Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El panorama no puede ser más desalentador de cara a las elecciones territoriales. La crisis de la paz total –que hasta se puso en duda de quién provino el nombre- parece haber tocado fondo.
Los recientes hechos ponen en alerta a los territorios que parecen estar regresando a épocas que pensábamos ya estaban superadas.
Ha vuelto el reclutamiento forzado de menores y ejecuciones como ocurrió la última semana en el putumayo; los atentados a mansalva a la fuerza pública, como el acaecido recientemente en Tibú, o los desmembramientos de la última semana en la costa Caribe, específicamente en la Guajira y Córdoba.
Todos son hechos de lesa humanidad. ¿Volvió entonces la degradación del conflicto?
El conflicto está vivito, coleando y aumentando su intensidad. Ahora tiene un epicentro más focalizado, con raíces en zonas cocaleras y de extracción minera; lo más preocupante es que parece no haber respuestas del gobierno.
La paz total aceleró una compleja realidad que ya venia en franco deterioro desde el gobierno Duque que se dedicó a “hacer trizas la paz”. Lo peor es que, además, no tuvo una política eficaz del combate hacia las estructuras que llenaron el vacío de las Farc, y le entregó un país a Petro a punto de estallar.
La cosa se ha puesto difícil. Los ceses al fuego sin verificación de la paz total, la falta de una política de combate a las estructuras criminales, y el incentivo de los violentos para buscar posicionarse en la mesa nos tienen en una caldera a punto de explotar. Muchos territorios parecen estar a la deriva.
En medio de esta difícil realidad se acercan las elecciones territoriales ¿qué va a pasar?
La pregunta es apenas obvia en un país como Colombia en donde violencia, crimen organizado y política siempre ha ido de la mano, muchas veces, con unos actores criminales usufructuando rentas y los políticos imponiendo reglas de juego en el territorio, como el clan del golfo, en donde no se pueden diferenciar orígenes o naturaleza.
En muchas regiones los actores armados imponen las condiciones en los territorios y por ende son actores políticos (Kyle Johnson). Se configuran gobernanzas armadas que van desde procesos de control social y económico, hasta el monopolio de la violencia e incidencia política (Trejos, Badillo y Corredor).
¿Esperaremos regresar a la confluencia de gobiernos locales y actores violentos? Las recientes declaraciones de la JEP a Mancuso nos hicieron recordar el monstruo que significaron las autodefensas y su vertiginoso crecimiento en zonas del país donde mandaban las Farc.
Como una vez lo señaló León Valencia, los violentos no van a renunciar a su rol político, es esencial para su supervivencia. En algunos casos se enfrentarán a quienes amenacen sus intereses y buscarán incidir para favorecer a quienes mejoren o faciliten su accionar en el territorio.
Las disidencias de las Farc acaban de mandar un mensaje al gobierno sobre su intención de incidir en las elecciones sancionando a los líderes políticos del territorio que hagan alianzas con partidos tradicionales o cometan delitos electorales, e impidiendo a “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra” entrar a sus zonas de control.
Las anteriores elecciones fueron las más violentas en los últimos 10 años (MOE). Tal como van las cosas, el conflicto puede escalarse aún más de aquí al mes de octubre, fecha de cierre del ciclo electoral del 2023.
Además de lo anterior, la apertura democrática desordenada de nuevas franquicias políticas, puede ser un peligroso espacio en donde se cuelen políticos financiados por grupos irregulares y aumente el riesgo de violencias políticas locales. Es un ciclo que no hemos podido romper en nuestra democracia.
Por eso se juega mucho en estas elecciones en medio de la paz total. El gobierno, además de acercar el estado a las regiones, debe pensar en un plan de emergencia conjuntamente con ONG y actores del territorio para evidenciar los riesgos, y dirigir esfuerzos estatales para garantizar la seguridad de candidatos y candidatas.
Es fundamental coordinar la actuación de la procuraduría, registraduría, fiscalía y consejo nacional electoral. También es importante formar un pacto con los partidos políticos para evitar la filtración, incidencia y financiación de los violentos en elecciones. Es con el objetivo de romper la rueda de política y violencia que tanto le ha costado a la institucionalidad colombiana.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
