Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El ELN ha sido responsabilizado por la Guardia de Finanza italiana; la Policía colombiana; la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos; y la Guardia Civil española de introducir 700 kilos de cocaína a Europa, a través de la región de Calabria en el Sur de Italia.
Esta operación coordinada contra el crimen transnacional, deja al descubierto que el ELN es un actor criminal relevante en el trafico de narcóticos. De acuerdo con la Guardia de Finanza italiana, el alijo de cocaína incautado fue de 700 kilos, y está valorado en 80 millones de dólares al ser puesto en las calles de Europa.
Por lo tanto, cuando se realiza la conversión a moneda colombiana, este monto asciende a los $320 mil millones. A manera de caracterizar esta cifra, esto representa cuatro veces y media el valor de los recursos perdidos por el escándalo de Centros Poblados, donde se presentaron garantías falsas para ganarse un anticipo por 70.000 millones de pesos, con destino a conectar digitalmente a las poblaciones vulnerables en zonas rurales del país.
| Cantidad | Dólares | Pesos |
| 700 | U$ 80.000.000 | $ 320.000.000.000 |
| Kilo | U$ 114.286 | $ 457.142.857 |
| Gramo | U$ 114 | $ 457.142 |
En otras palabras, las actividades ilícitas del ELN dejan 4,5 veces más ganancias a esta organización que la corrupción de cuello blanco. Con el agravante de que la producción de drogas ilícitas se da en zonas donde habita población vulnerable víctima de la violencia.
A su vez, el gobierno prosigue con las negociaciones con el ELN, sin tener una hoja de ruta. La clara demostración de esta afirmación es el repliegue que el Ministerio de Defensa le ha impuesto a la Fuerza Pública. Mientras, el ELN continúa avanzando en el control poblacional y territorial en Arauca, Catatumbo, el Pacífico Nariñense y sostiene una disputa de expansión contra el Clan del Golfo.
Asimismo, este alijo de drogas incautado en Italia demuestra que el mercado criminal del narcotráfico es uno de los brazos que financia a esta organización criminal. Al tiempo, el presidente Gustavo Petro sostiene la tesis de que son los narcotraficantes los que no quieren la Paz Total, como si los traficantes fueran una organización no relacionada con el movimiento insurgente.
Sin embargo, son la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) los verdaderos narcotraficantes, que controlan la producción, transformación y comercialización de las drogas ilícitas.
Por esta razón, la política de ‘paz total’ se ha convertido en una intervención de política pública que termina por incentivar la violencia y rezaga el desarrollo económico. Se supone que en un diálogo de paz se busca desmovilizar a los actores armados y, por ende, debe conducir a mejoras en el bienestar de la población.
Ahora, para que un diálogo de paz conduzca a resultados positivos en los ciudadanos, debe respetar la estrategia militar. Es decir, el Estado debe imponer las condiciones reduciendo las capacidades militares de los grupos armados. Esto implica suprimir los centros de mando y control, cortar la línea logística, provocar el mayor daño en la estructura de combatientes, reducir el número de infiltrados dentro de la población, imponer la superioridad aérea mediante bombardeos estratégicos y realizar fuego de saturación sobre el grueso de los frentes donde se ubica el ELN.
Obviamente, nada de esto ha sucedido porque es la ideología la que prima y no el pensamiento estratégico, para lograr alcanzar el punto de no retorno en la negociación. Por lo tanto, el gobierno y todo el país está a la merced del ELN que, con la expansión de sus utilidades financieras producto de sus actividades delictivas, puede sostener un esfuerzo bélico en contra de la población e imponer sus condiciones.
El segundo error que comete el gobierno en su política de paz es debilitar las capacidades de las FF.AA. como lo muestra la caída del pie de fuerza. Además, en 2023 se dio un recorte presupuestal de casi un billón de pesos, tal como lo anunció el presidente Petro “ceder espacio presupuestal a otros sectores para la implementación de programas y proyectos estratégicos para el país”.
Esta frase es problemática porque muestra una incapacidad para asociar conceptos estratégicos. La defensa y seguridad generan riqueza. Un país donde es riesgoso realizar inversiones, a la postre lleva a que aumente el desempleo, caiga el recaudo tributario, aumente la tasa de cambio y como consecuencia un aumento en la inflación.
Así que la política de ‘paz total’ bajo estas condiciones va a causar efectos nocivos en la seguridad y en la política social; en momentos en que se prevé una recesión económica.
Es preocupante que el gobierno no comprenda cómo funciona la estructura de negocios del crimen organizado, y ceda ante el ELN. Mientras este diversifica su portafolio de actividades delictivas.
De igual forma, el mercado criminal sigue los principios de maximizar beneficios y minimizar costos. Esto implica que existe una parte de la cadena del narcotráfico que invierte un capital de riesgo, a cambio de recibir una mayor utilidad monetaria. Este grupo tiene conexiones con el mercado internacional del crimen organizado que posee estos capitales de inversión.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) deberían haber identificado a los inversores internacionales, que vienen a realizar acuerdos económicos criminales. Pero según se puede apreciar, la inteligencia de estas agencias brilla por su ausencia.
La Uiaf se dedica a foros académicos sobre la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y al “compliance” o planes para mitigar la corrupción; pero poco o nada han intervenido en las finanzas de los grupos armados y las bandas criminales.
Por la misma línea, la DNI no anticipó la situación del norte de Cauca; o según reposa en un derecho de petición realizado por Cambio Radical y que no respondió “Si era cierto, sí o no, que la dirección realizaba chuzadas ilegales, perfilamientos, seguimientos a periodistas, miembros activos y en retiro de la Fuerza Pública y a miembros de la oposición”.
En esencia, el Estado está desarrollando una política de paz sin estrategia ni información sobre las actividades ilegales de los grupos armados y bandas criminales. Esto deriva en graves problemas de seguridad que podrían conducir a una escalada de violencia, similar a la ocurrida en la década de 1990.
Finalmente, la política antidrogas presentada por el gobierno afirma que la interdicción es la prioridad. Pero, la evidencia señala que mientras los golpes al mercado del narcotráfico aumentaron durante el mandato de Duque con Petro han disminuido, como consecuencia del crecimiento de la producción potencial de cocaína y una desaceleración en las incautaciones, tal como se aprecia en el gráfico.
En conclusión, la reducción de las capacidades de las FF.AA. y la política de ‘paz total’ están conduciendo que el ELN tenga más recursos disponibles. Esto afectará las fuentes de empleo e inversión.
Si el gobierno no corrige el rumbo de su política de seguridad, y armoniza el proceso de paz con un pensamiento estratégico, Colombia podría vivir un nuevo ciclo de violencia que puede ser similar o peor a los ocurridos en el pasado.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
