El nuevo mapa político y los desafíos del posconflicto

Pasado el 25 de octubre y con un nuevo mapa político en el país, pareciera que llegó el momento de oficializar la apertura de un proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, después de casi un año de encuentros exploratorios.

@mavidulo

Pasado el 25 de octubre y con un nuevo mapa político en el país, pareciera que llegó el momento de oficializar la apertura de un proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, después de casi un año de encuentros exploratorios. Según lo han dicho públicamente miembros del equipo negociador, el gobierno está agotando su capacidad política para que el proceso con el ELN sea parte del esfuerzo que busca poner fin al conflicto en el futuro próximo y, arriesgando una interpretación, el ELN habrá comprendido que esta oportunidad es la última, la única y es ahora.

Lo aprendido en La Habana serviría en primer lugar para llegar a este punto con el ELN con una agenda acotada y consensuada -lo que no es un logro menor- y con la premura de la fecha pactada con las FARC. Sin embargo, es necesario reiterar que poner fin al conflicto con las guerrillas no significa superar las distintas formas de violencia que enfrentamos los colombianos.

Corriendo el azaroso riesgo de la simplificación, se puede pensar que el posconflicto es el periodo de transición en el cual se siembran las bases para la paz, mediante la implementación de lo acordado entre las partes. Ese proceso debe contar con una legitimidad institucional capaz de cambiar el rumbo del país y con una sociedad comprometida con la construcción de la paz como un proyecto nacional sin que esto implique renunciar a las distintas concepciones del mundo, a las diferentes formas de materialización de las ideas y a las diversas posturas políticas.

Por su complejidad se necesita sostener espacios de diálogo amplio, público, propositivo, informado y serio al respecto de los desafíos del posconflicto, de la experiencia internacional, costos, fuentes de financiación, tiempos de duración y sobre los riesgos relacionados a un fracaso.

Serán muchos y diversos los retos que enfrentaremos como nación en ese periodo, por lo mismo, bien vale la pena recoger lo que conocedores, analistas y expertos en negociaciones de paz han señalado como condiciones sine qua non para garantizar el éxito en el periodo de transición en Colombia:

– Fortalecer la institucionalidad local y nacional para que sea capaz de tener manifestaciones integrales que de manera armónica y funcionalmente efectivas estén al servicio de los ciudadanos;

– Acompañar y orientar a las víctimas, a sus organizaciones, a grupos poblacionales con necesidades de protección específicas y comunidades en el conocimiento de sus derechos;

– Garantizar un proceso de mayor celeridad y efectividad en la atención a víctimas y generar mecanismos eficientes en el proceso de restitución de tierras;

– Llenar de Estado todo el territorio nacional para controlar a los poderes locales de facto y sus economías ilegales, en especial en aquellos territorios estratégicos;

– Garantizar una oferta institucional capaz de evitar que los excombatientes terminen alimentando las dinámicas de delincuencia común o de la criminalidad organizada;

– Diseñar e implementar un programa de reintegración a la vida civil de los excombatientes guerrilleros con visión de largo plazo y desde lo acordado en las Mesas;

– Garantizar el escenario de seguridad individual y colectiva para la participación política de los excombatientes que evite la repetición de una historia tan nefasta como la de la Unión Patriótica;

– Generar mecanismos efectivos para la inclusión de diferentes fuerzas sociales que históricamente han visto vulnerados sus derechos: los indígenas, afrocolombianos, campesinos y trabajadores entre otros;

– Diseñar mecanismos efectivos para combatir la corrupción y la impunidad;

– Acometer en el mediano plazo reformas de la fuerza pública acordes a las nueva realidad del país;

– Trabajar de la mano de instituciones públicas y privadas con experiencia, conocimiento del territorio;

– Fortalecer el trabajo en recuperación de medios de vida en zonas con presencia histórica de las guerrillas;

– Enfatizar los análisis sobre la evolución de conflictos en áreas urbanas y hacer seguimiento de las nuevas formas de violencia para enfrentarlas en sus inicios, y

– Desarrollar una estrategia única con los actores de la comunidad internacional, entre otros

Por mucho que se logre avanzar en las condiciones arriba anotadas, no serán garantía del fin de la violencia, por el contrario, cuando se revisa la experiencia internacional en los procesos de negociación con grupos armados, se encuentra un deterioro en los índices de seguridad; la violencia puede ser incluso mayor y pueden profundizarse formas de conflictividades incipientes. 

Esto en parte se explica porque al interior de las guerrillas es probable que existan discrepancias y tensiones que lleven a desmovilizaciones parciales y a que persistan reductos de violencia en el post acuerdo. Según la experiencia internacional se habla de que esa disidencia alcanza aproximadamente entre el 10 y el 40 por ciento[1].  También se debe anotar que si no se cuenta con una fortalecida capacidad estatal, será imposible copar todos los espacios dejados por las guerrillas y si no es el Estado pues será la criminalidad quien los cope y, en ese sentido, el peso de las Bacrim es importante.

No obstante lo anterior, si se mira la historia de las FARC y del ELN y lo expresado en La Habana, la guerrilla ha desarrollado un sistema de mando y control que parece efectivo, de tal manera que de darse la firma del acuerdo final, es probable que un alto porcentaje de sus miembros den el paso hacia la legalidad.

En todo caso, después de implementarse el Acuerdo, esa disidencia (al igual que toda la criminalidad) debería quedar expuesta a toda la fuerza de la ley. Esto quiere decir que más que nunca se requerirá de una fuerza pública capaz de combatirla; un Sistema de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal capaz de procesarla y un Sistema Carcelario capaz castigar los crímenes pero siendo competente en la resocialización de las personas. Avanzar efectivamente hacia una consolidación territorial disminuirá el riesgo sobreviniente de que la criminalidad crezca de manera exponencial.

Pero también hay desafíos que no son tan obvios uno de ellos es que la sociedad en todos sus niveles sienta que el Estado en todos sus niveles y a partir de una fortalecida institucionalidad, está haciendo la tarea pendiente de cambiar las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales que han alimentado el conflicto durante décadas.  

El proceso de paz debe ser garantía de proscribir de la política el uso de la violencia y con ello será posible superar uno de los grandes daños que le ha hecho esta guerra: haber estigmatizado todos los conflictos como si fueran una extensión del conflicto armado, al punto de que también por décadas se ha criminalizado la protesta social legítima.

Este es el escenario en que gobernarán las nuevas autoridades locales, su papel será vital para comenzar a enfrentar los conflictos sin armas y hacer la política sin violencia.