El nefasto legado de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) incluye un guion de memoria sin paramilitarismo, el retiro de la entidad de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, la renuncia de tres directores técnicos de la dirección del Museo y una edificación sin terminar, a pesar de que se prometió su finalización antes del 7 de agosto de 2022.

Como si fuera poco, durante las semanas pasadas sucedieron dos hechos que rematan su cuestionada gestión. Por un lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que Acevedo incurrió en desacato en cuanto a las medidas cautelares sobre la colección “Voces para transformar a Colombia” y ordenó compulsar copias a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Por otro lado, de acuerdo a El Espectador, el saliente director pidió y aceptó la renuncia protocolaria de todas las cabezas de la entidad a partir del 25 de julio, dejando un vacío significativo pues no hay directivos que puedan entregar el cargo a quienes llegarán a recibirlo en las próximas semanas con la entrada del nuevo Gobierno.

No vale la pena ahondar sobre esta última actitud caprichosa pero elocuente del talante de Acevedo. En cambio, resulta valioso entender las razones detrás de la determinación de la JEP en donde se dan varias señales importantes sobre el derecho a la memoria, la centralidad de la participación de las víctimas y el sentido del Museo de Memoria de Colombia como una medida de satisfacción del Estado colombiano frente a los derechos de verdad, justicia y reparación. Todo lo anterior se complementa de manera importante con las recomendaciones del Informe final de la Comisión de la Verdad en torno a una política de memoria que busque enfrentar la estigmatización y el negacionismo como factores de persistencia de la guerra.

Las víctimas en el centro de la reparación simbólica

Las medidas cautelares son instrumentos para dar pronta y efectiva respuesta a la vulneración real o potencial de un derecho que es controvertido en un proceso judicial, a través de una decisión que debe ser materialmente ejecutada. En el caso de la JEP como tribunal de justicia transicional, se busca proteger los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición. De manera específica, las medidas cautelares pueden ser preventivas (protegen a personas o colectivos que intervienen en la JEP), conservativas (mantienen una situación), anticipativas (restablecen la situación al estado en que se encontraba antes de la vulneración) y suspensivas (detienen procedimientos, actuaciones o actos administrativos).

Para el caso que nos ocupa, en mayo de 2020 la JEP estimó urgente decretar una medida provisional para la preservación y conservación en su totalidad de la colección “Voces para transformar a Colombia”, primer piloto del guion para el Museo de Memoria de Colombia que fue construido y concertado con amplia participación de las víctimas y presentado por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2018.

El tribunal pudo constatar, en una primera instancia, una posible vulneración de los derechos a la memoria, la verdad y la reparación simbólica de las víctimas de la guerra pues en despliegues posteriores al que se hizo en la capital la exhibición sufrió varias modificaciones. Por ejemplo, las metáforas museológicas centrales que giraban en torno al cuerpo, la tierra y el agua se cambiaron y se suprimió un mural en alusión a las víctimas de falsos positivos, según el antiguo director Gonzalo Sánchez.

En el fallo la JEP afirma que “el director del Centro Nacional de Memoria, doctor Darío Acevedo Carmona, durante la vigencia de la medida cautelar hizo caso omiso de lo allí ordenado, no solo mantuvo sino que ahondó la afectación de los derechos de las víctimas que habían participado en la exposición ‘Voces para transformar a Colombia’, lo cual, es claro, fue realizado de manera intencional y plenamente consciente”. 

Es importante anotar que el eje central de la vulneración de derechos no son las modificaciones per se, sino el incumplimiento de los acuerdos a los que se había llegado con las víctimas en la construcción de la exposición. Si uno de los objetivos centrales del museo es la reparación simbólica de las víctimas, reparación que involucra el reconocimiento de su dignidad y sus memorias, el restablecimiento de su buen nombre y sus exigencias de verdad, sus lenguajes culturales y metáforas, entre otros, es con ellas que se construye el museo y se concertan las modificaciones que habrá de aquí en adelante. Nuestra lectura en el presente sobre lo que nos sucedió como país es un ejercicio cambiante y creativo y, por tanto, no tiene sentido concebir un guion estático o una colección permanente que no permita exposiciones itinerantes o modificaciones de ningún tipo. No obstante, el mensaje que da el fallo es claro: cualquier cambio debe coconstruirse o concertarse con las víctimas.

La necesidad de una memoria plural

El informe final “Hay futuro si hay verdad” de la Comisión de la Verdad contempla recomendaciones específicas “para garantizar el derecho a una memoria plural que reconozca las atrocidades del pasado, que contribuya a superar el dolor y el trauma y que haga frente a dinámicas de estigmatización, deshumanización y negacionismo que se estructuran como factores de persistencia” del conflicto. Para ello recomienda la creación y reglamentación del Museo de Memoria de Colombia como una entidad pública de carácter “permanente, autónomo e independiente” que pueda configurarse como “un espacio para una memoria viva que permita las discusiones y preguntas difíciles sobre el pasado”.

Esta recomendación resulta fundamental para el futuro del Cnmh y del Museo, en particular cuando se plantea que sea un espacio dialógico y plural. El problema no es que Acevedo fuera “señalado de uribista y de derecha” como él mismo lo afirma en un trino. El asunto es que las directrices del exdirector restaban visibilidad a ciertas memorias, como aquellas relacionadas con los falsos positivos o el genocidio de la UP, o profundizaban la estigmatización o el correlato de enemigo interno, afianzando la visión en blanco y negro que heredamos de la guerra. Desde mi perspectiva, resulta valioso dar la discusión sobre la doble condición de víctimas y responsables que tantas personas en nuestro país ostentan, como por ejemplo ciertos ganaderos o miembros de la Fuerza Pública que fueron víctimas de minas antipersonal. Sin embargo, esto implica justamente la existencia de un espacio museológico en donde los grises tengan cabida, en donde la pluralidad y la diversidad sean la esencia de nuestra convivencia.  

María Elisa Pinto García es una apasionada por el cambio social, la construcción de paz y la reconciliación a través de metodologías innovadoras desde los campos del arte y la comunicación. Cuenta con más de 14 años de experiencia dirigiendo estrategias creativas basadas en evidencia, en colaboración...