Es urgente una política de interdicción de drogas ilícitas

La Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (Unodc) presentó el informe sobre la situación de cultivos de hoja de coca 2020. En el mismo se reportaron 143 mil hectáreas, lo que representa un descenso del 7 % con relación al 2019. Sin embargo, según este organismo, la productividad (es decir, capacidad de convertir cada hectárea en clorhidrato de cocaína) aumentó un 10 %. Esto implica que los narcotraficantes pueden generar 1.444 toneladas métricas del alcaloide.

La ubicación geográfica de estos cultivos está en el Pacifico nariñense, Bajo Cauca, Norte de Santander y Putumayo, como ya es conocido por las instituciones encargadas de la seguridad y defensa. Estas regiones son el núcleo de los problemas de violencia del país. Allí se desarrollan las estrategias del Programa Nacional con Enfoque Territorial (Pdet) y las Zonas Futuro, que dirige la Consejería para la Estabilización y la Consejería para la Seguridad Nacional, respectivamente.

Estos son esfuerzos que el Gobierno ha realizado por recuperar esas zonas, bajo el enfoque de intervenciones sociales mientras se atacan los cultivos ilícitos por medio de agresivos planes de erradicación forzada que ejecuta la Fuerza Pública. Simultáneamente, con la erradicación voluntaria que se lleva a cabo por medio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). 

Estas labores para atacar el narcotráfico lleva a la reflexión sobre lo que ha venido sucediendo con la cantidad de clorhidrato de cocaína incautada por las Fuerzas Armadas, o también denominada interdicción de alucinógenos.  La serie de tiempo de incautación de cocaína indica que aumentó de forma notable desde 2014, tiempo en el que se negociaba con las Farc. El interrogante que surge es si este incremento en los decomisos se dio por la ampliación de la oferta de cocaína, fruto del desmesurado crecimiento de los cultivos de hoja de coca; o si fue una estrategia del Gobierno que terminó siendo ejecutada por la Fuerza Pública. 

La forma de aproximar una respuesta es mostrar que el Gobierno de la época abandonó la estrategia de erradicación forzada, tal como lo evidencian los resultados que se exponen en el Gráfico uno, por parte de los grupos móviles de erradicación forzada (GME). También se debe recordar que se dio el cese de la aspersión aérea con glifosato, resultado de un fallo de la Corte Constitucional, frente al cual ese Gobierno no colocó mayores objeciones.

En aquel momento, el objetivo era mantener a las Farc en la mesa de negociación. Por lo tanto, efectuar planes de erradicación forzada no era algo que ayudara a calmar los reclamos del otrora grupo armado que, de tanto en tanto, lanzaba amenazas creíbles de abandonar las negociaciones. Al final, eso produjo una explosión de cultivos de hoja de coca; por ende, el potencial de producción de cocaína creció drásticamente.  

De igual forma, las capacidades de las Fuerzas Armadas para realizar interdicción de alucinógenos mejoraron, a la vez que aumentaba la oferta de cocaína, tal como lo muestran los resultados que se aprecian en el Gráfico dos. Pero, cabe destacar que el despliegue de la Fuerza Pública, así como una mayor oferta de drogas ilícitas, dieron como consecuencia que las incautaciones aumentaran de forma sensible y sostenida. Sin embargo, lo interesante que muestra esta serie es que la interdicción se ha mantenido estable desde 2017 hasta la fecha. 

Este comportamiento de la interdicción obedece al objetivo estratégico que ha fijado el Ejecutivo para combatir el mercado criminal del narcotráfico. Este ha tomado como punta de lanza la erradicación manual forzada, producto de la visibilidad que tienen los cultivos ilícitos a nivel internacional y diplomático. No obstante, esta visión tiene dos problemas.

El primero es que ataca la cadena del narcotráfico con menor valor agregado; el segundo, que impacta hogares vulnerables que dependen de los ingresos de las cosechas de hoja de coca. En otras palabras, la política de erradicación forzada no es costo eficiente, debido a que el valor monetario de la cocaína termina llegando a las bandas criminales y grupos armados. A la vez el Gobierno termina cargando con los costos sociales del problema. Mientras tanto, las finanzas ilícitas de estas organizaciones delictivas solo se afectan marginalmente. 

El mapa dos muestra los municipios donde se han dado las incautaciones de alucinógenos durante 2020. Como es de esperar, el Pacífico Nariñense y Catatumbo son las zonas donde hay mayor número de interdicciones de drogas ilícitas. Sin embargo, la otra parte de las incautaciones está en zonas costeras, insulares y fluviales, así como donde están ubicados los aeropuertos y puertos internacionales. Esto implica que la Armada Nacional y su Infantería de Marina son indispensables para lograr golpear la cadena del narcotráfico con mayor valor agregado, tal como lo demuestra la evidencia espacial. 

Una política de interdicción es más eficiente para impactar al crimen organizado y, además, aumenta la gobernabilidad. El Gobierno, ha mantenido una política de erradicación forzada que ha empleado a fondo que, según los resultados sobre metas de eliminación de hectáreas de hoja de coca, se han cumplido, llegando a las 130 mil hectáreas erradicadas manualmente. Esto se puede apreciar en el gráfico tres. 

Pero, para que las Fuerzas Armadas cumplan con estos resultados tienen que emplear a los soldados como erradicadores. Así, varias unidades militares han tenido que disminuir los patrullajes y el control de área debido a que una parte importante de la tropa está en esas labores, que requieren horas de vuelo para los desplazamientos de los uniformados, alimentación, así como la logística propia de las operaciones militares. Significa que la meta de erradicación tiene un costo alto con bajos retornos sociales. Además, se pierden funciones propias de las Fuerzas Armadas; que solo han llevado a un descenso de los cultivos de tan solo 7 por ciento en 2020.

Mientras no haya una política de interdicción, continuarán las falencias para atacar el mercado ilegal del narcotráfico. En la gráfica cuatro, se identifican las series de tiempo sobre la destrucción de laboratorios de semi-síntesis, en donde la pasta de coca se transforma en clorhidrato de cocaína. Por lo tanto, es allí donde el valor agregado crece de forma sensible. A pesar de esta singularidad, la intervención de los mismos se ha mantenido constante a través del tiempo, incluso se han presentado leves disminuciones en el último año.

Este comportamiento de la operatividad de la Fuerza Pública responde a una falta de enfoque estratégico de los distintos gobiernos, porque para dar con estos complejos se requiere fortalecer las capacidades de la inteligencia, además de los insumos que necesitan las Fuerzas Armadas para desmantelar estas estructuras. Pasa de igual forma en los laboratorios de extracción, que es donde se procesa la hoja de coca para obtener pasta base. Así, la destrucción de los mismos ha venido creciendo con las incautaciones de cocaína, porque al tener menor valor agregado, están más cerca de los sembradíos de hoja de coca y la Fuerza Pública puede ubicarlos con mayor facilidad. 

En el mapa tres se puede visualizar que la ubicación de los laboratorios donde se extrae la pasta base de coca coincide con la ubicación de los cultivos ilícitos. Esto evidencia que las labores de erradicación conducen a la destrucción de esta infraestructura del narcotráfico, que no es la de mayor valor agregado, contrario a lo que sucede con los laboratorios de síntesis de donde se obtiene el clorhidrato de cocaína. 

La evidencia indica que la erradicación manual forzada no golpea la cadena de mayor valor del narcotráfico, por lo mismo, es costosa y con bajo rendimiento a nivel social. Esto es debido a que el grado de afectación del mercado del narcotráfico es de menos del 35 por ciento, lo que implica que la eficiencia del Estado para desestabilizar a los narcotraficantes viene a la baja; tal como se aprecia en el gráfico cinco. 

Seguir bajo este enfoque, no permite optimizar los recursos escasos de la Fuerza Pública, lo que tiene como consecuencia que las medidas de protección colectiva de la población en zonas afectadas por los grupos criminales disminuyan. Este contexto pone en riesgo la vida y bienes de estos ciudadanos. Las cifras soportan que se debería cambiar la estrategia de combate al narcotráfico, a partir de la creación de una Política Nacional de Interdicción que asigne responsabilidades y recursos a las Fuerzas Armadas, fijando la meta sobre el número de incautaciones, no sobre el número erradicado de hectáreas de hoja de coca.