La otra Verdad que incomodó a la Comisión

Durante los plenos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) era señalado de ser quizá el único topo ‒léase fuente de información en el quehacer periodístico‒ que me alimentaba con datos y me contaba pormenores de los intríngulis del organismo transicional, información que, allí conjeturan equivocadamente, utilizaba para escribir mis columnas de opinión sobre la materia, en este y otros tres medios online donde me publican.

Me refiero a Carlos Ospina Galvis ‒mayor retirado del Ejército y quien fungiera como comisionado de la verdad‒ cuya intempestiva y muy desafortunada y poco estratégica renuncia causó poca mella en el trasegar de la Comisión, uno de los cuatro pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición ‒Sivjrnr‒. Él, supongo, quiso implosionar a la CEV lanzando una bomba atómica en el corazón de la entidad y apenas logró el efecto de una granada de humo, pero defectuosa.

Es de anotar que Ospina jamás tuvo buen recibo en el seno de la Comisión dado su pasado en filas. A esta natural reticencia del grueso de los comisionados se sumaron dos hechos no menores: su nula experiencia en investigación social y sus limitados pergaminos académicos. Con todo, su presencia pasó casi que desapercibida durante los dos primeros dos años y medio de labores de De Roux y sus áulicos, tiempo durante el cual Ospina fue un verdadero convidado de piedra… ¡hasta que se le ocurrieron varias iniciativas!

En este punto de la historia, es menester aclarar que Carlos Ospina no fue escogido como cuota de los militares, mucho menos del sector Defensa. Lo subrayo, toda vez que, desde su renuncia, Francisco De Roux ha tratado de posicionar esta idea para demeritar sus ejecutorias.

Su llegada al seno de la CEV fue resultante de su doble condición de víctima (posee certificado del Registro Único de Víctimas desde 1985) y representante de militares víctimas y sus familias; fue, además, miembro de la Mesa de Víctimas de Bogotá (2014-2017) y participó en las mesas regionales de apoyo a los diálogos de La Habana (2014-2016).

En este punto radica la decisión que, en tal sentido, adoptó en 2017 el Comité de Escogencia del Gobierno Santos. Una jugada por demás estratégica, al mejor estilo de un ajedrez, donde él fungiría cual peón, vital para posicionar la idea del carácter incluyente, plural y objetivo de la verdad que allí sería recogida.

El cisma

Carlos Ospina era un cero a la izquierda en la Comisión de la Verdad hasta que se le ocurrió organizar un conversatorio sobre homicidios en persona protegida ‒léase “falsos positivos”‒. El cartel de invitados a este evento de corte académico constituyó su pecado original, pues figuraban nada más y nada menos que el coronel Publio Hernán Mejía, indiciado como autor de estos horrendos crímenes en Cesar cuando fue comandante del batallón La Popa, y el abogado del general Mario Montoya Uribe, el excomandante del Ejército durante el Gobierno de Uribe Vélez, para muchos el máximo responsable de estos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

De inmediato, el comisionado Alejandro Valencia Villa, el verdadero poder a la sombra en la CEV ‒como lo he afirmado en otros escritos‒ puso el grito en el cielo, impuso su criterio y, bajo la premisa de que tal evento lesionaba a las víctimas y las revictimizaba, obligó a De Roux a recular y el conversatorio previsto en julio de 2020 fue cancelado. Pero el virus tardío de rebeldía que había incubado en Ospina se multiplicó por todo su ser y ahí fue el zambapalo.

Entonces, el mayor retirado propuso incluir en la agenda de la Comisión temas sensibles, verbigracia, la combinación de todas las formas de lucha y la injerencia de gobiernos extranjeros en el decurso del conflicto armado colombiano distintos a los Estados Unidos, es decir la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Urss), Rusia, China y Cuba, entre otros. Claro, para un puñado de comisionados, incluido el propio De Roux, estos temas sacarían a la luz verdades incómodas para la narrativa prevista y podrían incluso afectar intereses propios y de terceros.

Para evitar que Ospina llevara a feliz término sus proyectos, varios palos en la rueda le fueron colocados. A sabiendas de que él no era investigador social, se le exigió cumplir estándares de la Comisión: dos pares académicos (uno nacional y otro internacional), un tercer validador y un corrector de estilo. Él se puso el overol y logró satisfacer estas demandas. Su tozudez hizo que echaran mano de otras artimañas para evitar que su trabajo ‒que más adelante relacionaré‒ saliera a la luz pública y menos con el sello de la Comisión.

Según él, en octubre de 2021, a través de un correo electrónico, envió un paquete de documentos digitales al conjunto de sus colegas comisionados con el propósito de recibir observaciones. En marzo de este año, con las correcciones realizadas, le pidió a De Roux que su trabajo fuera discutido en el pleno, para lo cual el presidente de la Comisión le habría requerido una copia de los archivos. Se me aseguró que el sacerdote distribuyó los archivos entre los demás comisionados a través de una USB.

Como quiera que el tiempo corría y se acercaba la hora límite para la entrega del Informe Final y sus anexos y recomendaciones, Ospina se entrevistó con De Roux y le preguntó la razón de que su trabajo no fuera tomado en serio, solicitándole, además, que se designaran un lector y un corrector de estilo finales. La respuesta del presidente de la Comisión fue vaga y dilatoria: era necesario conformar un comité de revisión, que, en 15 días, tendría una decisión final sobre qué era publicable y qué no.

Para desanimar más a Ospina, días después le comunicaron que la CEV no tenía recursos para que sus trabajos, si recibían el visto bueno del pleno, fueran editados. Entonces, el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la fundación Konrad-Adenauer Stiftung (KAS) fueron la tabla de salvación y ofrecieron sufragar este trabajo editorial a cero costos para el organismo transicional, como en efecto sucedió.

Por la puerta de atrás

La dilatación premeditada e injustificada para acoger la verdad que recabó el excomisionado Ospina y la reticencia de la Comisión para integrar sus ejecutorias al Informe Final fueron la gota que rebozó la copa y que lo llevó a presentar su renuncia irrevocable, a mi juicio, apresurada y sin ningún efecto, salvo para su mermada reputación en el ámbito de la verdad y la memoria.

Para hacer más patética esta salida por la puerta de atrás, Ospina dio declaraciones genéricas sólo a un par de medios de comunicación, entregando detalles banales y explicaciones simplonas de los porqués de su renuncia. Su legado ‒que carga a todo lado en una bolsa de color negro reutilizable‒ está destinado al olvido o a ser leído, escuchado y visto por una minoría sectaria; nadie lo tendrá en cuenta hoy, cuando la Comisión haga entrega del Informe Final en el teatro Jorge Eliécer Gaitán a partir de las 11 de la mañana.

En este orden de ideas, creo oportuno que el grueso de colombianos conozca que se trata de diez entregables, entre estos una colección de cinco tomos intitulada Sumando a la verdad: 1) Los orígenes del conflicto, 2) La combinación de todas las formas de lucha, 3) Entre lo político y lo militar, 4) La acción extranjera más allá de los Estados Unidos y 5) La pugna por Bogotá.

También editó los documentos y estudios que llevan por título Verdades con uniforme, El DAS rural y la inteligencia estratégica del Estado y La verdad sobre las Farc-EP (662 páginas), el compendio de relatos infantiles Hilando cuentos y la producción documental Gaitania, tierra de guerra y paz.

En el tintero quedó un documento sobre el Ejército de Liberación Nacional, con avances del 50 por ciento, y cuyo título más posible era ELN, una organización político social en armas. Este trabajo ‒que sólo muy pocos elementos de la Comisión sabían que él estaba desarrollando, según dijo‒ fue abortado porque los dos únicos investigadores que apoyaban su labor recibieron amenazas de muerte, entre ellos el historiador Sebastián Pacheco, asilado en alguna parte de Norteamérica.

Quizá el paso y la salida de este mayor retirado del Ejército por la Comisión de la Verdad no fue el más afortunado, pero esto no justifica el hecho de que su fotografía y el registro de que él estuvo allí haya sido borrado casi que en su totalidad. En el sitio web de la entidad ‒en el menú La Comisión (parte inferior de la página), pestaña Los y las comisionadas‒, aparece la siguiente leyenda en negrilla: “Carlos Guillermo Ospina fue comisionado hasta el 2 de mayo de 2022, día que presentó su renuncia inmediata e irrevocable”.

¿Discriminación? ¿Censura? ¿Sesgo? Lo único cierto es que tratamiento similar no recibieron los fallecidos Alfredo Molano y Ángela Salazar (q. e. p. d.), precisamente en el organismo responsable de decirnos qué pasó, cómo pasó y por qué pasó lo que pasó en el conflicto armado colombiano, entidad que, además, tiene por apellidos y por mandato “[…] la Convivencia y la No Repetición”.