“Hacer hablar al silencio”: memorias y resistencias del despojo de tierras

La historia de exclusión económica y social en Colombia, la conformación de guerrillas desde la décadas de los años 1950 y la tibia esperanza de acceso a la tierra que trajo consigo para los campesinos la reforma agraria y constitucional en las décadas de los años 1980 y 1990 antecedieron al recrudecimiento del conflicto armado en el país, en especial en el departamento del Magdalena.

Y es que no es desconocido para quienes llevamos estudiando este capítulo amargo en la vida de las víctimas que este es el contexto que en su momento llevó a que los ganaderos de la región, por cuenta de las extorsiones y secuestros de la guerrilla y las constantes invasiones de los campesinos a las tierras sin explotar, decidieran vender al Estado; situación que llevaría unos años después al despojo de tierras a manos del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Magdalena y que haría de sus campesinos víctimas “dos veces despojadas”. 

Hoy, queremos “hacer hablar al silencio” para contar la historia de una de las tantas familias que fueron despojadas de sus tierras en Media Luna, corregimiento de Pivijay en el departamento del Magdalena, que no han sido visibilizadas, ni restituidas. A través de esta metáfora, Andrés Cancimance López (2015) explica cómo, por medio de los silencios, las victimas del conflicto lograron mantenerse con vida, resistir y hoy luchar por la justicia, la verdad y la reparación.

No haremos esto sin antes intentar dar un contexto de los hechos que nos permita reflexionar conjuntamente sobre el impacto e implicaciones del despojo para las víctimas en esta zona del país.

La incursión del bloque Norte de las AUC logró, en Pivijay (Magdalena), uno de los mayores dominios político-administrativos y de control territorial en el departamento. Este municipio, ubicado en la subregión río, posee tierras fértiles que lo consolidó como un “eje agrícola, comercial y ganadero” de la región. Lo cual fue no solo beneficioso para sus habitantes, sino que su posición geoestratégica lo puso en el radar de los actores armados ilegales, como la guerrilla del ELN, en la década de los años 1990, y de las AUC a finales de esa misma década y a comienzos de los años 2000, quienes llegaron subordinando a las estructuras paramilitares existentes y pactando con la élite política y ganadera del territorio. 

El accionar paramilitar se introdujo entre la población civil por medio del discurso contrainsurgente. Antes de despojar a los campesinos, comenzaron a extorsionar, cometer homicidios selectivos y masacres para enviar un mensaje de poder y control que facilitó después la expropiación de las tierras a sus propietarios, quienes veían cómo los paramilitares y sus aliados poderosos del territorio “se enamoraban” y, finalmente, se quedaban con sus fincas.

Es interesante cómo la capacidad operacional del Bloque Norte logró consolidarse con tal fuerza en el territorio gracias al apoyo y pacto con las elites políticas y económicas del Magdalena. Especialmente, en Pivijay, donde Saúl Severini (hijo de un terrateniente poderoso de la zona), en el marco de una relación cercana con Jorge 40, instaló en el corregimiento de Media Luna al Frente Pivijay de las AUC, siendo tesorero de los paramilitares y orquestando un plan de despojo del que se reconocen al menos 203 hectáreas despojadas. 

Y es en este contexto que un 7 de agosto del año 2000 la familia de Josefina Pabón Cantillo y su hijo Carlos Gámez Pabón fueron despojados de las 148 hectáreas de la finca El Guamo en el corregimiento de Media Luna.

Antes de ese fatídico día, la familia ya venía siendo víctima del robo de semovientes, aves de corral, cultivos, utensilios y enseres de casa: “Nos robaron la picadora; nos cortaron la cerca. Llamaban a mi mamá que le vendieran la finca, que él [Saul Severini] iba a tomar posesión” (Carlos Gámez, comunicación personal, 2021).

También, los paramilitares comandados por alias Esteban se llevaron a Gustavo Villalobos Cantillo, primo de la familia y administrador de la finca para que Saúl Severini llamara a una de las hermanas de la señora Josefina para proponerle entregarle con vida a su primo a cambio de “El Guamo”. La familia no aceptó y Villalobos fue asesinado.

Desde entonces, para ellos comenzó una persecución por parte de Severini, quién con amenazas les exigía que le entregaran las tierras que les había heredado su tío, quien no tuvo hijos y dejó sus bienes a sus hermanas.

Severini estaba seguro que tarde o temprano esas tierras estarían en su poder. Y finalmente ese día llegó, paradójicamente en medio de la conmemoración de la batalla que selló la libertad de la Nueva Granada del Imperio Español. Al Guamo llegó un abogado de la ciudad de Barranquilla diciéndoles que debían desocupar porque ahora dichas tierras le pertenecían “legalmente” a Saúl Severini Caballero, quien había “comprado” la finca y poseía los papeles en regla. Que debían salir o de lo contrario corría peligro toda la familia:

“Aparece un abogado diciendo que Saúl Severini había comprado la finca. Con certificados en mano […] llegó acompañado de paramilitares. Tuvimos que irnos para Pivijay.” (Carlos Gámez, Comunicación personal, 2021)

Ante esta advertencia, la familia de la señora Josefina no tuvo otra opción que dejar aquellas tierras trabajadas con esfuerzo y marchar en silencio hacia la cabecera municipal. Desplazados, despojados y con muchas preguntas, no podían entender que había pasado ¿Quién vendió? ¿Cómo se efectuó la compra? No obstante, algo era seguro: esos documentos no podían ser legales.

En medio de la necesidad que trajo consigo haberlo perdido todo, empezaron a llegar las respuestas. De acuerdo con el certificado de tradición del predio, la compraventa se hizo con una supuesta hija del señor Antonio Luis Pabón Cantillo, identificada como Yoleth Hilena Pabón Pertuz, a quien le fue presuntamente adjudicado el 50% del predio, a través de una sentencia del Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, el 29 de agosto de 1997. Sin embargo, Carlos y la señora Josefina sabían que eso no era posible, pues el señor Antonio no tuvo hijos:

“Esa Yoleth es una supuesta hija de mi tío que se mató. Él no tuvo hija. Eso lo hizo Saúl Severini para hacer la venta ilegal, en complicidad con el notario de Pivijay” (Carlos Gámez, comunicación personal, septiembre de 2022).

Aunque la participación de funcionarios y notarios en la legalización de los despojos era frecuente para la formalización de escrituras públicas de ventas bajo presión, en este caso en particular fueron más allá de los vicios de consentimiento. No solo fingieron una compraventa, sino que presuntamente habrían falsificado una serie de documentos para crear a una supuesta heredera del predio. Para los reclamantes, Yoleth no solo no es hija del señor Antonio, sino que, al revisar con detenimiento, el número de cédula de ciudadanía que aparece en el certificado de tradición y libertad no le pertenece a ella, sino a otra persona.

Saúl Severini fue capturado en 2006. Se postuló como desmovilizado, pero no completó el proceso de Justicia y Paz y en el año 2007 fue liberado tras presentar un recurso de apelación. Inexplicablemente, sigue sin estar en prisión, a pesar de estar condenado desde el 28 de enero de 2020 mediante la sentencia del Juzgado Penal del Circuito especializado de Bogotá por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. 

Después del despojo, El Guamo estuvo directamente en manos de Severini hasta diciembre de 2009, que hizo una compraventa usufructo con Agrifuels de Colombia S.A., una multinacional israelí que ha sido denunciada desde 2013 por presuntamente haber apropiado ilegalmente al menos 1.023 hectáreas en Pivijay. Ellos tuvieron su domino hasta 2012, cuando ante la notaría única de Pivijay fue cancelado por voluntad de las partes dicha compraventa y Agrifuels de Colombia le devolvió el predio a Saúl Severini.

Fue entonces cuando, después de muchos años en los que la familia Pabón Cantillo guardó un “silencio doloroso” para poder sobrevivir en medio de una guerra en la que parecía no haber escapatoria ni final que empezaron a “hacer a hablar al silencio” para resistir y denunciar el despojo del que habían sido víctimas por parte de Saúl Severini, ante la Fiscalía 14 de Santa Marta.

En 2015, la Unidad de restitución de tierras, por medio de la resolución RM – 0332 del 30 de junio, realizó la protección jurídica del predio, pero el 12 de diciembre de 2016 canceló dicha protección. Finalmente, en 2019 el “buscado por la justicia” Saúl Severini vendió ante la notaría única de Sabanas de San Ángel el predio a una señora de nombre Dunnia Muñoz Ossa, quien es -presuntamente- compañera permanente de Severini.

Seguimos “haciendo hablar los silencios” por las victimas que aún resisten y luchan por la justicia. Por todas con las que el Estado aún tiene una deuda, no solo con la restitución de sus tierras, sino con la historia y la identidad arrebatada por la guerra. El tiempo sigue pasando y, así como muchas familias, la señora Josefina y Carlos esperan algún día recuperar aquel terreno en el que fueron prósperos y felices, cansados como el coronel Aureliano Buendía “del círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba a él en el mismo lugar, solo que cada vez más viejo, más acabado, más sin saber por qué, ni cómo, ni hasta cuándo”.

Nota: Esta columna e información se publica a solicitud y con la autorización de los reclamantes de tierras de la Finca El Guamo, en el corregimiento de Media Luna, Magdalena.