La captura del pasado

En Colombia el pasado no ha terminado, hay una permanente alteración del pasado. No pudiendo cambiar el presente, ni planear el futuro, el país ha optado por cambiar el pasado. Es lo que se ha visto con el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, titulado “Hay futuro si hay verdad”.

Este informe, de diez tomos, da cuenta de un gran esfuerzo de la comisión y contiene abundante información, datos y testimonios que serán muy útiles como punto de referencia para investigadores. Pero, como se analiza aquí, este informe presenta errores estructurales que buscan intervenir el pasado para reescribir la historia de una manera sesgada. Entre tales errores sobresalen los siguientes.

1. El “entramado” que iguala culpas y diluye responsabilidades

El informe busca atribuirle la responsabilidad del conflicto armado a todos, a la sociedad y al estado, lo que iguala las culpas y diluye las responsabilidades de los máximos responsables. Mete a todos en el mismo saco: en un “entramado” de violencia (término que repite sin cesar), de manera que todos somos responsables por supuesta “concurrencia y corresponsabilidad”.

En particular, el informe le carga la mano al estado, presentándolo como un victimario. En esta lógica, el informe parte de la premisa según la cual el país se dividía en dos: de un lado, los malos, que son los guerreros, los que violaron derechos humanos “por parejo”, entre guerrilleros, paramilitares, Fuerza Pública y sectores económicos; y, de otro lado, los buenos, que son las víctimas.

Esta narrativa es tan simplista como insostenible. Ese mundo plano no existe. En coherencia con esta igualación y banalización de responsabilidades, las recomendaciones (cuya síntesis la hace la propia Comisión de la Verdad en las páginas 626 a 631 del Tomo titulado “Hallazgos y recomendaciones”) sugieren intervenir el “entramado” de violencia promovido por “sectores económicos, políticos o militares que ocasiona las violaciones a los derechos”.

De esta manera se disuelve la responsabilidad de la guerrilla, pareciera que los malos son los empresarios, los políticos y los militares, pero no la guerrilla. El informe sobre la verdad, como diría Sophie Wahnich, busca privatizar el conocimiento y dividir de forma artificial para ocultar la verdad. El “entramado” de la comisión captura el pasado, confisca la historia y privatiza la verdad.

2. Las omisiones sobre la sistemática política de terror de la guerrilla

El informe final se abstiene de describir el modus operandi de la guerrilla que evidencia actuaciones sistemáticas de violencia y no hechos aislados. Hubo un patrón consistente en una política guerrillera orientada a sembrar el terror y la violencia.

En cada municipio que puso un pie la guerrilla, allí el tejido social quedó destrozado. Con sus armas la guerrilla asesinaba y sobre todo infundía miedo en la comunidad. Nada de eso se dijo. Esa omisión queda de manifiesto con la forma como la Comisión de la Verdad minimizó la responsabilidad de las Farc por el reclutamiento forzado de niños y niñas.

Como anota Carlos Enrique Moreno (El Espectador, 29/04/23):

1. de los 98.772 delitos contra menores, solo gestionaron 618 testimonios de víctimas (menos del 1%), pero, en cambio, escucharon 1.490 testimonios de exilados no víctimas, privilegiando información secundaria de organizaciones orientadas a instalar una sola narrativa;
2. los períodos seleccionados para analizar alteran la continuidad, sistematicidad y acumulación de crímenes perpetrados durante la existencia de las Farc, el ELN y el M-19;
3. se omite mostrar el rol del M-19, el EPL y el ELN y su responsabilidad en el reclutamiento de menores, mostrándolo como una suma de hechos sueltos y desconociendo que estos crímenes fueron políticas intencionales y sistemáticas de cada organización;
4. no reconoce el rol desempeñado por la UP, el PCC, sindicatos, ONG y líderes de izquierda en el reclutamiento de las Farc, confesado ante la JEP por líderes guerrilleros;
5. y tampoco reconoce la depredación sexual sistemática por parte de las Farc, presentándola como daño operacional o colateral y no como una política sistemática para infundir miedo y adquirir control territorial.

3. No se estudia quién inició el conflicto armado ni quién lo apoyó

El informe omite analizar “¿quién disparó la primera flecha?”. Lo hizo las Farc en la década de los sesenta. Abstracción hecha de las presuntas motivaciones justicieras, ellas dispararon la primera flecha y con ese acto originaron el conflicto militar.

En esa década, en plena guerra fría, se exportó el comunismo y se promovió la creación de grupos guerrilleros en toda América Latina y en otras partes, como política deliberada del comunismo internacional.

La injerencia de Cuba y de la Unión Soviética en Colombia fue evidente. Países con mayores niveles de desigualdad que Colombia no tuvieron guerrilla. La pobreza y la exclusión no fueron la causa eficiente o causa última que generó la subversión en Colombia, sino que fue que un grupo de campesinos decidió unilateral e ilegítimamente armarse para disparar la primera flecha y desafiar al régimen, con la ayuda económica y militar de otros países.

4. Se omite considerar que después de la caída del Muro de Berlín la guerrilla se volvió obsoleta y se dedicó al narcotráfico

El informe omite decir que a partir de caída del Muro de Berlín la guerrilla dejó de ser una agrupación con vocación seria de imponer un modelo político y se limitó al narcotráfico. Después de 1989 no tenía sentido buscar el comunismo.

Según Jorge Orlando Melo (“Historia mínima de Colombia”, pp. 245, 247, 259, 261, 278 y 279): la guerrilla entendió que tomarse el poder era tan improbable como obsoleto por la coyuntura internacional, con lo cual decayó en una forma de vida ilegal.

Dice el autor: “Desde 1959 la fe en el socialismo mediante la lucha armada caracterizó a grupos pequeños, crecieron también las guerrillas de las Farc y el ELN. El auge de la guerrilla nunca puso en cuestión la supervivencia del régimen: tenía el respaldo de una franja mínima de población, nunca pasó del 5%.

Sin respaldo social amplio, la guerrilla buscó desde el comienzo formas de financiación para su supervivencia que rompían con el lenguaje humanitario de su lucha. La injusticia dejó de ser la explicación de la violencia para convertirse en justificación de la lucha armada, alegada por grupos minoritarios que pretendían hablar a nombre de las masas.

La justificación genérica del uso de las armas se extendió a formas de lucha contrarias a las reglas humanitarias: la extorsión, el secuestro de civiles, el reclutamiento de menores, el fusilamiento de los disidentes, el asesinato de figuras públicas y enemigos estaban justificados.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y el fracaso del proyecto cubano destruyeron los modelos de socialismo. La guerrilla se convirtió poco a poco en un modo de vida ilegal. En la medida en que la toma del poder se convertía en una utopía improbable, la guerrilla parece haber buscado más bien algunos objetivos de mediano plazo.

En efecto, es evidente que el proyecto político de las Farc fracasó. La guerrilla es en su operación real ante todo una organización concentrada en el manejo de un negocio internacional de droga”.

Nunca ha estado mejor expresado. Y además, la violencia en el país no ha “persistido” por las “narrativas” ciudadanas, como se afirma en el informe, sino por la cruel perseverancia de la guerrilla, que por inercia y por negocio se quedó en lo suyo.

Es más, la guerrilla ha tratado de instalar una narrativa realmente cínica: que no secuestró, sino que retuvo a civiles, que no hizo reclutamiento forzado de niños, sino que los acogió por huérfanos, que no era narcotraficante, sino que se financiaba por diversas fuentes, que no eran terroristas, pero volaron el Club El Nogal (hecho terrorista que durante quince años negaron haber cometido).

En fin, toda una sarta de mentiras repetidas. Esa es la descarada narrativa que ha hecho persistir la violencia. Prueba de eso es que, al día de hoy, año 2023, en el país persiste la violencia de las disidencias de las Farc y del ELN, y no por supuestas narrativas ciudadanas.

5. Se omite analizar que la victoria de Petro prueba que la guerrilla nunca fue necesaria para alcanzar el poder

El informe tampoco menciona que Gustavo Petro ganó las elecciones en forma democrática (con las reglas de juego de la Constitución de 1991), hecho que ya se conocía al momento de acabar funciones la Comisión de la Verdad. Ese triunfo electoral demuestra que la guerrilla no era necesaria, pues por la vía democrática la izquierda llegó al poder, precisamente en cabeza de un exguerrillero.

El triunfo electoral de Petro es la verdadera derrota de la guerrilla. Si esta hubiese sido demócrata y civilizada, habría podido llegar el poder ahorrándonos una guerra, guerra que ella originó, prolongó, pervirtió y dejó millones de víctimas.

6. En las recomendaciones no es acertado remitir la paz de Colombia al Acuerdo Final

De las 13 recomendaciones del informe final, ninguna está dirigida a la guerrilla, como si esta no ameritase regaño alguno. En cambio, sí recomienda construir la paz sobre la base de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. Esto no se sostiene, por los siguientes puntos.

1. Se hace referencia a dicho acuerdo como si fuese una Biblia que tuviese la solución para todos los problemas, y eso no es cierto. La redacción del acuerdo final corresponde a la conciliación entre unas personas (del gobierno y las Farc) por fuera de los cauces democráticos, por fuera del Congreso y por fuera de la opinión pública, y se pretende imponer como si un grupo mesiánico trajese la verdad revelada. Sería aconsejable que las recomendaciones (algunas de las cuales ya estaban en el acuerdo final firmado entre gobierno y Farc y otras se repiten en la llamada paz total) no fuesen adoptadas formalmente por los gobiernos, sino que permaneciesen como un documento académico de consulta. Por fortuna, el Senado de la República hundió el artículo 8 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que acogía las 67 recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la cual hizo planteamientos que necesitan ser evaluados y no asumidos como la verdad revelada. Esas recomendaciones proferidas para debatir, no para asumir y, menos, para implementar por fuera de los cauces democráticos.
2. Dicho acuerdo final fue rechazado por el pueblo colombiano mediante un plebiscito democrático, en el que la mayoría votó por negar dicho acuerdo, lo que cuestiona su legitimidad.
3. El principal obstáculo para implementar el acuerdo de paz ha radicado en el hecho de que el 35% de los desmovilizados de las Farc volvió a las armas y al narcotráfico, incluyendo algunos de sus líderes, como Iván Márquez y Santrich. Hay que recordar que estos dos últimos retornaron a la guerrilla el 30 de junio de 2019 y el informe final se entregó el 28 de junio de 2022, o sea tres años después. No es posible implementar un contrato en el que una tercera parte de los firmantes lo hizo trizas y lo tiró a la basura. En derecho se dice “exceptio non adimpleti contractus”: excepción del contrato no cumplido, artículo 1609 del Código Civil, y aplicación de la condición resolutoria tácita de los contratos, artículo 1546 del Código Civil. Claro que hay que decir que el gobierno también ha incumplido el acuerdo de paz, pero el punto es que las Farc lo incumplió en lo esencial (regresó a las armas), lo cual exime de responsabilidad al gobierno.
4. Existe un nexo entre acuerdo de paz-Comisión de la Verdad-paz total del actual gobierno. Es una seguidilla de errores. Hoy la paz que Colombia necesita no pasa por ese nexo, sino por la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

7. La instrumentalización de las víctimas

El informe instrumentaliza las víctimas para generar una agenda política que solo tangencialmente tiene que ver con ellas. Es curioso cómo el informe tiene enorme documentación y testimonios desgarradores de víctimas y a partir de allí edifica sus recomendaciones, que no tienen mucho que ver con esas víctimas, sino que en su mayoría dirigen su artillería a mejorar el ejército, a dialogar con la subversión, con Venezuela, con la sociedad civil y al final hay, sí, algo de reconocimiento de derechos de las víctimas.

Es decir, no hay un claro nexo causal (de causa y efecto) entre el diagnóstico y las recomendaciones. Además, como la narrativa de la violencia del informe es que todos somos responsables, en ese famoso “entramado”, entonces las recomendaciones van para todos.

Pero no, como se anotó ya, la verdadera responsable del conflicto fue la guerrilla, es a ella a la que deberían dirigirse las recomendaciones, para decirle: señores de la guerrilla, esas cosas no se hacen.

8. El desprecio por los avances sociales e institucionales del país

El informe prescinde también de mencionar los grandes avances del país en calidad de vida y servicios sociales, tema al que me referiré en otro escrito. El informe presenta al país como si aquí no hubiese habido democracia, ni institucionalidad, ni estado de derecho, ni progreso, ni nada.

Colombia, para el informe, era una herencia yacente, un predio baldío, una tienda de pueblo, una tierra de nadie. Y eso no es así. Aquí había, y hay, institucionalidad, derechos y progreso.

Conclusión

El informe final es generoso en suministro de información y equivocado en su narrativa central y en sus premisas estructurales, es decir, falló en lo esencial. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición no solo no dice “la Verdad” completa, imparcial y justa (si es que tal cosa existe), sino que tampoco aporta a la convivencia, pues el efecto político de su informe final fue profundizar la división del país entre los que apoyan y no apoyan su narrativa y sus recomendaciones.

El informe tampoco aporta a la no repetición, porque después de su entrega, hace ya 3 años, los crímenes allí relatados no han cesado de aumentar. El terrorismo guerrillero se repite y además han asesinado muchos líderes sociales (130 desde que empezó el actual gobierno).

Total, la comisión no logró ninguno de sus tres objetivos. Pero al divulgarlo y enseñarlo como si fuese la palabra de Dios, se está sesgando la verdad para capturar el pasado y dividir a los colombianos.

A la gente hay que decirle que aquí pasaron muchas cosas muy graves, de todos los lados, pero que se habrían podido evitar si la guerrilla se hubiese dedicado a buscar el poder por vía democrática, como lo logró Petro, sin necesidad de haber dejado una descomunal estela de crímenes, destrucción, terrorismo, corrupción, narcotráfico y pobreza, amén de impunidad.

Ahora bien, ¿puede Colombia reconstruirse sobre hallazgos de un pasado confiscado, dejando a los principales culpables sin responsabilidades y en libertad? Como dice la escritora nigeriana Ngozi Adichie, “cualquier historia que no esté contada completa, es una mentira”.