Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El nuevo presidente no puede seguir pensando que el único problema de Colombia son las Farc, ni tampoco que la única salida sea irse contra las élites que nos han gobernado.
Distraídos por la aparente polarización electoral entre derecha y izquierda, muchos colombianos no estamos teniendo en cuenta lo que esta en juego en la segunda vuelta presidencial. Los votos de los habitantes de las zonas más violentas estuvieron divididos en la primera vuelta entre los dos candidatos que se disputan la presidencia.
En esta época electoral pocos se detienen a pensar en las millones de víctimas y, en particular, en los más de 7 millones de desplazados que se encuentran en el Registro Único de Victimas (RUV). Ellos representan aproximadamente el 13 por ciento de la población del país. Colombia es hoy, el segundo país con mayor población desplazada en el mundo, después de Siria, considerada como una de las peores crisis humanitarias actuales.
Pero el desplazamiento forzado en Colombia no puede explicarse exclusivamente como consecuencia del conflicto. Las cifras muestran que casi la mitad de los desplazados registrados no identifican su agente expulsor.
Cito un párrafo de uno de los reportes del Centro de Memoria Histórica titulado, sin exageración alguna, Una Nación Desplazada para poner mi argumento en contexto
“Evidentemente menos visibilizado, el desplazamiento tambie?n ha sido el resultado de mu?ltiples pra?cticas violentas, provocadas y promovidas por empresas criminales conformadas por alianzas entre distintos actores –narcotraficantes, empresarios y poli?ticos–, por motivaciones ideolo?gico-poli?ticas y tambie?n por motivaciones puramente rentistas funcionales a un modelo de acumulacio?n y apropiacio?n de poder y riqueza. En este escenario, debido a la cooptacio?n de la institucionalidad, el desplazamiento tambie?n ha sido favorecido por poli?ticas pu?blicas que incentivan la implantacio?n y expansio?n de proyectos agroindustriales, mineros, de infraestructura y explotacio?n de hidrocarburos, o para la consolidacio?n de una economi?a ilegal controlada por organizaciones criminales, o por una mezcla de ambos propo?sitos”.
En el 2004, la Corte Constitucional declaro? el Estado de Cosas Inconstitucional en la materia, a trave?s de la emblema?tica sentencia T-025 de 2004. En ella determino? que esta situacio?n era inconstitucional para las vi?ctimas y que, además, incumpli?a la legislacio?n nacional. Hoy, despue?s de ma?s de una de?cada, en un escenario paralelo de crimen organizado, violencia y postconflicto, continúan varios de los problemas estructurales que dieron origen a la situación denunciada por la Corte.
Lo que esta en juego en las próximas semanas va mas allá de lo que lo que muchos colombianos que tienen la posibilidad de votar están teniendo en cuenta por culpa de estar distraídos por la retórica izquierda-derecha.
Por ello nuestra elección es crítica. Está en manos del próximo presidente de Colombia manejar una violencia restructurada que, como en otros países del mundo después de un largo conflicto, involucra al crimen organizado ahora nutrido de disidentes de las Farc, el ELN y hasta carteles mexicanos. Pero también a los políticos y empresarios que se lucran de éste, y de las políticas publicas que han incentivado las alianzas entre todos estos actores.
El nuevo presidente no puede seguir pensando que el único problema de Colombia son las Farc, ni tampoco que la única salida sea irse contra las élites que nos han gobernado. Necesitamos un país donde quepamos todos y donde el desarrollo y los derechos humanos no sean dos categorías excluyentes.
Quienes votamos por Fajardo quedamos atrapados entre dos extremos todavía y nos enfrentamos todavía a una elusiva paz.
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