Justicia transicional y lucha contra la corrupción: una oportunidad para Venezuela

¿Es posible que una transición en Venezuela abandere la lucha contra la corrupción para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos?

Parece ser que Venezuela se acerca a una transición. Si la presión internacional, las alternativas de negociación y la lucha interna por el poder dan resultado, ojalá sin ninguna intervención militar, el vecino país iniciará un proceso para tratar de entender cuáles fueron las condiciones que permitieron la fractura del Estado de derecho (verdad) con el propósito de evitar que esto nunca más ocurra (garantías de no repetición).

Se trataría entonces, no desde una tendencia maniqueísta que reduce la realidad a una oposición radical entre izquierda y derecha, de proteger el Estado constitucional de derecho afectado por: i) la concentración de los poderes públicos en quien ejerce la Presidencia de la República y controla la asamblea constituyente; ii) la cooptación de otros poderes públicos, como la justicia, que impiden un equilibrio en el funcionamiento del Estado; y iii) la vulneración masiva de derechos de los ciudadanos.

Para explicarlo fácilmente, desde 1789 se tiene claro, como se indicó en la declaración de derechos de la revolución francesa, que “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de derechos, ni reconocida la separación de poderes, no tiene constitución”.

Si llegara la transición, tendría que priorizarse la estabilización del Estado de derecho, generando equilibrios en el poder público y condiciones de satisfacción de los derechos de los ciudadanos, y hacer apuestas novedosas.

Una de estas podría ser la vinculación de la justicia transicional con la lucha contra la corrupción, dando cuenta de los aspectos de déficit estructural en el Estado que permitieron la consolidación y permanencia de la situación inconstitucional.

En una columna anterior, publicada en Colombia 2020 de El Espectador, señalaba que las experiencias de Timor-Leste, Liberia y Kenia han dado un nuevo enfoque a la búsqueda de la verdad abordando los delitos económicos y la corrupción como desafíos que deberían ser enfrentados y combatidos con ayuda de la justicia transicional. La razón es que, como lo señaló el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos en 2018 “una mejor comprensión de la cuestión de la corrupción no solo arrojará más luz sobre las condiciones que han permitido que se cometieran violaciones manifiestas [de los DDHH] sino que también ayudará a determinar las deficiencias estructurales que habría que abordar en relación con las garantías de no repetición”.

Sin duda se trata de un planteamiento desafiante en un contexto político, económico y humanitario complejo, pero podría significar una oportunidad que podría producir un importante precedente en el esclarecimiento de una situación inconstitucional estructural que impacta ámbitos públicos y privados asociados a la cooptación de los poderes y recursos públicos.

La corrupción, como ocurre también en Colombia, es una causa fundamental de los escenarios de violación de los derechos humanos, de consolidación de la impunidad y de fractura institucional. ¿Es posible que una transición en Venezuela abandere la lucha contra la corrupción para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos?