El triunfo de Petro cuestiona el status político de la guerrilla

En este gobierno, el delito político para las disidencias debería desaparecer por sustracción de materia y los guerrilleros deberían ser tratados como delincuentes comunes. La razón es que por definición, la subversión es cuando un grupo se alza en armas contra el régimen con el fin de cambiarlo por otro de ideología diferente y supuestamente mejor. Pero ahora Colombia tiene un gobierno de izquierda, al igual que la guerrilla.

Entonces, ontológicamente, no puede haber una subversión de la izquierda contra la izquierda. Lo que habría serían matices, diferentes énfasis, distintas prioridades, pero las ideas políticas esenciales son las mismas, de manera que no puede hablarse de otro sistema y entonces no puede hablarse de guerrilla.

Condensando la ley y la jurisprudencia, se podría concluir que el delito político es aquel crimen que mediante el empleo de las armas pretende derrocar al gobierno para cambiar el régimen por otro diferente que el autor considera más bueno.

Esta conclusión hace entrar en línea de cuenta varias preguntas:

• ¿El nuevo sistema de gobierno que el ELN o las disidencias de las Farc quieren implementar es distinto al sistema de gobierno del presidente Petro?

La respuesta es no, no es distinto, es afín. En efecto, de ganar por las armas, la guerrilla implementaría un régimen similar al actual, solo que más radical. Harían más reformas: tributaria, laboral, pensional, política y de salud.

No habría un salto cualitativo, sino que sería más de lo mismo, pero extremo. La afinidad ideológica entre el gobierno Petro y el ELN es incluso confesada: el 22 de noviembre de 2022 Otty Patiño, jefe negociador del gobierno Petro con la guerrilla del ELN, dijo:

“No es solamente una simpatía entre la comisión sino también una simpatía política indudable que hay entre la delegación del ELN y el actual gobierno. Una simpatía que parece obvia, no podemos vernos como enemigos”.

Es más, el actual presidente Petro antes era guerrillero de izquierda que incurría en el delito de rebelión, igual que las Farc y el ELN. La guerrilla y el gobierno coinciden en predicar los ideales de amor al prójimo, defensa de la vida, justicia social, piedad por los débiles, conservación de los recursos naturales, mayor tributación de los llamados “ricos”, limitación al capitalismo y pretensiones de paz (qué virtuosos estos sueños que se pronuncian con palabras como compensación a la falta de ellos, “la palabra en el lugar de la falta” diría un psicoanalista).

En el plano de las ideas abstractas existe pues una “simpatía política indudable” entre ellos. Y de hecho preocupa que el gobierno, en los recientes diálogos con el ELN en México, haya accedido a la petición de la guerrilla de reconsiderar el modelo económico del país, y reconsiderar todo, como para refundar la patria entre ellos dos.

• ¿La presunta nobleza de esa simpatía política entre ellos justifica sus acciones?

La respuesta es no. Que guerrilla y gobierno (y la izquierda en general, tanto la blanda como la dura) prediquen estos nobles y altruistas ideales no significa que realmente crean en ellos, que su accionar sea coherente con ellos o que el fin justifique utilizar cualquier medio para alcanzarlos.

De hecho la nobleza de su remedio mágico y definitivo a todos los problemas se convierte en un paraguas para justificar los peores delitos contra la humanidad. Como dice Isaías Berlín, la posibilidad de una solución final resulta ser “una ilusión muy peligrosa.

Pues si uno cree realmente que es posible solución semejante, es seguro que ningún coste sería excesivo para conseguir que se aplicase: lograr que la humanidad sea justa, feliz, creadora y armónica para siempre, ¿qué precio podría ser demasiado alto con tal de conseguirlo? Con tal de hacer esa tortilla, no puede haber, seguro, ningún límite en el número de huevos para romper”.

• ¿Cualquier grupo puede, por sí y ante sí, alzarse en armas para concretar sus ideales políticos?

La respuesta es no. Es curioso que la guerrilla se nombre a sí misma la intérprete del pueblo sin que nadie del pueblo le haya otorgado esa legitimidad. Actuando en presunto nombre del pueblo la guerrilla comete los peores crímenes contra el pueblo, y de hecho hoy cada colombiano, uno por uno, es menos rico o más pobre, en varios millones de pesos, por cuenta de la guerrilla, sobre todo por las Farc.

Para no ir muy lejos, en abril Andrey Avendaño, Jefe del Frente 33 y delegado de la disidencia del Estado Mayor Central de las Farc (comandado por Iván Mordisco), dijo:

“Por eso decimos: somos las mismas Farc, la gente nos decía que las causas que generaron el conflicto armado estaban vigentes y que debíamos volvernos a armar. Lo que hicimos fue responder a ese clamor”.

Pero ¿quién es “la gente” y cuál es ese “clamor”? Eso es toda una locura, la gente en Colombia no quiere la guerrilla y su clamor es que dejen de matar. En todo caso el alzamiento en armas no es un derecho ni una causa justa sino una elección política y, como toda elección, existe el deber moral y jurídico de asumir las consecuencias de esa escogencia.

No puede ser posible que cualquier persona se levante un día soñando que es la intérprete de Dios o de los muertos o de lo que sea, y que por ese ungimiento divino se puede alzar en armas, y así lo elige.

Un delincuente no puede autodenominarse como sujeto de delito político. Se requieren varias condiciones para que este tipo de delito se aplique a una persona, por ejemplo tener al frente un gobierno tirano o fascista que se quiere cambiar, que no es el caso de Colombia.

Con el ELN, por ejemplo, habría que preguntarse si son realmente guerrilleros que se financian con el narcotráfico o si son más bien narcotraficantes que se disfrazan de guerrilleros.

Por último, cuando se hacen encuestas o se dejan contar en las elecciones, el pueblo rechaza rotundamente a la guerrilla. Pero ella se cree ese cuento, esa narrativa, esa ficción. Por eso es posible afirmar que la guerrilla es el error armado.

• Ahora bien, ¿el ELN y las disidencias de las Farc incurren en la actualidad en delitos políticos o en delincuencia común?

La respuesta es que ellos incurren en delincuencia común. La guerrilla al no querer cambiar el sistema, sino solo profundizarlo, pero por las armas, deja de cometer crímenes políticos y pasa a perpetrar delincuencia común, ya que no reúne uno de los requisitos estructurales de la definición del delito político: no busca cambiar el régimen por otro distinto.

Y si el ELN y las disidencias de las Farc son delincuentes comunes, ¿se puede celebrar con ellos un acuerdo de paz?

La respuesta es que no. La delincuencia común no pacta acuerdos de paz, ni amnistías, ni indultos, como lo recordó la Corte Constitucional en la jurisprudencia arriba citada, sino únicamente beneficios carcelarios que se le pueden otorgar a cualquier delincuente.

• Si el ELN y las disidencias de las Farc no son una milicia contra el sistema sino “para” ir en la misma vía que el sistema, entonces ¿qué son?

La respuesta es que son como una suerte de paramilitares de izquierda. Una de las diferencias entre los paramilitares y la guerrilla era que los primeros estaban con el régimen y los segundos buscaban modificarlo por otro régimen distinto. Eso cambió al ganar la izquierda las elecciones. Cosas de la vida, ahora los paramilitares están tan cerca de ser guerrilleros, como la guerrilla de ser paramilitares. En el fondo la diferencia no es mucha: ambos son traquetos.

Si guerrilleros de izquierda asesinan líderes sociales y si se considera también que a Petro como presidente le corresponde “dirigir la fuerza pública” y “conservar el orden público” (art. 189 numerales 3 y 4 de la Constitución), entonces los jóvenes que protestan en las calles y la primera línea ¿dirán que “nos están matando” o deberían decir “los estamos matando”?

Y de los defensores de derechos humanos asesinados este año, uno cada tres días, ¿también dirán “los estamos matando”? y de los niños muertos de hambre en La Guajira en este gobierno, ¿dirán igualmente que “los estamos matando”?

Siendo consecuentes, las personas que hacen paros deberían decir: “los estamos matando”. Pues, si están en el poder y el poder es el que mata, entonces deberían hablar en primera persona del plural: nosotros.

Concluyendo, en sana lógica, el actual gobierno de izquierda negocia con delincuentes comunes e incurre en las violaciones de derechos que antes imputaba a la derecha. Lo grave es que la situación de orden público se está saliendo de control, la gente está hoy más insegura y hay mayores riesgos para sus derechos y libertades. La opinión pública pide seguridad y orden.

La paz es una condición que posibilita el goce efectivo de los demás derechos y libertades, pues en guerra todo se limita. Pero no se trata de la paz por la paz, como un fin en sí mismo, sino que lo más importante es tener derechos y libertades, los cuales se desarrollan de una mejor manera a través de un ambiente de paz.

Pero la paz pasa por la seguridad y por el orden. La guerrilla y los grupos armados ilegales están desatados. Mucha gente hoy en el país está preocupada, insegura, con gran incertidumbre.

No se pueden sacrificar los derechos y libertades en el altar de la paz. De manera que los derechos y libertades fundamentales de la gente están por encima de la guerra contra los guerrilleros y contra los narcotraficantes, están por encima de la paz total, están por encima de cualquier cosa.

Es bueno que se reflexione en torno a esto, ahora que, respecto de la paz total, el gobierno, con todo y su nuevo gabinete, va pasando de creer que sabe a saber que cree.