Los ataques hechos por el Estado Mayor Central (EMC) en el Cauca durante el fin de semana del 12 y 13 de agosto, en los cuales cuatro policías fueron asesinados, solo empeoraron la sensación actual en la opinión pública de que la seguridad va mal, y que quizá con estos grupos no hay que negociar. 

Esos atentados del EMC por ser carros bombas, independientemente del saldo de víctimas que dejen, suelen causar un impacto político importante y particular por su aspecto público y “sensacional”.

De ahí que el presidente Petro decidiera mandar más militares y policías para el departamento, una respuesta que en el pasado él mismo ha criticado como inefectiva.

La escalada en los ataques por parte del EMC desde que se acabó su cese bilateral con el gobierno abre la pregunta: ¿Qué tan fuertes están en lo militar? Hasta finales del 2022 no habían atacado con mucha frecuencia a la Fuerza Pública, pues sus disputas han estado con otros grupos armados ilegales.

Quizá la única excepción habría sido en el municipio de Argelia, Cauca, donde por 70 días, a finales del 2021, el frente Carlos Patiño y el Ejército se enfrentaron sin parar a raíz de una ofensiva de este último.

Para medir el poder del EMC, lo primero es reconocer que desde que se fundó, en el 2016, solo ha venido creciendo, a pesar de las diferentes estrategias militares y políticas de seguridad, incluso durante este gobierno de Petro.

Ese crecimiento hay que verlo con lupa, para entender sus claves y como esto puede afectar la negociación entre el actual gobierno y el EMC.

Las unidades militares del EMC

En la siguiente tabla, se ven las unidades del EMC, sus mandos (donde se conocen), su área general de operación y su año de creación. 

  • * El Frente Carolina Ramírez, en algunos comunicados, dice pertenecer un bloque suroriental, pero sería la única unidad. Por ahora, lo mantenemos aquí.
  • ** En proceso de confirmación.
  • *** No está claro qué esta unidad sigue existiendo.

Como la tabla muestra, el EMC ha seguido su proceso de expansión bajo el gobierno Petro, pero las nuevas unidades creadas en el 2023, o a finales del 2022, siguen siendo bastante pequeñas y con poco poder militar, si se comparan con los frentes y las columnas en el suroccidente o suroriente, por ejemplo.

Sin embargo, lo preocupante es que este gobierno no ha podido cambiar esa tendencia del EMC.

El como hacerlo sigue siendo un tema difícil de discusión: la aproximación del gobierno de Santos se basó en una serie de “planes” para retomar las zonas “dejadas” por las Farc-EP, planes que realmente no fueron desarrollados.

La del gobierno de Duque fue una estrategia de enfrentamiento militar: “neutralizar” a blancos de alto valor y acabar con el narcotráfico, cosa que tampoco funcionó, como la tabla bien lo muestra, el EMC se expandió y se fortaleció en varias regiones sin mucha resistencia.

El gobierno de Petro tiene una nueva política de seguridad que aún no aterriza del todo, pero que se enfoca en la seguridad humana y la protección de la población mientras ataca fuertemente a las economías ilegales. 

Puede tener un efecto en el futuro sobre esta disidencia (siempre y cuando se enlace estratégicamente con la “política” de “paz total”). Aunque por ahora solo es posible que haya ralentizado la creación de nuevas unidades del EMC, en ningún sentido parece haber obstaculizado el aumento del control político del territorio y la gobernanza ejercida por este grupo.

También la evidencia de diferentes territorios del país señala que el EMC ha aumentado su reclutamiento, incluso de menores de 18 años, con el fin de fortalecer a sus unidades. El caso de los cuatro menores indígenas asesinados por el Frente Carolina Ramírez es quizá una muestra brutal de esa práctica. Los reportes de un aumento del reclutamiento vienen de Guaviare, Cauca, Nariño, Caquetá y Norte de Santander, entre otros lugares.

Es importante señalar que el EMC ha afirmado que solo fueron dos los menores de 18 años indígenas – en vez de 4 – y que un soldado infiltró al Frente Carolina Ramírez y trató de convencer a dos jóvenes de que hicieran inteligencia sobre los mandos de esta unidad y desertaran con el armamento, lo cual llevó a ejecutarlo.

El fortalecimiento del EMC se ha visto justo en este tema porque pasaron de tener unos 300 miembros en el 2016 a contar con 3.530 miembros en el 2023 (tanto en combatientes como en redes de milicianos), según cifras del gobierno. Es decir, habría crecido casi 1.100% el número de miembros en siete años.

Finalmente, hay que considerar que las finanzas del EMC son enormes, y le han permitido reclutar más miembros, comprar más y mejor armamento y mantener las disputas que tienen con otros grupos en diferentes zonas del país.

Para dar unos ejemplos, y antes de la “crisis de la coca”, según diferentes fuentes, unidades del EMC recogían $3 mil millones a la semana entre Argelia y el Tambo por sus impuestos al narcotráfico.

Solo por el río Inírida, en Guaviare, fuentes aseguraban que recibían $1 mil millones al mes, un financiero “de bajo” nivel podría obtener $100 millones al mes en Meta o Caquetá. Esto sin hablar de los vínculos de diferente tipo con economías ilegales en Nariño, Arauca y Catatumbo.

Sin embargo, la cantidad de finanzas no es directamente proporcional a la posibilidad de ganar estas guerras locales, es decir, no necesariamente gana el que tenga más plata, pues influyen otros factores como la experiencia militar, la calidad de los reclutas, la base social o de colaboradores con que cuenta un grupo y si tiene apoyo externo, entre otros.

Estos tres temas, la expansión en el territorio bajo su control y en el número de unidades, el aumento de miembros de la organización y las rentas financieras importantes), reflejan el poder militar que ha logrado el EMC.

Buena parte de este poder ha estado “latente”, pues en varias zonas ha optado por no enfrentarse con la Fuerza Pública. Ahora que lo está haciendo, no es una sorpresa que los enfrentamientos ocurran principalmente en lugares como Cauca, donde sus unidades han estado militarmente más activas contra la Fuerza Pública que en cualquier otro lugar del país.

Acciones en Nariño y Caquetá también son un reflejo de la dinámica militar entre la Fuerza Pública y el EMC durante los últimos cuatro o cinco años, donde esta disidencia ha atacado a los militares y policía, pero en menor medida.

Cabe señalar que, aunque ha crecido, el EMC no ha logrado el poder militar que tenían las Farc-EP antes del Acuerdo de Paz del 2016. El territorio bajo su control, el número de miembros y probablemente sus finanzas no han llegado al nivel de la extinta guerrilla, sin olvidar que el EMC solo tiene siete años de existencia.

Adicionalmente, esta disidencia sigue en desventaja militar con el Estado, a pesar de lo aquí analizado.

Vale la pena hacer un análisis detenido y corto sobre el Catatumbo. Allí el poder del frente 33 es impresionante, no solo en lo militar. Ha sido responsable de algunos ataques de alto perfil (como el que ocurrió contra el helicóptero del entonces presidente Duque), y su poder político es particularmente alto.

En la zona han “combatido” el consumo y venta de drogas, los ladrones y otros crímenes, e incluso cuentan con al menos tres “centros de rehabilitación” donde llevan a los criminales para “castigarlos” por sus ofensas.

Algunas fuentes de la zona afirman que así han ganado el apoyo de parte de la población local. También se dice que el Frente 33 tiene miembros particularmente disciplinados, o más que los “elenos” por lo menos.

Es fundamental tener en cuenta que desde el final del cese bilateral, el 30 de junio de este año, ha habido pocos ataques contra la Fuerza Pública en Catatumbo, salvo los últimos días. Esto es clave porque Andrey,el comandante del frente 33, es el jefe negociador del EMC. Este aumento de atentados, por ende, puede ser una señal de cambios en la actitud del EMC frente a la paz y al proceso de negociación en el que está inmerso.

La guerra y la paz 

Otra pregunta que resulta de este análisis y de la situación actual de enfrentamiento militar entre el EMC y la Fuerza Pública es, ¿qué pasa y qué hacer con el proceso exploratorio de paz?

Hay dos puntos importantes frente a la relación entre esta confrontación reciente y el proceso de negociación. En primer lugar, la presión militar es una palanca para que una negociación pueda avanzar y, hasta cierto punto, esta fue la lógica de Petro cuando “terminó” el cese en Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, después de la masacre de los cuatro menores indígenas. Y, sin duda, la presión militar puede jugar esta función.

Sin embargo, no es tan simple como que aumenta la presión, aumenta el interés del EMC en negociar de verdad. La efectividad de la presión militar es limitada. Por ejemplo, el EMC estuvo bajo presión militar durante el gobierno de Duque, pero pudo fortalecerse sin mayores problemas.

Además este gobierno renunció a utilizar por razones morales (muy entendibles) los bombardeos, que es quizá la ventaja militar más importante del Estado.

También llega un punto en el que la presión militar pasa de empujar a los grupos armados hacia una mesa de negociación a minar la confianza entre las partes. La falta de confianza puede ser suficiente para acabar el proceso, si no se obra con cuidado.

Además, la fuerza pública al golpear al EMC no parece buscar que negocie, sino golpearlo para tratar de acabarlo o debilitarlo tanto que negociar ya no sea una opción.

En segundo lugar, dada esta coyuntura, saber qué hacer para que avancen las negociaciones es bastante difícil. Negociar un nuevo cese bilateral completo y con un cese de hostilidades parece imposible en este momento. Debe seguir siendo la meta, pero sería más fructífero trazar un camino de compromisos parciales para llegar hasta ahí.

Se puede pensar un estilo de “cese gradual” (que ha sido propuesto en otros procesos de negociación recientes), lo cual incluiría algunos compromisos de desescalamiento de la violencia, que son cumplibles para ambas partes, para crear confianza y sobre los cuales se pueden ir sumando otros compromisos en la medida en que se avance.

La gran pregunta aquí entonces es: ¿Dónde empezar?