presupuesto público y otros recursos asignados a las cárceles se redujeron en un 64% solo en 2021.
Tales reducciones no solo son la continuación del desmantelamiento de la capacidad del sistema de justicia penal, sino también el culpable de la gobernanza extralegal de la prisión.
Un nuevo giro autoritario
Una forma de entender esta situación y como los modelos reaccionarios para manejar el crimen se han vuelto tan populares, por ejemplo el “modelo Bukele” en El Salvador, es la impunidad estructural que aflige a la región.
Por ejemplo, según el BID, mientras que en Europa 81 de cada 100 víctimas son efectivamente procesadas, en América Latina el dígito no supera 24, lo que sume a los latinoamericanos en la frustración y la desesperación.
Aún así, tal situación rodea una paradoja, ya que la región presenta las tasas más altas de encarcelamiento en el mundo, disputando este lugar con los Estados Unidos.
Como resultado, el hecho de que los criminales sean fácilmente reemplazados por Grupos Delincuenciales Organizados (OCG por sus siglas en inglés), el “mano durismo” en América Latina también alimenta la poca confianza en instituciones como la policía, y extiende la popularidad del vigilantismo y la justicia por mano propia.
Curiosamente, según Latinobarómetro, más allá de la brutalidad policial y la corrupción, la desconfianza política que afecta la falta de confianza en la aplicación de la ley, que es fundamental para Ecuador dada su inestabilidad política actual (datos tomados de: Latinobarómetro, Informe 2021. Adiós a Macondo).
Un país que no puede proteger a sus candidatos presidenciales ni controlar sus cárceles es un país en Estado de indefensión. Ese es el temor que se respira en las calles de Quito y de Guayaquil, donde la gente, sin importar sus preferencias políticas o su clase social, pide mano dura contra el crimen.
Así, el giro autoritario de las políticas de seguridad en Ecuador y en toda América Latina parece inevitable.
Ello supone un deterioro democrático porque los gobiernos socialdemócratas y liberales no fueron capaces de restablecer la confianza en las instituciones y devolverles la tranquilidad a los ciudadanos.
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