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Aunque se piense que Duque puede promover la Seguridad Democrática tal cual la implementó Uribe, es importante entender que ni los problemas de inseguridad y delincuencia ni las herramientas que tiene el país para combatir la violencia, son iguales a los de hace 16 años.

Con la elección del nuevo presidente Iván Duque algunos estarán pensando en el retorno sin modificaciones de la Política de Seguridad Democrática para enfrentar los graves problemas de violencia y delincuencia por los que atraviesa el país. Sin embargo, es necesario reconocer que las condiciones actuales de inseguridad no son las mismas que las que encontró el entonces presidente Álvaro Uribe en 2002.

Por un lado, con la desmovilización de los paramilitares y de las Farc el conflicto armado se redujo al enfrentamiento con el ELN, que, a pesar de su fortalecimiento en los últimos dos años, no representa una amenaza similar a la que vivió el país a comienzos de este siglo. Hoy este grupo se encuentra en negociación con el gobierno, proceso que ojalá continúe por ese camino para finalizar de manera definitiva la guerra que se vivió en los últimos sesenta años.

Por otro lado, hoy se cuenta con unas Fuerzas Militares, de la Policía y de investigación criminal, más profesionales, mejor dotadas y con amplia experiencia para enfrentar al ELN si persiste en la guerra y para solucionar los problemas de violencia y delincuencia que afectan la seguridad de los ciudadanos.

En la actualidad los problemas, más que de conflicto armado, son de seguridad ciudadana a nivel urbano y rural y de Estado, afectados por el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas, los hurtos, la extorsión, la violencia por estructuras criminales organizadas y la violencia por problemas de convivencia.

  1. Situación actual.

En los últimos quince años se ha logrado una reducción muy importante de la violencia homicida en el país, se pasó de una tasa de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2002 a 24 en 2017, es decir una reducción del 64% de los homicidios, según datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Igual comportamiento tuvieron algunos otros delitos en ese mismo periodo, como el secuestro que pasó de 2.882 casos registrados a 193, el hurto de automotores que cayó de17.303 casos a 7.028 y el robo a entidades financieras que pasó de 257 a 106, según datos del Ministerio de Defensa.

También se redujeron de manera sustancial las acciones delincuenciales de los grupos armados al margen de la ley tras la desmovilización de los paramilitares a comienzos de siglo y con el reciente acuerdo de paz con las Farc.

A pesar de estos buenos resultados, en el mismo periodo otros delitos aumentaron, como los hurtos de personas, motocicletas, residencias, comercio, la extorsión y los asociados al narcotráfico y la minería ilegal que no han cedido terreno, antes bien han aumentado, como se puede ver en el artículo citado.

Hoy, si bien el ELN persiste en su accionar, las acciones asociadas al conflicto armado han disminuido sustancialmente, crecen los problemas de violencia y delincuencia asociados al narcotráfico por el incremento de los cultivos y producción de drogas, la disputa violenta de este negocio y otros como la minería ilegal por parte de bandas criminales organizadas, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, los Puntilleros, el EPL y las disidencias de las Farc, y además se deteriora la seguridad ciudadana, en especial en las ciudades por el microtráfico, la trata de personas, la prostitución, los préstamos gota a gota, la extorsión y el hurto, recepción, transporte y comercialización nacional e internacional de celulares, vehículos y motos, el control y distribución de productos legales, entre otros delitos.

Esta situación de violencia y delincuencia se hace más compleja cuando se comprueba que las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal tienen formación y entrenamiento militar y de seguridad; crimen organizado conformado y dirigido por antiguos miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares desmovilizados. Situación que se agrava con la presencia y accionar de los carteles mexicanos en el país, que se han caracterizado por ser muy violentos.  

En medio de esta situación, no se ve un Estado cohesionado y organizado que dé una respuesta integral a esta problemática.

Mientras el Ministro de defensa, el Director de la Policía y el Fiscal piden cárcel y penas ejemplares para los delincuentes detenidos, los ministros de justicia de los últimos años han promovido modificaciones a los códigos penal y penitenciario, con penas sustitutivas a la privación de la libertad carcelaria o domiciliaria para aquellas personas que hayan cometido delitos cuya pena sea inferior a ocho años, además del proceso de excarcelación masiva, todo esto con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario que supera el 50% de los cupos disponibles, problemática que no tiene solución a la vista.

La situación se hace más compleja cuando se comprueba que en materia de gestión de la seguridad, en la actualidad existen en el Estado colombiano varias instituciones que tienen que ver dentro de sus funciones con estos temas y que su coordinación y trabajo en equipo es limitada, cuando no inexistente. Las instituciones que tienen que ver con estos temas son:

En este escenario, si los alcaldes y gobernadores quieren solucionar los problemas de inseguridad en sus territorios deben recurrir a cada una de estas instituciones, sin que exista una sola que les dé respuesta integral a sus requerimientos.  

Finalmente, hoy el país no cuenta con políticas públicas en materia de seguridad de Estado, seguridad ciudadana y de política criminal, lo que hace más difícil la solución de los problemas de violencia y delincuencia.

  1. Qué Hacer.

Para seguir enfrentando los problemas de violencia y delincuencia, es necesario reconocer los avances que el país ha tenido en materia de seguridad y con base en ellos formular un plan que contemple acciones para mejorar la gestión de este tema, en cabeza del presidente, con la participación de todos los alcaldes y gobernadores y acciones para abordar los problemas más importantes que en la actualidad están afectando la seguridad de los ciudadanos y del Estado.

Paz y seguridad.

Además de reconocer los logros en materia de seguridad tras los Acuerdos de Paz con las Farc, como es el caso de la reducción de las víctimas del conflicto armado, de menos policías, soldados y guerrilleros muertos y lesionados y de haber tenido las elecciones más pacíficas de la historia del país durante este año, es necesario, de manera urgente, profundizar la intervención integral y control institucional de los territorios dejados por las Farc, además garantizar la seguridad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los guerrilleros desmovilizados y en proceso de reintegración.

En esta línea, se deben agilizar los esfuerzos de seguridad, justicia y desarrollo social en más de ciento sesenta (160) municipios donde las Farc tuvieron activa presencia, en términos de:

  • Presencia y control territorial por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía en los municipios seleccionados, especialmente en las áreas rurales para controlar los negocios ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal que siguen creciendo, combatir las bandas criminales, las disidencias y al ELN que se esta lucrando de estas actividades y dar seguridad a los desmovilizados, sus familias y comunidad en general.

  • Presencia y fortalecimiento de lo justicia punitiva (presencia y accionar de la Fiscalía y la Rama Judicial) y de la justicia cercana a los ciudadanos (inspecciones de policía, casas de justicia y mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos).

  • Trabajo coordinado de las instituciones del orden nacional con las administraciones municipales, departamentales, comunidades organizadas, sector privado y ciudadanos en general para promover el desarrollo social y económico en los territorios de los municipios seleccionados.

  • Atención a víctimas del conflicto armado.

Esta estrategia de intervención debe contemplar acciones para que los problemas hoy existentes en los municipios intervenidos no se trasladen a otros territorios.

Liderazgo y gestión de la seguridad en cabeza del Presidente

En este campo, si se quiere fortalecer la gestión democrática de la seguridad ciudadana y del Estado, existen algunos elementos de política que en el país se estancaron o no se han desarrollado como debieran, como son:

  • Responsabilidad institucional. En Colombia, como se expuso anteriormente, son varias las instituciones que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, sin un liderazgo claro y poca coordinación entre ellas en materia de política pública.
    Frente a este vacío, 2011 el Presidente Juan Manuel Santos prometió la creación del Ministerio de Seguridad, propuesta que con el correr del tiempo se embolató y hoy ya no se habla de este tema.

    Para avanzar en este campo, si no se quiere sacar el tema y la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, se podría crear un viceministerio de seguridad ciudadana en este Ministerio, que le dé un manejo integral al tema y que permita diferenciarlo del de seguridad Estado, como lo propone un estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-.

  • Política pública nacional de seguridad y convivencia. Hoy, Colombia no cuenta con una política pública en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Atrás quedó olvidada la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aunque algunos funcionarios sostienen que está vigente, pero con la desaparición de la Consejería ya no hubo dentro del Gobierno quién la promocionara y estuviera pendiente de su ejecución.

    Con la participación del Departamento Nacional de Planeación y de las instituciones involucradas en este tema, se puede actualizar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adecuándola a la criminalidad compleja que hoy campea en el país, política que debe ser liderada por la institución que el Presidente designe como responsable de estos temas.

  • Responsabilidad local. Los municipios son el escenario privilegiado de la seguridad ciudadana y del territorio, en sus calles, barrios, comunas, veredas, corregimientos y caseríos suceden los hechos de violencia, delincuencia y faltas a la convivencia ciudadana y es en esos territorios donde se tienen que aplicar las políticas que buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia. Es por esto que, sin la participación decidida de todos los alcaldes, de los gobernadores y de sus administraciones, es muy difícil mejorar la seguridad de los ciudadanos a nivel urbano y rural.

    Con base en la Constitución de 1991, que establece responsabilidades claras a los alcaldes y gobernadores en materia de manejo del orden público, hay trabajar con todos ellos los temas de manejo del orden público, seguridad y convivencia. En este campo, es importante mirar la experiencia del programa Departamentos y Municipios Seguros –DMS- que lo maneja la Policía Nacional.

  • Participación Ciudadana. En materia de cualquier política pública la participación de los ciudadanos es fundamental y en particular en temas de convivencia y seguridad ciudadana, es muy importante, en la medida en que los ciudadanos no solo pueden apoyar a las autoridades en sus labores de seguridad y justicia, sino que pueden constituirse en veedores para que las funciones que desempeñan las autoridades, se ejecuten en el marco del Estado de Derecho, no haya corrupción y se exijan resultados públicos y periódicos. En este aspecto, hoy están en segundo plano buenas experiencias como los Frentes Locales de Seguridad y las Escuelas de Seguridad.

Finalmente, dos temas que deben ser tratados con urgencia y responsabilidad.

El primero, el aumento del número de policías. En este campo no se puede seguir aumentado los miembros de la institución sin garantizar la calidad en la selección y capacitación y respetando el tiempo de formación, es mejor contar con calidad, antes que cantidad de policías.

El segundo, los problemas consuetudinarios de hacinamiento, corrupción, ausencia de resocialización y profesionalización del crimen en el sistema carcelario y penitenciario colombiano. Aquí se requiere soluciones de fondo, como las que se exponen en los artículos citados “Las cárceles: el eterno problema de la justicia colombiana” y “Los sindicatos gobiernan las cárceles” y además en un documento DAFP.

 

Sociólogo, experto en seguridad urbana y gestión de temas de convivencia, seguridad ciudadana, seguridad nacional, manejo de crisis y terrorismo. Durante nueve años continuos, en tres administraciones, fue Subsecretario de Seguridad de Bogotá, periodo durante el cual la ciudad se convirtió en ...