Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Hace unos meses, el canciller Álvaro Leyva utilizó una metáfora musical para explicar su visión sobre la hoja de ruta que llevaría a la paz total. La idea de tener una hoja de ruta precisa y detallada para alcanzar la paz aseguraba que era como seguir una partitura de música clásica, donde cada nota y cada indicación son cuidadosamente escritas y seguidas por el intérprete.
Esto en contraposición del enfoque utilizado por el equipo negociador del expresidente Santos durante los ciclos de negociación con las Farc en La Habana que según sus críticos más destacados rayaba en ocasiones en el fetichismo de la metodología.
Leyva continuaba explicando que la situación actual en el país y el curso del ciclo de negociación se podía leer de una mejor manera como una partitura de jazz, donde se dan indicaciones generales donde los músicos tienen la libertad de improvisar en el momento en armonía con el resto de la banda.
A pesar de la metáfora del canciller, la realidad actual es que el Estado no está dirigiendo la música de la paz total como se debería. En lugar de unificar las líneas de esfuerzo sobre los protocolos y consensos reglamentarios de la agenda, así como su verificación y monitoreo, existe una preocupación por mostrar avances y resultados en el menor tiempo posible.
Este ha evidenciando en el camino efectos indeseados como el desorden, incapacidad de cohesionar internamente con relación a los objetivos, límites y términos específicos del proyecto de negociación de paz, sumado a una desorientación e incertidumbre en sectores estratégicos generando asimetrías en el esquema de gobernanza.
Esta preocupación es válida al considerar el aumento de los ataques del ELN a la fuerza pública, infraestructura y población civil en varias regiones del país. La consolidación de la paz total es uno de los principales objetivos del presidente Petro, quien ha centrado sus esfuerzos en el ELN.
Sin embargo, se enfrenta a diversos riesgos con relación a otras organizaciones y estructuras armadas, y a una falta de claridad en cuanto al marco y los procedimientos del proceso de paz.
Parece que se están tomando decisiones basadas en la coyuntura diaria sin seguir una estrategia clara establecida en términos de plazos y representación gubernamental.
1. Riesgo interno – cohesión interna
Las tensiones dentro del gobierno en torno a la implementación de la agenda de paz total son evidentes, ya que ciertos funcionarios ajenos al alto comisionado han tomado la vocería de comunicar los avances y retos de la negociación en diferentes vías, lo que ha llevado a resultados no deseados.
Un ejemplo de ello es la existencia, en la práctica, de tres comisionados de paz: Danilo Rueda, Iván Cepeda y Álvaro Leyva. En cuanto al amplio espectro de funciones asignado al comisionado Rueda, su labor de coordinar y liderar los esfuerzos de diálogo y negociación con actores de diferente naturaleza en múltiples frentes ha llevado a que la política de paz se entrelace con la política criminal.
Este problema se debe, en parte, a un diagnóstico inadecuado y a una ejecución inoportuna, lo que ha generado críticas por parte del fiscal Barbosa. Además, la supresión de la Consejería para la Estabilización y el traslado de sus funciones a la oficina del comisionado Rueda ha sido otro error crucial.
A pesar de la importancia de congresistas, ministros e incluso del canciller en la política de paz total sus intervenciones distorsionan el curso oficial de las comunicaciones y enfrascan la conversación en una especie de nudo giordano a un alto costo.
Asimismo, algunos de los intervinientes aseguran enterarse en ocasiones a través de medios de comunicación porque no se les notifica o escuchan disparidades al interior de diferentes portavoces.
El ministro de Defensa, por ejemplo, ha emitido declaraciones que difieren de las opiniones expresadas por otros miembros del gobierno, lo que ha generado discrepancias con el alto comisionado.
La implementación de la paz total es una tarea arriesgada y compleja para el gobierno que ha visto la legitimidad de su agenda cuestionada en las últimas semanas debido a los eventos violentos en el bajo Cauca y Norte de Santander.
Estos riesgos no solo afectan las mesas de diálogo con los grupos armados, sino que también generan divisiones entre el Congreso y la ciudadanía en general. Además, la ambiciosa agenda podría consumir los recursos y la atención del gobierno, lo que podría sacrificar otras reformas importantes, como la reforma pensional o del sistema de salud. En este contexto, la reforma política ha sido uno de los primeros fracasos.
La agenda de gobierno depende de la paz total y esta a su vez depende del ELN. Aunque puede ser costoso políticamente corregir los errores cometidos y levantarse de la mesa, es aún más costoso mantenerse en la inacción y no corregirlos.
2. Riesgo de ponderación de esfuerzos – Jurídico
La búsqueda de la paz total implica la negociación a través de acercamientos y conversaciones con grupos armados al margen de la ley y organizaciones criminales incluso de corte transnacional, conocidas según la ley 2272 del 2022 como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto para lograr su sometimiento y desmantelamiento.
Negociar entonces con grupos armados no estatales y organizaciones criminales que tienen o no reconocimiento político es un desafío complejo que requiere una estrategia y una planificación institucional cuidadosa en cuanto a capacidades, roles y competencias legales.
La virtual ley de sometimiento pretende reglamentar mediante acercamientos y conversaciones el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de estas organizaciones.
Aunque la ley es clara en cuanto a que las disidencias son consideradas como “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y no como “grupos armados organizados al margen de la ley” -lo que impide cualquier tipo de diálogo político con ellas- el presidente ha expresado la necesidad de establecer una mesa de diálogo con el EMC de las Farc.
Para ello, ha otorgado un estatus político a través del decreto 2656/2022. La justificación es que esta disidencia no se adhirió al proceso de paz firmado porque no estaba conforme con los términos del acuerdo, y por lo tanto, no ha participado en ningún proceso de negociación.
A la par, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, pese a que firmó y no cumplió, también quiere ser tratada con los lentes del estatus político pese a la negativa del gobierno. Y, bajo esta misma premisa, el Clan del Golfo señaló a través de uno de sus abogados que ese grupo armado no aceptará un sometimiento a la justicia, sino que esperan una negociación política.
En este contexto, resulta crucial realizar una evaluación rigurosa de los recursos disponibles y establecer prioridades estratégicas en consonancia con la disuasión militar, en el marco de las negociaciones con ELN y EMC.
Por otro lado, se debe buscar un acercamiento constructivo con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (Eaocai) dado que hasta la fecha no se han observado avances significativos o consensos con los grupos criminales. Es importante cuestionar la efectividad de una ruta de sometimiento, especialmente considerando que las grandes estructuras probablemente buscarán obtener reconocimiento político.
En este sentido, el éxito de las negociaciones con EMC y la forma en que se desarrolle la agenda con ELN será fundamental para responder a esta cuestión. Cabe destacar que el ELN ya ha cerrado la puerta al interciclo previo a las negociaciones en Cuba.
3. Riesgo de negociación durante la guerra
La búsqueda de la paz en las negociaciones con el ELN es un camino lleno de obstáculos, donde la decisión de cerrar el diálogo puede ser frustrante y prolongarlo puede ser difícil de justificar en términos de progreso y resultados tangibles.
La tarea de destrabar este ciclo de negociación es una urgencia manifiesta entendiendo los ciclos y las temporalidades. Sin embargo, la guerrilla misma ha afirmado que el cese al fuego fue impuesto unilateralmente, lo que hace que la consecución de la paz total sea un objetivo cada vez más escurridizo. Los expertos aseguran que generalmente los acuerdos relacionados con cese al fuego en acuerdos de paz se vienen a lograr casi que al final, vease el caso Farc en 2016.
Es fundamental tener en cuenta alternativas para humanizar el conflicto y mitigar el sufrimiento injusto de las poblaciones afectadas por la violencia. En este sentido, una opción a considerar es la implementación de treguas temporales, lo que podría permitir avanzar en las negociaciones y prevenir enfrentamientos conjuntos, como ya lo hizó el Coce del ELN en el más reciente comunicado que justifica el asesinato de militares realizando una serie de acusaciones.
Es de vital importancia que la fuerza pública continúe cumpliendo su misión constitucional y manteniendo la disuasión militar, a la vez que se avanza en el diálogo con los grupos armados. Sin embargo, es fundamental contar con criterios claros de evaluación, monitoreo y verificación que permitan establecer líneas rojas y no subestimar los riesgos, tal como ha ocurrido en el pasado.
Cabe destacar que el cese al fuego, como indicador final, podría no ser la mejor opción para destrabar la agenda. La ambiciosa política del presidente Petro de establecer la paz total y fortalecer la democracia genera altas expectativas en el país, pero también implica riesgos de igual complejidad que si no se gestionan adecuadamente, afectaría profundamente las actuales condiciones de seguridad y gobernabilidad.
Es posible corregir y reorientar los esfuerzos estratégicamente, pero es necesario actuar con prontitud y de esta manera utilizar la metáfora del canciller para señalar que el gobierno efectivamente está dirigiendo la música hacia la paz total.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
