El Clan del Golfo y sus Planes Pistola: la inseguridad de la Fuerza Pública

Hace unos meses, las AGC (o Clan del Golfo, como los llama el Estado colombiano) decretaron un paro armado como respuesta a la extradición de alias Otoniel, su entonces máximo comandante. Este paro armado paralizó gran parte del Caribe colombiano y el Urabá antioqueño y chocoano. Apenas dos meses después, las AGC vuelven a saltar a la palestra pública, pero ahora por otro fenómeno: sus llamados Planes Pistola. Hasta el momento han muerto cerca de 26 uniformados como resultado de un Plan Pistola decretado por las AGC. Sucre y Bolívar (en las subregiones Montes de María y La Mojana) han sido particularmente afectados, e incluso civiles han muerto como parte de esta andanada de violencia.

¿Qué son estos Planes Pistola?

Un Plan Pistola consiste en la orden de un grupo armado de asesinar sistemáticamente a miembros de la Fuerza Pública en un territorio particular durante un periodo de tiempo. No es la primera vez que una situación así se vive en la historia de Colombia. Pablo Escobar, por ejemplo, ofrecía entre 1 y 5 millones por policías asesinados, y varias de las principales acciones de las guerrillas consistían en la victimización de militares o policías (minas antipersonales, secuestros, emboscadas u hostigamientos). El ELN ha sostenido Planes Pistola en Arauca recientemente, por ejemplo.

Sin embargo, que la mayor escalada de violencia contra la Fuerza Pública en Colombia la esté liderando el Clan del Golfo sí genera varias preguntas. Por un lado, esto puede parecer extraño justamente cuando desde muchos sectores se asume que esta es una organización paramilitar. Por otro lado, incluso quienes hemos mostrado reservas frente a su condición de paramilitares, reconocemos su cercanía con ciertos integrantes de la Fuerza Pública, lo que problematiza la lógica clásica de insurgencia-paramilitarismo.

¿Nada nuevo en el radar?

Así como prácticamente todos los fenómenos que involucran a las AGC, el Plan Pistola que se desarrolla actualmente parece haber tomado por sorpresa a varios medios de comunicación y analistas. Es cierto que el nivel ofensivo que han mostrado durante estos meses parece superar sus propias experiencias. Sin embargo, este está lejos de ser el primer Plan Pistola de la organización. Desde el 2017, hemos podido identificar al menos seis planes similares confirmados por la Fuerza Pública. Casi todos son el resultado de la captura o muerte de algún cabecilla.

En mayo de 2017, las AGC activaron un Plan Pistola tras la muerte de alias “Pablito”, en el que asesinaron a al menos 15 policías e hirieron a 37. En marzo del 2020, se difundió un panfleto en el que esta organización decretaba un Plan Pistola contra guardias del Inpec. No pudimos determinar ningún hecho asociado a esto. En febrero del 2021, el Clan del Golfo decretó un Plan Pistola ante la muerte de alias “Marihuano”. Al menos 5 policías murieron en estos hechos. En octubre del 2020, tras la captura de Otoniel, en varios municipios hubo amenazas de un Plan Pistola. En febrero del 2022, la Policía confirmó que la organización había puesto en marcha un Plan Pistola. Finalmente, durante julio del 2022 la Policía confirmó que habían muerto 26 uniformados a causa de un Plan Pistola del grupo armado.

Además, entre el 2017-2022 pudimos confirmar al menos cuatro planes pistola locales en Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena, en los que al menos 6 policías fueron asesinados. La cifra podría ser mayor, dado que no todas las muertes fueron reportadas en medios de comunicación como parte de esos planes. Sin embargo, el hecho de que al menos 50 policías en cinco años hayan sido asesinados por este grupo armado deja ver que no se trata de una práctica aislada, sino de un mecanismo de confrontación con el Estado bastante consolidado.

La evidencia parece sugerir que ante la captura o muerte de un objetivo estratégico de alto valor, la organización responde con una escalada violenta contra la Fuerza Pública. Así las cosas, los planes de desestabilización de las AGC que han sostenido los últimos dos gobiernos, consistentes en perseguir objetivos de alto valor estratégico, no solo han sido poco efectivos, sino que han puesto en riesgo la vida de los miembros de la Fuerza Pública.

¿Qué es lo que buscan?

Las AGC han demostrado en múltiples ocasiones que sus repertorios de violencia no siempre están conectados con lo que discursivamente afirman. El reciente paro armado, por ejemplo, decía ser una respuesta ante la extradición de Otoniel, pero terminó siendo más una muestra de poder. Con los Planes Pistola puede que suceda algo similar. El objetivo discursivo es vengativo: mostrar que la muerte o captura de uno de sus principales cabecillas no quedará impune. No obstante, ante la muerte de alias “Gavilán”, una de sus principales fichas, la misma organización negó un posible Plan Pistola diciendo que había “enemigos de la paz y la concordia entre los colombianos” que lo estaban azuzando, pero que “pese a nuestro dolor, seguimos adelante”.

En ese sentido, hay dos hipótesis que podrían explicar esta andanada contra la Fuerza Pública. Por un lado, durante algunos de los Planes Pistola confirmados, el gobierno colombiano ha anunciado la captura de sus “financistas“. Si el Clan del Golfo es quien decreta estos planes, ¿por qué necesitarían alguien que los financie? En ese sentido, es posible que los Planes Pistola no siempre sean una directriz organizacional, tanto como una directriz de mandos medios. Esto podría ayudar a explicar por qué algunas veces estos planes tienen un carácter localizado: buscan enviar mensajes muy específicos no extendidos a todos los territorios de actuación de las AGC.

La segunda hipótesis, que puede complementar la anterior, es que con esta estrategia buscan desincentivar la actuación de la Fuerza Pública en su contra y, más bien, llevarlos a la cooperación. Ser miembro de la Fuerza Pública en territorios con presencia sostenida de las AGC está resultando considerablemente costoso. Actuar en detrimento de los intereses de la organización puede llevar directamente a ser decretados objetivos militares. En consecuencia, las muestras de poder a través de los Planes Pistola pueden buscar la inacción de las autoridades, que eventualmente encontrarán más rentable permitir su actuación que bloquear sus intereses. Es una forma de doblegar a la Fuerza Pública a través de homicidios selectivos. Por eso no pueden leerse solo como un asunto vengativo, sino directamente como una estrategia para doblegar al Estado.

La tercerización de la guerra contra el Estado

Las AGC han sostenido gran parte de su expansión territorial en la subcontratación de organizaciones criminales locales. En el Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira, por solo mencionar algunos casos, han contratados a grupos armados más pequeños que se encarguen de velar por sus intereses. Esta forma de actuar les ha permitido sostenerse en el tiempo a menores costos y sin los riesgos de trasladar a sus tropas hacia regiones en las que no tienen presencia histórica.

Los Planes Pistola son una manifestación distinta de esa tercerización. Es cierto que miembros de la organización tienen la orden directa de atentar contra la Fuerza Pública. Sin embargo, se ha conocido recientemente que las AGC están pagando entre 5 y 20 millones de pesos por cada policía asesinado. Esto no solo busca incentivar a sus tropas, sino (y quizá mayoritariamente) descentralizar los Planes Pistola con el fin de hacerlos más exitosos.

Bajo estas lógicas, organizaciones locales podrían movilizarse a ser la mano de obra de los planes pistola a cambio de importantes sumas de dinero. Así las cosas, el Clan del Golfo descarga su responsabilidad judicial por la comisión de los hechos, al tiempo que puede conseguir mayores niveles de “éxito”, en cuanto miden estos planes con el número de miembros de la Fuerza Pública asesinados. Al poner precio a la muerte de los uniformados, el Clan del Golfo se asegura de que este plan se concrete en varias zonas del país de forma simultánea sin tener que movilizar grandes recursos humanos y operativos. Por tanto, lo que estamos observando no es solo una andanada contra la Fuerza Pública por parte de las AGC, sino también por parte de un decena de organizaciones locales que buscan ser recompensadas. La tarea para desarticular los Planes Pistola pasa necesariamente por entender todas esas lógicas localizadas.

¿En busca de una negociación?

Aunque algunos analistas han manifestado que este Plan Pistola busca únicamente mostrar a las AGC como un actor antiestatal de cara a una eventual negociación, no hay que perder de vista que este grupo armado lleva ya tiempo enfrentándose directamente al Estado. Es decir: leer este Plan Pistola de forma aislada como únicamente un intento por transformar la imagen que se tiene de ellos puede llevar a perder de vista el panorama completo.

Aun así, no es un asunto menor que las AGC estén ejecutando este plan apenas dos meses después de haber hecho el paro armado más extendido y “exitoso” (desde su punto de vista) del grupo armado en su historia. A día de hoy, las AGC no pueden ser comprendidas de ninguna forma como un actor menor en el escenario de violencia. De hecho, hay varios argumentos para pensarlos como el grupo armado más grande y con capacidad de violencia en Colombia. Aun así, tanto en el gobierno entrante como en ciertos sectores de la opinión pública parece haber todavía un foco en el ELN, descuidando el hecho de que sin las AGC, la guerra en Colombia sigue activa y peligrosa.

El Plan Pistola puede ser solo una de los varios repertorios de actuación de las AGC con el propósito de sustentar la necesidad de incluirlos en cualquier escenario de negociación. La debilidad que ha mostrado el Estado colombiano para contener estas muestras de violencia deja ver que la seguridad no está bajo su total control y que, aunque pueda ser chocante entre algunos sectores, es necesario incluir a estos grupos armados en cualquier resolución pacífica del conflicto. Las AGC parecen saberlo y, por ello, es importante pensar en estrategias de contención y en eventuales estrategias de interlocución. Aquí hicimos una propuesta en caso de que ese sea el escenario.

Proteger a la Fuerza Pública: la tarea pendiente

Para finalizar, vale la pena recordar que en medio de nuestra guerra, la Fuerza Pública es también victimizada por los grupos armados. Casos como este Plan Pistola dejan ver que la captura o asesinato de objetivos estratégicos genera golpes de opinión favorables al gobierno central, pero escenarios de alto riesgo para los policías o militares que participan en esas operaciones. Por tanto, es importante repensar estas estrategias no solo por lo ineficaces que son de cara a la real desarticulación de los grupos armados, sino porque ponen en riesgo tanto a la población civil de estos territorios, como a los miembros de la Fuerza Pública.

Las declaraciones furiosas del Ministro de Defensa frente al Plan Pistola sirven de poco si no se piensa conjuntamente en estrategias de protección a la Fuerza Pública en el nivel local. Proteger a la Fuerza Pública pasa también por pensar de qué forma la estrategia de seguridad pensada desde el nivel nacional pone en riesgo la integridad de los miembros de la institución durante las semanas y meses siguientes. El efecto en el largo plazo, además, es perverso, dado que hace más costosa cualquier operación en contra del crimen organizado.

El nuevo gobierno debe tomarse muy en serio tanto la corrupción al interior de la Fuerza Pública, como las andanadas de violencia que esta institución recibe por ejercer su labor. Ojalá este contexto sirva para visibilizar este fenómeno y no dejar que se repita una y otra vez.