La paz no justifica los medios

La paz es un derecho y un deber. Es una premisa necesaria para el efectivo goce de los derechos y las libertades. Buscar la paz es responsabilidad de todos. Y alcanzar la paz es el deseo de todos los colombianos, sin excepción. Pero luchar por la paz tiene sus límites, es decir, no todos los medios para ello son legítimos.

El programa bandera del actual gobierno es la llamada “paz total”, que fue concebido como estrategia integral para terminar la violencia criminal en todo el país a través de políticas de reincorporación tanto de grupos guerrilleros como de bandas delictivas organizadas, incluyendo la implementación del Acuerdo de Paz celebrado con las Farc.

Colombia quisiera que esos diálogos culminaran con la pacificación del país, el desarme de los grupos armados, el fin de narcotráfico y la convivencia cordial.

Pero el programa está mal concebido y peor ejecutado. Las principales críticas a la “paz total” podrían ser la siguientes:

Primero, el nombre “paz total” es un nombre grandilocuente, tremendista y mesiánico, el problema es que su efecto natural es generar expectativas que luego no se cumplen.

Se parece al nombre de “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, no menos rimbombante, que terminó en un desarme de dos terceras partes de las Farc, pero que ni fue “final”, ni hubo “terminación del conflicto” y tampoco “paz estable” o “duradera”.

Mejor dicho, del nombre no quedó nada. La izquierda radical, amiga de las soluciones finales, de las recetas mágicas, de los paraísos terrenales, tiende a nombrar las cosas por sus deseos, no por lo que son. Es un problema psicológico de estos empresarios de la felicidad.

Y lo que casi siempre se ve es que, entre más rimbombante es el nombre, mayor es su fracaso. Hay una relación directamente proporcional entre lo altisonante y la derrota, entre lo ostentoso y el descalabro.

Segundo, la premisa de la que parte: el diagnóstico de la violencia, asumido en parte por la Comisión de la Verdad. Según esta la violencia se debe en últimas a la clase dirigente, que se enriquece a costa de los pobres, al tiempo que asesina y contamina (aunque en parte también se debe a la sociedad en su conjunto).

Pero ni la guerrilla ni las bandas organizadas son señaladas como las verdaderas responsables de la violencia. Más bien se les enmascara de víctimas.

Como anota Eduardo Pizarro, “el diseño de la paz total se basa en una premisa: que el origen de la violencia es la pobreza. Y los estudios muestran que la violencia tiene tres orígenes: la ideología, la pobreza que permite el reclutamiento de jóvenes campesinos sin futuro, y la codicia”.

Hay países más pobres que Colombia que no tienen guerrillas ni tanta violencia. La causa de la violencia es compleja, pero la guerrilla y el narcotráfico tienen mucho que ver. Entonces si el diagnóstico está mal, la solución probablemente también lo esté.

Tercero, el alcance o la cobertura: la “paz total” no puede meter en el mismo saco a grupos guerrilleros y a bandas armadas organizadas, que no son guerrilleras sino narcotraficantes.

Hay que otorgarles un tratamiento diferencial: con un grupo político hay amnistía y con uno que no lo es hay sometimiento. Ahora bien, la situación en Colombia se complica por los dos lados. Primero, en cuanto a los guerrilleros, pues habría que preguntarse si el ELN y las disidencias de las Farc son hoy por hoy verdaderos grupos políticos.

Como anota Hernando Gómez Buendía, “ni las Farc, ni el M19, ni ninguna otra guerrilla tuvieron o han tenido jamás la menor probabilidad de tomarse el poder o de hacer la revolución en Colombia. Su legado no fue más que una inmunda cadena de violencia en nombre de los oprimidos que creían o que decían defender… una banda de asesinos ordinarios”.

No puede ser que cualquier loquito se alce en armas contra el Estado so pretexto de luchar por una sociedad más justa, sin que nadie le haya otorgado la credencial de vocero del pueblo, y que por ese solo hecho se convierta en una especie de héroe que hay que beneficiar.

Segundo, en cuanto a las bandas criminales organizadas, que recurren ya sin tapujos al narcotráfico, ellas se disfrazan de grupo de izquierda porque desde este espacio político no se les combate, o les otorgan beneficios. Juegan el juego que consiste en: traqueto disfrazado de izquierda es igual a beneficios.

A propósito de beneficios, en lo que al M-19 respecta, cuyos militantes recibieron amnistía y ayuda estatal a cambio de nada, ellos han debido ser incluidos en el programa del gobierno, si se quiere que la paz sea total. Con ellos no hubo verdad ni justicia ni reparación ni nada.

Y no dan muestras de renunciar a este privilegio exorbitante, a esta exoneración de rendición de cuentas, a esta impunidad histórica, sino que por el contrario lo siguen usufructuando, al tiempo que aprovechan para denunciar a ese Estado que les dio la mano.

Ahora bien, como las violaciones al Derecho Inernacional Humanitario (DIH) no prescriben, habría que explorar la posibilidad de incluirlos en la política de paz del gobierno o, en caso negativo, de ser llevados a la Corte Penal Internacional.

Al respecto habría que recordar unas palabras del Presidente Gustavo Petro, a propósito de Mancuso: “Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”.

Y como la justicia colombiana ni pudo ni quiso procesar al M-19, deberían aplicarse estas palabras del propio presidente, quien de hecho utilizó la primera persona del plural: “tendríamos que ser procesados”.

Cuarto, la justificación de los diálogos en las condiciones actuales es difícil, por no decir dudosa, la conveniencia de mantener esos diálogos de paz con cada uno de los grupos con los que está dialogando, los cuales no han hecho sino violar el cese al fuego, que opera solo para el Estado. Hay muchas preguntas sin resolver. Veamos:

1. En cuanto al ELN, abstracción hecha de su ausencia de mando central, lo que llama la atención es que de manera reiterativa afirma que no va a entregar las armas. Eso hace entrar en línea de cuenta la pregunta por la justificación de la conservación de estos diálogos: ¿entonces para qué se dialoga?, ¿para que maten menos? Para colmo de males, el Presidente Petro expidió en julio de 2023 una Resolución en la que ordena a las autoridades usar lenguaje “respetuoso” con el ELN: se les dirá “organización armada rebelde”. Vaya eufemismo inventado por esta nueva policía del lenguaje para referirse a un grupo terrorista.
2. En cuanto a las disidencias de las Farc, se lee en El Espectador del 16 de abril de 2023 que Andrey Avendaño, Jefe del Frente 33 y delegado de la disidencia del Estado Mayor Central de las Farc (comandado por Iván Mordisco), afirmó lo siguiente: “yo firmé el acuerdo de La Habana por un beneficio porque estaba preso, era una oportunidad de salir porque estaba convencido de que el acuerdo no se iba a cumplir”. O sea que una parte importante de las Farc firmó la paz solo por un “beneficio” judicial a través de la JEP, pero desde el comienzo sabían que “el acuerdo no se iba a cumplir”. Y es con estos engañadores profesionales con los que el gobierno quiere firmar otro acuerdo de paz: ¿qué garantías hay de que no volverán a hacer lo mismo? Los campesinos dicen: “vaca ladrona no olvida el portillo”.
3. En cuanto a los grupos criminales armados y organizados, hay que preguntarse si van a entregar verdad, dinero, rutas y armas, y si están dispuestos a pagar una condena intramural, como lo hicieron los paramilitares en su momento con ocho años de prisión. ¿Están dispuestos a todo ello?
4. Y en cuanto a la primera línea, hay que anotar que ella es la versión reciclada de las “camisas negras” del fascismo (“Squadre”) y de las “camisas pardas” (las SA) o tropas de asalto del partido nazi, ese partido que al Presidente tanto le gusta citar. En vez de camisa de un color, visten cachucha y bandana como emblema. Y también coinciden en que son civiles que atacan con violencia a la oposición, aunque parezca increíble, hay políticos que los financian con toda impunidad. Hasta ahora, en vez de sancionar a los miembros de la primera línea, los han nombrado gestores de paz, vaya paradoja. Además, el presidente Petro, a propósito de su propuesta de pagarle un millón de pesos mensuales a los estos jóvenes, afirmó: “les vamos a pagar por no matar”. ¿Ser pillo paga? El inmoral mensaje para los jóvenes en lo sucesivo es: sea bien malo, que eso nos obliga a pagarle más. O tal vez este: con dinero le compramos su ética, pues el dinero todo lo compra. Salieron capitalistas estos gobernantes, deberían hacer una campaña para Master Card. Y bueno, esos jóvenes algún día envejecerán: ¿qué será del futuro de Colombia?

Cuarto, la implementación: ni el ELN ni las disidencias de las Farc ni las bandas organizadas (sobre todo el Clan del Golfo) han respetado el cese al fuego. Tampoco van a entregar las armas. Como en la época de Pablo Escobar, esos grupos dan hoy una recompensa por asesinar policías.

Engañan al gobierno una y otra vez. Y el gobierno no se pellizca, al contrario, ordena neutralizar la Fuerza Pública. El resultado es que el país se llenó de cultivos de coca y de violencia. Hoy la situación del es muy preocupante.

Y, curiosamente, son esos grupos criminales los que le están aguando la fiesta al gobierno, una especie de “fuego amigo”, porque no están cumpliendo nada. Eso, aunado a las rencillas y divisiones al interior del Pacto Histórico y a la débil oposición de derecha, llevan a concluir que en el país la verdadera oposición de Petro es la izquierda.

Quinto, la eficacia: luego de un año de gobierno, la “paz total” se ha venido decantando y restringiendo a hablar en unas mesas de diálogo con grupos específicos, ya sin aspirar a transformar el mundo. Y hasta la fecha no ha salido nada concreto. Mucha mesa, mucha comitiva, mucho ciclo, y de aquello nada.

Por último, como la paz es un deseo de todos, hay que seguir buscándola, pero por otros medios que sean éticamente admisibles. Así como el fin no justifica los medios, la finalidad de la paz tampoco. No se pueden sacrificar la ética y las instituciones en el altar de la paz.

Un buen comienzo sería dialogar con todas las fuerzas vivas del país, para llegar a consensos en torno a la pregunta que hoy forzosamente en línea de cuenta: ¿hasta dónde está dispuesta la sociedad a otorgar concesiones?