Esto responde la campaña de Petro sobre su programa para la paz y la seguridad

Exp:

es experto de La Silla Llena.

C.G.P:

es la campaña de Gustavo Petro.

Exp:

En su programa hay un énfasis grande en la negociación (con el ELN y el sometimiento negociado con las AGC). ¿Si eso no funciona, cómo sería la estrategia operativa en contra de estos grupos?

:

Nosotros tenemos varios niveles. El primer nivel es de negociación con los grupos guerrilleros que sobreviven, como el ELN, el EPL. Un segundo nivel es el sometimiento a la justicia. Y un tercer nivel, que es algo que nosotros no vamos a discutir, son las funciones constitucionales de la Policía y el Ejército. Nosotros no vamos a restringir las competencias constitucionales; vamos a exigir el cumplimiento de esas funciones de la Policía y del Ejército.

Pero, en el despliegue operativo hay que ver cómo se priorizan los objetivos. Para nosotros la lectura de los objetivos de alto valor así como la lectura de la guerra contra el narcotráfico son concepciones ya mandadas a guardar: han utilizado una gran cantidad de recursos públicos, pero no se han traducido en resultados reales frente a las garantías de seguridad de la ciudadanía.

Exp:

¿Cuáles son las estrategias concretas para prevenir el asesinato de líderes sociales? 

C.G.P:

El compromiso de la campaña es la implementación del Acuerdo de Paz en su complejidad, y frente al tema de líderes sociales no vamos a inventar cosas nuevas cuando en el Acuerdo está diseñado el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Está también el programa de protección para excombatientes, el programa para líderes de la oposición. Es decir, no se requiere de una gran reflexión cuando están las herramientas. Además, hay organizaciones de la sociedad civil que han propuesto estrategias concretas. Necesitamos que salga la política concreta de la Comisión Nacional de Seguridad, que se cumpla el mandato de la JEP y de la Corte Constitucional en términos de las garantías de seguridad para los excombatientes

Se requiere también la implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo. El punto 1 tiene claro el tema de la distribución de la tierra, y el punto 4 que tiene que ver con el Pnis y esa implementación a fondo y responsable de los acuerdos que se hicieron con las comunidades y su protección. Y eso requiere el diseño de un esquema de protección especializado para los líderes y lideresas del Pnis, que son en buena parte a quienes han asesinado en el último periodo.

Exp:

¿Cuál es el enfoque con las disidencias de las Farc que están operando en varios lugares del territorio? 

C.G.P:

No hay una disidencia, sino que son diferentes manifestaciones a las cuales se les ha puesto un apellido de “disidencias”. Se requiere una estrategia frente a cada una de ellas. Entonces no hemos planteado una estrategia general frente a las “disidencias”, en términos de una posible negociación, sino que eso requerirá la atención concreta en términos de la dinámicas que presenta cada una de ellas para ver si se dialoga o se les ofrece un tema de sometimiento, o si se les combate en el marco de un ejercicio de contención de sus manifestaciones.

Exp:

Ninguno de los candidatos realmente ha hablado del estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y carcelario. Particularmente, ¿cuáles son esos lineamientos básicos que ustedes están planteando para la implementación de lo que llaman “la justicia restaurativa”?

C.G.P:

No podemos continuar con la idea de que a todos los problemas de convivencia y a todos los problemas de consumo y a todos los problemas en general de la sociedad se les ponga años de cárcel. Ese es el espíritu de la discusión: poner sobre la mesa la política criminal y la política penitenciaria en aras de no inventar nada nuevo, porque estos temas están ahí, hay unos mandatos concretos de la Corte frente al estado de cosas inconstitucional. Pero también hay todo un tema de discusión sobre el Consejo de Política Criminal y la reforma que se hizo del Consejo de Política Criminal. Y también hay que pensar en el acompañamiento del pospenado, que es una de las grandes dificultades de los ejercicios de resocialización.

Exp:

¿Cuál sería ese enfoque o esa nueva política de estabilización frente a la violencia en los territorios? ¿Han pensado en hacer algún rediseño de las altas consejerías (Seguridad Nacional, Estabilización, entre otras)?

C.G.P:

Concretamente, no hemos discutido el tema de las agencias. Hay que hacer una evaluación del funcionamiento de estas agencias, por ejemplo, en el tema de la tierra. Nosotros consideramos que hay un excesivo ejercicio de agencias (una agencia para el territorio, una agencia para el desarrollo rural, una agencia para la renovación, etc.) y eso dificulta la orientación de la política rural.

En el caso de la estabilización no hemos hecho una revisión de las altas consejerías. Pero consideramos que, y esto es una discusión estructural, el problema no es que el Estado colombiano sea grande ni que existan ministerios, agencias; para nosotros un Estado que garantice derechos es la prioridad y no un recorte artificial de estas agencias sin ningún tipo de balance real de su funcionamiento.

Exp:

En pocos días se publica el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Ustedes van a seguir las recomendaciones que se desprendan de ese informe?

C.G.P:

La Comisión de la Verdad hace una lectura con una serie de expertos sobre lo que ha pasado y lo que no podemos repetir, y eso es una ruta de una ruta a seguir para que no se repitan los conflictos. Claramente debemos hacerle seguimiento y cumplir con el ejercicio de memoria que hace la Comisión de la Verdad, así como hay que seguir con las recomendaciones que ha hecho la Cidh frente al tema de la Fuerza Pública, frente al tema del respeto a la protesta social, etc. 

Exp:

¿Cómo va a ser su estrategia de lucha contra el narcotráfico?

C.G.P:

Lo primero que queremos hacer es darle cumplimiento al Pnis, porque la estrategia no puede seguir siendo la del Ejército ocupante de los territorios que va a arrancar las matas. El cultivo de la coca se desarrolla porque no hay otras opciones en el campo; es lo más productivo para el campesino y en ese marco se necesita un debate económico (y no moralista) y en términos de garantías para el campesino. Tenemos otra herramienta, y es el punto 4 del Acuerdo, que nos habla de la atención de salud pública, del tema del consumo. Entonces hay unas herramientas creadas para eso. Y hay que decir que el problema de las drogas va más allá, y de hecho se sale de las manos de los colombianos: hay que buscar un compromiso frente a los consumidores a nivel internacional, de los países de mayor consumo.

Exp:

¿Cuál es el enfoque que ustedes plantean para otras problemáticas, como la minería ilegal o la extorsión a pequeños y medianos empresarios?

C.G.P:

Lo primero es el fortalecimiento de las formas de minería artesanal, o más bien el respeto por las dinámicas de la minería artesanal. Muchas veces el discurso frente a la minería ilegal, que efectivamente tiene una afectación ambiental supremamente grande sobre los ríos de Colombia y sobre los territorios en general, es un discurso para facilitar la presencia de multinacionales que sí tienen la técnica y las herramientas para no contaminar, etc. La minería ilegal se seguiría combatiendo desde una estrategia especializada de defensa y de cuidado del ambiente de la mano de las comunidades más empobrecidas, que son las que están articuladas a este tema de la minería ilegal.

La extorsión afecta el tema urbano, pero es mucho más fuerte en el área rural. Básicamente obedece a que hay grupos ilegales aprovechan los vacíos del Estado en términos de justicia y en términos de seguridad. Más allá del debate filosófico en términos del papel de la Fuerza Militar, sí consideramos que es necesario revisar la especialización de la Policía en este caso. Se necesitan grupos especializados en función de dinámicas territoriales articuladas de economías ilegales y, como en este caso, la extorsión. Es decir, no podemos crear el grupo antiextorsión como una gran estrategia a nivel nacional, cuando eso se presenta de diferentes maneras en los distintos territorios. 

Exp:

¿Más allá del discurso sobre la violencia contra la mujer, qué procesos de implementación están discutiendo para enfrentar este tema?

C.G.P:

En Bogotá hubo una experiencia bien interesante en el gobierno Distrital de Petro y es el tema de los planes integrales de seguridad para la mujer. Ese plan integral de seguridad está elaborado en cada una de las localidades. Hay que ver cómo se definen, cómo se desarrollan estas dinámicas de inseguridad para la mujer en cada lugar. Entonces tiene que ver con un ejercicio sancionatorio en términos de violencias callejeras contra la mujer, pero básicamente alrededor de un ejercicio de planeación acorde a la dinámica de la violencia contra la mujer en los territorios.

Tenemos niveles de impunidad de más del 90 % en casos de violencia contra la mujer. Tenemos que revisar la Línea Púrpura, pero también los procedimientos judiciales para la sanción de estos casos, que difícilmente se sancionan. Eso requiere el fortalecimiento de herramientas como, por ejemplo, las comisarías de familia y las inspecciones de Policía.

Exp:

¿Cómo hacer las reformas a la Fuerza Pública que ustedes proponen, sin profundizar en la politización que tiene este tema?

C.G.P:

En ese proceso de reforma lo prioritario es el fortalecimiento de las herramientas de control ciudadano y de participación ciudadana en el diseño de estas reformas. La Policía viene adelantando un proceso de reforma y ya han pasado por el Congreso de la República. ¿Quién lo conoce? ¿Cómo es? ¿Usted ha participado? No hay una participación ciudadana en ese proceso. Lo fundamental es la participación ciudadana y la participación de la sociedad civil en el ejercicio de debate y de construcción de reforma de la Policía.

Exp:

¿Qué hacer en lo inmediato para contener las crisis humanitarias que se viven en varios territorios del país?

C.G.P:

Le apostamos a un escenario de diálogos territoriales y regionales, priorizando un elemento fundamental en la protección de los liderazgos sociales. Porque esos liderazgos sociales para nosotros son los principales protagonistas para la solución a esas problemáticas en los territorios.

La acción concreta prioritaria es llegar al territorio y acompañar a las autoridades territoriales y a las organizaciones de la sociedad civil que tienen una lectura frente a esas dinámicas territoriales, y usar las herramientas que ya están creadas con una institucionalidad creada que desde lo civil ha alertado frente a esa dinámica de conflicto y que de hecho ha sugerido unas posibles respuestas.