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El pasado 13 de abril, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció en Barranquilla que establecerían una “vigilancia permanente” en el departamento del Atlántico con el fin de contener delitos como el homicidio, el hurto y la extorsión. Al tiempo, afirmó que “Barranquilla es una región de salida de droga y aquí el problema fundamental es el narcotráfico”.
Esta es la primera vez que un funcionario público de alto nivel reconoce a la ciudad como una plataforma permanente de exportación de clorhidrato de cocaína. Dado que esta declaración del ministro contrasta con una narrativa de la institucionalidad local que se ha movido entre la negación y la subvaloración del problema, es sin duda un avance hacia una mejor estructuración de la política de seguridad local.
Sin embargo, es necesario tener cuidado con abrazar narrativas unicausales de la inseguridad en la ciudad. Por un lado, enfrentar al narcotráfico es una necesidad urgente y concentrar esfuerzos institucionales para hacerlo es bienvenido e importante.
Por otro lado, incluso si esos esfuerzos logran desactivar las rutas de narcotráfico, es probable que Barranquilla siga siendo una ciudad insegura dado que el problema en la ciudad, contrario a lo dicho por el ministro, no es solo el narcotráfico.
El narcotráfico es un problema, pero no el único
No vamos a negar lo evidente: por Barranquilla se mueve gran parte del clorhidrato de cocaína que sale por el norte del país. Eso lo hemos dicho tanto en otras columnas como en nuestro trabajo académico. El ministro Velásquez confirmó esta información.
Según dijo, hay al menos 14 puertos en la ciudad por donde sale la droga, con 10 de ellos sin vigilancia permanente. Asumimos que el siguiente paso será incrementar también la vigilancia en los municipios costeros (Puerto Colombia, Juan de Acosta y Tubará), por cuyas playas también se exporta clorhidrato de cocaína por medio de lanchas rápidas. Si esto se hace, se estará golpeando fuertemente a los grupos armados que se lucran del narcotráfico en el departamento.
Ahora, concentrarse en los puertos puede hacer que el éxito o fracaso de la intervención estatal se mida a través de un único indicador: número de kilos incautados. Por más que ese indicador sea útil para vender la idea de que se está haciendo algo, el impacto es limitado. En Colombia llevamos años contando incautaciones y todavía gran parte de la cocaína que se produce en el mundo viene de Colombia.
Además, como explicamos en otra columna, en Barranquilla solo el primer nivel de las jerarquías criminales está totalmente involucrado en el narcotráfico. Por supuesto, las organizaciones de segundo nivel realizan tareas logísticas y de protección de los cargamentos, pero los realmente beneficiados solo son los del nivel 1. Un montón de otras organizaciones perderán parte de sus ingresos, pero seguirán extrayendo otras rentas.
El resto de los problemas
En Barranquilla, una de las rentas que más sostiene a los grupos armados es el microtráfico. Aunque no tenemos estimaciones muy fiables por lo oscuro del negocio, según un reportaje de La Liga Contra el Silencio publicado en el 2021, las ganancias del microtráfico pueden ser de hasta 114.000 millones de pesos al año para todos los que participan.
Cada olla de vicio puede pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos a los grupos más grandes (principalmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Costeños), lo que implica que solo por cobrar esas cuotas podrían obtener entre 5.000 y 7.000 millones de pesos al año. Dicho esto, no es sorprendente que muchas de las guerras criminales que se libran en la ciudad sean por perseguir las rentas del microtráfico.
Además del microtráfico, la mayoría de estas organizaciones criminales son también las principales responsables de la extorsión en la ciudad. Aunque tampoco sabemos con certeza cuánto ganan los grupos armados por esta renta, solo en el 2005 los tenderos reportaron haber pagado alrededor de 3.000 millones de pesos por extorsión a las AUC.
Casi veinte años después, el problema sigue haciendo cerrar negocios, como contamos en una columna hace un mes. Es entonces lógico suponer que la extorsión es una renta tan o más lucrativa que el mismo microtráfico.
Una tercera renta que sostiene a estos grupos armados en el departamento es el robo o despojo de tierras. A pesar de que este es un delito del que poco se habla en los medios, estimamos que representa un método muy efectivo tanto para lavar dineros provenientes de otras rentas, como para incrementar el capital económico de los miembros de estos grupos criminales.
Hace poco, la Fiscalía incautó propiedades de Los Costeños que estaban avaluadas en 115.000 millones de pesos. Si suponemos que una parte de esas propiedades fueron despojadas, entonces es lógico pensar que esta es una fuente importante de riqueza para la organización. Además, lograr el despojo implica que hay una estructura de agentes locales como notarios, registradores de instrumentos públicos e inspectores de policía aliados con el grupo armado.
Finalmente, no se puede olvidar que aunque estos grupos armados están principalmente interesados en rentas de alto nivel como las mencionadas, gran parte de la delincuencia común en la ciudad está estructurada también por ellos.
En una investigación en curso hemos identificado que personas dedicadas al sicariato o al hurto a mano armada tienen que pagar cuotas para hacerlo en ciertos sectores. No tenemos estimado de cuánto puede representar esto financieramente, pero es claro que el control sobre el mundo criminal es también una fuente de ingresos importante como para que estos grupos ejerzan violencia contra delincuentes comunes cuando no pagan sus cuotas.
Combate desde todos los frentes
Con todo esto no queremos desincentivar a los gobiernos nacional y departamental en su labor de combate al narcotráfico. ¡Por supuesto que necesitamos más vigilancia en los puertos! Sin embargo, queremos llevarlos a que abracen narrativas complejas porque la violencia en la ciudad es así de difícil.
Recientemente, varias acciones han ido en la dirección correcta: se han capturado varios miembros de Los Costeños, se han perseguido sus bienes financieros y se ha intentado aislar a los principales líderes de grupos criminales en las cárceles.
El camino a seguir debería ser similar: reconocer y atacar las redes que sostienen a estos grupos criminales, incluyendo desde los delincuentes comunes que les pagan por vender drogas o ejecutar otros delitos, hasta los oficiales en cárceles y juzgados que les permiten despojar tierras y comunicarse con sus filas estando presos.
El crimen en la ciudad está compuesto por una compleja red de participantes, así que al atacar solo a algunos se corre el riesgo de, indirectamente, fortalecer a otros. Ojalá el reconocimiento del narcotráfico en la ciudad sea un punto de partida para una política de seguridad que niegue menos, reconozca más y actúe con un diagnóstico más efectivo de la ilegalidad.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
