Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La actitud de los británicos revela la diferencia sustancial entre la calidad de la democracia en Westminister y el Capitolio Nacional. Mientras que los parlamentarios ingleses estaban interesados en escuchar a ambas partes para valorar los desarrollos de más de dos años de negociaciones, los parlamentarios colombianos se contentaron con escuchar a los negociadores del gobierno
El martes 20 de julio se realizó el debate de control político al proceso de paz en la inauguración de la nueva legislatura. En el debate participaron Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, los negociadores del gobierno. La Revista Semana resaltó la gran intervención del jefe del equipo negociador, no obstante, estuvieron ausentes los representantes de las FARC. Es una paradoja que una de las partes estuviera ausente cuando en La Habana se ha acordado cambiar el ritmo de la negociación para tratar de lograr en cuatro meses acuerdos sustanciales sobre el castigo a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad y el fin del uso de las armas como mecanismo de resolución de conflictos.
La ausencia de las FARC es aún más paradójica si se tiene en cuenta que en Marzo de 2015 el Parlamento Británico invitó a Iván Márquez a comentar los avances en La Habana, cita que también cumplió el Embajador de Colombia en el Reino Unido, Néstor Osorio. La actitud de los británicos revela la diferencia sustancial entre la calidad de la democracia en Westminister y el Capitolio Nacional. Mientras que los parlamentarios ingleses estaban interesados en escuchar a ambas partes para valorar los desarrollos de más de dos años de negociaciones, los parlamentarios colombianos se contentaron con escuchar a los negociadores del gobierno y algunos se dedicaron a exigirles que impongan condiciones unilaterales en la mesa: ¡que las FARC entreguen las armas y vayan a la cárcel!
Esta discusión unilateral en el Congreso Colombiano dejó de lado temas cruciales que las FARC han intentado sin éxito concretar en la mesa y le competen a todos los colombianos. Por mencionar sólo uno: la necesidad de investigar y desmantelar la existencia de aparatos clandestinos de seguridad que comenten delitos que afectan los derechos humanos, identificando sus estructuras y vínculos con organismos del Estado. Las FARC han propuesto la creación de una Comisión para que realice este trabajo, una propuesta visionaria si se compara con Guatemala, donde sólo hasta el 2006 (10 años después de la firma del acuerdo de paz) Naciones Unidas y el Gobierno decidieron crear La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Me pregunto ¿Si las FARC hubieran participado en el debate con esta exigencia cuántos congresistas se habrían comprometido a desmantelar dichas estructuras y que sus colaborados fueran a la cárcel?
El Senador Iván Cepeda no descarta que en el futuro se invite a las FARC, sin embargo, su ausencia en el debate actual contribuye a obscurecer la complejidad de las discusiones que están por delante. Las partes no sólo tienen que ponerse de acuerdo en los mecanismos para castigar a amplios sectores de colombianos que han participado en graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, sino también la fórmula para ofrecer una reducción de penas, la cual debe estar en consonancia con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Además deben no sólo acordar los mecanismos para que las armas se pongan fuera de uso por parte de las FARC, sino también las medidas para proteger la vida de sus miembros y sus estructuras políticas y sociales para garantizar que puedan contribuir a la construcción de paz después de la firma del acuerdo final, esencial para garantizar la no repetición.
Afortunadamente los tiempos de La Habana no son los tiempos del Congreso de la República. Esta semana, ambas partes han mostrado la voluntad de des-escalar el conflicto armado en Colombia para llevar a buen término la negociación en La Habana. Las FARC iniciaron el pasado 20 de julio el cese al fuego unilateral y el Presidente Santos ordenó el cese de bombardeos a campamentos de las FARC el 25 de julio. En este contexto, las partes deben enfocarse en acordar los mecanismos que hacen falta, en vez de volver sobre puntos improcedentes, como erróneamente lo están haciendo las FARC al proponer que la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición se cree antes de la firma del acuerdo final. Una Comisión de la Verdad es un mecanismo transicional y sólo puede operar, para garantizar su legitimidad y credibilidad, cuando empiece la transición y no en medio de la negociación. Por favor, señores negociadores, no copien las malas mañas de algunos congresistas, dedíquense a cerrar los puntos que hacen falta y no a hacer politiquería a costillas de la paz.
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