Informe de las Plataformas de Derechos Humanos de Colombia

Las organizaciones de derechos humanos asociadas en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcddhh), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza) presentaron en la mañana del 14 de junio de 2022 el informe Hambre y guerra : El legado del aprendiz, Balance del último año del gobierno de Iván Duque Márquez. En el mismo hacen un examen del último año del Gobierno Nacional, extendiéndose al periodo 2018 – 2022.

El documento riguroso en análisis estratégico y datos duros, muchos de ellos de fuentes como MinDefensa aborda la crisis humanitaria, el genocidio, pobreza, los derechos humanos, la gobernabilidad, el acuerdo de paz, los retos de los movimientos sociales y una potencial agenda con el próximo gobierno de Colombia.

Crisis humanitaria y continuidad del genocidio

Según las plataformas de derechos humanos el exterminio del liderazgo en Colombia “ha alcanzado el nivel de un verdadero genocidio continuado, vigente e impune”, a la sombra de un gobierno adverso al contra el proceso de paz e indiferente ante la violencia de los actores armados y los abusos de la fuerza pública.

Retoman del Comité Internacional de la Cruz Roja el planteamiento de que en Colombia existen seis diferentes conflictos armados: Estado colombiano – ELN; Estado colombiano – AGC; Estado colombiano – Antiguas Farc-ep; ELN – AGC; Antiguas Farc-ep – Segunda Marquetalia.

La extensión de los grupos paramilitares es uno de los hechos más graves contra el conjunto de las ciudadanías, sobre todo de zonas de conflicto, con una pasmosa inacción estatal que sin embargo trata como enemiga de alto peligrosidad a las ciudadanías que se manifiestan pacíficamente. Contexto que conllevaron nuevos hechos de ejecuciones extrajudiciales y ejecuciones selectivas.

Citando a Oacndh las Plataformas refieren la represión a la protesta con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, produciendo la muerte de “al menos cuarenta y cuatro civiles, veintiocho de los cuales por acción de presuntos perpetradores miembros de la Fuerza Pública, y diez víctimas de actores no estatales”. Comportamiento que se replica en la actuación judicial contra opositores y críticos con un incrementó de “165 % entre 2019 y 2021” a la par del estancamiento de las investigaciones sobre las muertes de manifestantes mientras los juicios contra civiles presuntamente responsables de crímenes contra las autoridades marchan rápido, incluyendo la judicialización de integrantes de la Primera Línea.

Indican las Plataformas de DH citando al Comité de Solidaridad con los Presos Política, Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas que en el marco del Paro Nacional de 2021 se presentaron:

Acudiendo a los datos del Ministerio de Defensa, Ocha de Naciones Unidas y otras fuentes autorizadas, la Pcddhd, la Cceeu y la Alianza indican que el deterioro de la situación en el país se observa en hechos como homicidios, desplazamiento, confinamiento, ataques a misión médica, minas antipersona y desaparición forzada.

Las Plataformas señalan que según Instituto Nacional de Medicina Legal entre 2018 y 2021 fueron desaparecidas 13.508, entre ellas 1.457 desaparecidas en los primeros 5 meses de 2022. A mayo de año en curso según la ONU han sucedido 21 asesinatos de excombatientes para un total de 320 asesinatos, 89 atentados y 27 desapariciones desde la firma del Acuerdo de Paz.

El Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz registró que de manera forzada por grupos armados en el Departamento del Chocó reclutaron a 242 niños y niñas entre el 1 de diciembre de 2016 y el 9 de marzo de 2022. Lamentablemente 138 jóvenes se han quitado la vida en los últimos siete años, 20 entre enero y marzo de 2022, para evitar el reclutamiento y la violencia. Otros hechos de victimizantes que se reportan son:

Denuncian las Plataformas de derechos humanos que el Gobierno Nacional ha asumido una estrategia negacionista a la vez que agrede a las organizaciones e instituciones que investigan e informan. Si bien la Defensoría del Pueblo ha reaccionado por medio del sistema de alertas tempranas SAT, ello no se ha reflejado en soluciones eficaces. Al contrario señalan que el comportamiento del Gobierno Nacional favorece la impunidad porque agencia, tolera o consciente los hechos y porque ha cooptado a los organismos de control e investigación judicial.

Pobreza y violación de derechos colectivos

Ya en el año 2019 las Plataformas habían señalado que la política del Gobierno Nacional privilegió los “intereses de las élites empresariales y políticas a los de amplios sectores de la ciudadanía” a través de medidas tributarias a favor del sector financiero y empresarial.

Acudiendo a las investigaciones de CEPAL del año 2022 la Pcddhhdh, la Cceeu y la Alianza llaman la atención sobre el grave deterioro en lo relacionado con el empleo con una reducción del 11 %, la desigualdad con un aumento del coeficiente de Gini a 4.3 %, la pobreza en un 8,1 % y la pobreza extrema en un 6.4 %. Marcan que el Dane reportó que entre “2018 y 2021, la distribución desigual del ingreso pasó de 0.517 a 0.523, es decir, se incrementó en 1.16 %”.

Los datos les permiten inferir que los hogares más pobres se empobrecieron tres veces más que los hogares con altos ingresos. El DANE a través de la Encuesta de Calidad de Vida del año 2021 expuso que un 46,7 % de los hogares es pobre y un 41,7 % no logra cubrir los gastos mínimos. Para las Plataformas el empobrecimiento ha sido agudo y severo al nivel de que la población en pobreza extrema o miseria es del 54,32 %, nuevamente con las cifras oficiales del Dane. Junto a esas familias un 31 % apenas se sostiene por encima de la línea de pobreza en constante riesgo de empobrecer. En materia de pobreza, miseria y vulnerabilidad los datos son los siguientes:

Según el Dane para 2021 estar en situación de pobreza implicaba vivir con menos de $ 11.801 pesos diarios; en situación de miseria vivir con menos de $ 5.397 pesos diarios; mientras que la vulnerabilidad refirió vivir con ingresos mensuales entre $ 354.032 y $ 690.524 pesos.

Para las Plataformas el Gobierno de Iván Duque no cumplió con el plan de desarrollo, en materia económica a abril de 2022 registró la inflación más alta desde 2001. Al tiempo dos tercios de la población tienen trabajo informal, el hambre alcanza al 54,2 % de los hogares, el 10,5 % de la niñez está desnutrida y el 7,4 % de la niñez y la juventud no llega a la talla y peso adecuado a su edad.

Cuestionan las Plataformas que el Gobierno Nacional poco y nada hizo para cambiar la desigual estructura de empleo, ni para mitigar el hambre de millones, tampoco avanzó en materia de la calidad de la alimentación aunque en el país sufren de obesidad el 24,4 % de niños y niñas de menos de 12 años, el 17,9 % de la juventud de 13 a 17 años y el 52 % de las personas adultas.

Con datos del Colectivo Caja de Pandora la pandemia también evidenció el desbalance en materia de garantías para el derecho a la educación, en primer lugar con la mayor población -80,4 %. en el sector oficial con circunstancias en que un 4 % de municipios tiene buena conectividad, un 63 % de bachilleres -2018- sin Internet, zonas campesinas con el 9 % de escuelas con computador, un 12,9 % de sedes con Internet escolar de las cuales sólo un poco más del 80 % cuenta con conexión a energía eléctrica.

Si la situación de los nacionales es difícil no lo es menos o es más grave la realidad de 2’381.548 de migrantes de Venezuela, que padecen xenofobia y una de las tasas más altas de homicidio. Basándose en datos de Migración Colombia, a junio de 2022 tienen registro biométrico 1’798.754 y 1’005.849 tiene permisos emitidos. Las plataformas manifiestan que 29 mil personas de Venezuela deben esperar en promedio 2 años para recibir respuesta a una solicitud de asilo. A su vez, la violencia no amaina contra esta población, según la Policía, Medicina Legal y Codhes 2826 venezolanos fueron víctimas de asesinato en Colombia entre “enero del 2015 y abril del 2022”.

El Covid-19 no mató por igual a ricos que a pobres

Las Plataformas a partir de datos de población de diciembre de 2021 ubicaron al país en el puesto número 29 en el mundo según. A junio de 2022 tomando datos del MinSalud ubican a Colombia en el puesto 13 del ranking mundial de víctimas mortales de Covid-19 con 139.867 fallecidas y 6’109.105 de contagiados. La Pcddhhd, la Cceeu y la Alianza expresan con vehemencia:

Lo escandaloso es que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la distribución de la mortalidad por Covid-19 en Colombia entre el 2 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021 se concentró en los estratos socioeconómicos 1 y 2, con el 61,5 %; mientras que en los estratos 6 y 5 fue solo del 3,4 % del total nacional.

Incumplimiento al Ambiente en Colombia

Retomando los informes de las Plataformas de derechos humanos de 2019, 2020 y 2021 y del estudio de 2022 de la Universidad del Rosario titulado La paz y el medio ambiente en la encrucijada: Elecciones en un punto crítico de biodiversidad en conflicto, observan que el Gobierno Nacional obstruyó “deliberadamente los procesos iniciados durante el gobierno Santos” en lo relacionado con el cambio climático, el medio ambiente y la aprobación del Acuerdo de Escazú, esto último incumpliendo su promesa de no otorgar permisos de explotación por fracking.

En este marco el Estado a través del Ejército trata como enemigo interno al campesinado mientras poco y nada se hace para detener el aumento de emisiones de CO2 que “en 2019 alcanzaron el récord de 102 Mt”, un 17% “sobre el promedio del período 2010 a 2018”. Y especifican las Plataformas:

Quizá la más grave paradoja entre las promesas de Duque como candidato y los hechos de su presidencia, tiene que ver con el fracking. Duque se comprometió sin tartamudear con su prohibición antes de las elecciones que ganó en 2018, y después se dedicó a acelerar su implementación en Colombia sin rubor alguno.

Desgobierno, ineptitud, mermelada, corrupción y violencia

Basándose en las consultas a la población colombiana como las de Invamer las Plataformas consideran al Gobierno Nacional como negligentes e impopular. Dicen que ha sido un gobierno corrupto y nepotista, sin transparencia en la contratación, licitación y ejecución pública.

Exponen que Duque gobernó favoreciendo los intereses de unos pocos cumpliendo compromisos adquiridos con los clanes políticos y las élites tradicionales que han ostentado históricamente el poder.

Autoritarismo, irrespeto a la división de poderes y desconocimiento de las instancias internacionales fueron sello del periodo 2018 a 2022, con un “devastador” escenario para la participación ciudadana.

Fueron diezmados los espacios dados por el Acuerdo Final, los Consejos Territoriales de Paz, las Juntas de Acción Comunal, entre otros. Por el proceso de paz hicieron más la comunidad internacional y las organizaciones sociales. Se le dio tratamiento “abiertamente represivo y autoritario” a la protesta social, al punto que la CIDH pidió una visita de urgencia, que fue negada.

El gobierno de Iván Duque Márquez no priorizó a los sectores vulnerables, entorpeció la búsqueda de la paz, rompió los pilares de la democracia, concentró el poder político, aumentó la violencia y la desigualdad.

Crímenes contra la paz y devastación de los acuerdos

El partido de Gobierno prometió hacer trizas la paz, para ello acudió a una farsa encubriéndola con la disociación y distorsión de la realidad, exagerando logros y mintiendo sin pudor. La denominada paz con legalidad fue parte de las acciones de incumplimiento y no una serie de pasos hacia la paz.

Hubo incremento de la deforestación, se expandió el narco-paramilitarismo y la crisis humanitaria y se reactivó la guerra.

En reunión del Consejo de Seguridad el Embajador ante la ONU de la Federación Rusa reaccionó al informe de Duque señalándole que la Paz con Legalidad no fue lo “aprobado por el Consejo de Seguridad”, ni por las partes que negociaron la Paz, tampoco por la sociedad civil. Usando la palabra “triquiñuela” -según traducen las Plataformas- interpeló el deterioro de la seguridad y con ello el aumento de la inseguridad para firmantes del Acuerdo y líderes comunitarios. En el Consejo de Seguridad se usó la expresión “vacío en la autoridad del Estado en las zonas rurales”.

La Pcddhd, la Cceeu y la Alianza repasan cada uno de los puntos del Acuerdo Final firmado entre el Estado de Colombia las Farc-Ep, señalando lo siguiente:

Política internacional: trueque de beneficios

Iván Duque Márquez favoreció los intereses económicos de los países más poderosos, asumió una postura de sumisión voluntaria ante Estados Unidos, se alineó con los gobiernos de derecha en América Latina, impuso una regresiva reforma tributaria con descuentos tributarios a favor de grandes empresas, primordialmente internacionales. A 2020 el sector financiero pagó un 1.9% de impuestos, las empresas petroleras un 7% y las mineras un 6%, mientras la Ley ordena pagar un 33 %, es decir, se les regalaron 80 billones de pesos del Pueblo de Colombia.

Las consecuencias de favorecer a los bancos, las petroleras y las mineras son un enorme hueco fiscal, empobrecimiento de la población, menos servicios sociales del Estado, enorme déficit comercial con USA y la UE, pérdida de empleos, destrucción de las fuentes de trabajo y subsistencia.

La correlación es tan desigual que los recursos de cooperación internacional al desarrollo, al medio ambiente y al proceso de paz representan una fracción mínima de lo que Colombia otorga a USA y la UE.

En el propósito de mejorar la Relación con los Estados Unidos desagraviando al gobierno de Biden por la intervención uribista y de diplomáticos en la campaña presidencial de los Estados Unidos, el presidente Duque entregó al país.

A su vez, contrario a algunas expectativas, Biden no impidió las acciones del gobierno contra el proceso de paz y los acuerdos. Tampoco hubo exigencias frente a desmantelar estructuras paramilitares, reformar las Fuerzas Armadas y la Policía, alejando la segunda de las dinámicas de guerra y a ambas de la concepción del enemigo interno y el trato represivo militar a la protesta social.

En las relaciones prevalecieron los intereses propios de Estados Unidos, a cambio Biden otorgó a Colombia “el estatus de aliado estratégico no miembro de la Otan”.

En cuanto a la relación con los países europeos, las Plataformas señalan que desde 2013 que se firmó el TLC con la Unión Europea y otros países europeos la balanza comercial ha crecido en contra de Colombia, con un desbalance de “tres mil quinientos millones de dólares en 2019 y dos mil trescientos millones en 2020”. Colombia importa un 30 % de alimentos que antes producía, además se ha especializado en producir agrocombustibles favoreciendo las economías ilegales del narcotráfico.

Europa a “raíz de la guerra de Ucrania” demanda mayores ventas de carbón, continuando con su política de cooperar con Duque en la estrategia de paz con legalidad sin diferenciar impactos ni exigir compromisos con la implementación de los acuerdos firmados, ni diferenciar las políticas de seguridad que priorizan la estrategia de militarización de los territorios.

El Gobierno Nacional los califica como sensacionalistas los informes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, deslegitimando sus recomendaciones o mintiendo sobre las acciones de respuesta implementadas.

Retos de los movimientos sociales

Asumiendo como punto de partida la existencia de una crisis civilizatoria las Plataformas señalan que los movimientos sociales deben continuar con sus procesos de articulación e integración a nivel regional, nacional e internacional “con agendas de país estructuradas para el corto, mediano y largo plazo”, por fuera del inmediatismo, estableciendo acuerdos, evitando la cooptación gubernamental, manteniendo la autonomía, fortaleciendo lo organizativo y la movilización, así como su “agenda de actuación” y su “capacidad de resistencia”.

Señala como ejes articuladores de la resistencia y la construcción de agendas de negociación estructurales los siguientes:

a) La construcción de la paz y la vigencia de derechos humanos.

b) La protección de la tierra y la naturaleza.

c) El desarrollo de procesos de formación de liderazgos colectivos.

d) La recomposición, recuperación y fortalecimiento de los espacios de representación directa de los sectores sociales y comunitarios.

e) La conexión de las agendas sociales, ambientales y territoriales con las agendas políticas formales.

f) La concurrencia a la recuperación de valores, lenguajes y horizontes de sentido constructivos alrededor de la esperanza, y el respeto a los bienes comunes y las entidades y espacios públicos.

Por último, el informe HAMBRE Y GUERRA: EL LEGADO DEL APRENDIZ Balance del último año del gobierno de Iván Duque Márquez incluye una carta pública fechada el 15 de mayo de 2022, dirigida a las candidaturas a la presidencia de la república de Colombia, según refieren firmada por la Pcddhdd, la Cceeu y la Alianza y 275 organizaciones y 825 ciudadanos. Su objeto es proponer al “próximo gobierno nacional una agenda humanitaria, de derechos humanos y paz de amplio alcance” que contemple:

• Medidas humanitarias para la atención de la población en sus necesidades apremiantes.
• Derechos Humanos para construir planes de acción y políticas públicas de acción y garantía de los derechos humanos y su defensa, al igual que atención y reparación de las víctimas, superación de la impunidad, reforma a la Fuerza Pública, garantías del derecho a la protesta, seguridad humana, memoria y verdad y autonomía para el Museo Nacional de la Memoria.
• Paz y convivencia: retomar la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 y retomar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Las Plataformas invitan a los Movimientos Sociales a buscar a través del diálogo, la concertación y la negociación con el gobierno una participación real en procura de solucionar los problemas, presionando por la superación de la costumbre oficial de incumplir los acuerdos.