La “seguridad humana” del presidente Petro

Para hablar de seguridad humana es necesario retrotraernos al mandato de Kofi Annan como Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Él es responsable de haber incluido este concepto en el lenguaje universal tras la redacción y posterior inserción del párrafo 143 en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, realizada en Nueva York entre el 14 y el 16 de septiembre de aquel año.

El parágrafo de referencia señala de manera taxativa: “[…] Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano. Con este fin, nos comprometemos a examinar y definir el concepto de seguridad humana en la Asamblea General”.

Siete años más tarde, Ban Ki-moon, sucesor de Annan, profirió la Resolución 66/290, en el marco de la Asamblea General del 10 de septiembre de 2012. En el punto tercero de este documento, la ONU “[…] Conviene en que la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”. A renglón seguido, en ocho literales, da forma al concepto.

En líneas generales, Naciones Unidas plantea que la seguridad de los seres humanos comprende siete esferas o dimensiones: económica, alimentaria, en la salud, ambiental, de la comunidad, política y personal. Esta última –es decir la seguridad personal– corresponde al tradicional enfoque que le apuesta al empleo de la fuerza y de aparatos y medidas coercitivas por parte de los Estados.

Si bien es cierto que la Resolución 66/290 –literales “c” y “d”, del numeral tercero– indica que “el concepto de seguridad humana es distinto de la responsabilidad de proteger” y que su aplicación “no entraña la amenaza o el uso de la fuerza ni medidas coercitivas”, no es menos cierto que también enfatiza que “la seguridad humana no sustituye a la seguridad del Estado”. En otras palabras, no concita ni recomienda a los Estados miembros a renunciar a ese servicio y bien público llamado seguridad.

A modo de paréntesis para los que no lo saben, he aquí la génesis de los proyectos Bogotá Humana, Colombia Humana y seguridad humana de nuestro presidente Gustavo Petro. No se trata de ideas originales que nacieron en su mente privilegiada. Es la versión criolla de un sinnúmero de discusiones que vienen dando los plenipotenciarios de 193 países miembros de la ONU desde hace 17 años, pero adaptadas, ideologizadas y hechas a la medida para un propósito mayor que todos conocemos, lo cual habla bien de su innegable inteligencia.

¿Seguridad humana?

Es la desfiguración del concepto de seguridad humana de Naciones Unidas lo que preocupa, máxime cuando, al tratarse de seguridad pública y defensa nacional, el jefe de Estado se ha dedicado a gobernar vía Twitter o a través de anuncios en la plaza pública y la prensa, de él o de su ministro de Defensa. Decisiones que se están llevando por delante a las Fuerzas Armadas, al tiempo que, en su desenfrenada búsqueda de la “paz total”, el presidente está dispuesto a hacer peligrosas concesiones que vulneran el imperio de la ley y socavan las bases de nuestro Estado de Derecho.

Primero amenazó a los generales de las Fuerzas Militares y de la Policía; les dijo que ellos responderían por el asesinato de líderes sociales y la ocurrencia de masacres con anotaciones negativas en sus hojas de vida, pero que las bajas o muertes en combate no eran una opción que les daría puntos. Para amarrar más a la Fuerza Pública, el Ejecutivo continuó su purga, sacando de circulación a más de setenta oficiales generales y de insignia con experiencia operacional y operativa.

No contento con ello, el pasado jueves ordenó suspender las misiones beta o de entrega de armas –conocidas comúnmente como bombardeos– en campamentos de Grupos Armados Organizados (GAO) donde se presuma la presencia de menores de edad enlistados a la fuerza, al tiempo que anunció el freno definitivo a la fumigación de cultivos de uso ilícito para apostarle a la sustitución voluntaria.

Parece ser que el presidente desconoce aquel viejo axioma de este país en extremo santanderista: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Me explico. Que no se nos haga extraño que se dispare el reclutamiento forzado de menores de edad y que, además de los GAO, los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) también echen mano de los niños, niñas y adolescentes para zafarse de la presión de las autoridades.

En el tema de la sustitución de cultivos, el quid del asunto no estriba únicamente en la voluntad de los campesinos, colonos y hasta indígenas, pues no son ellos quienes toman tal decisión de manera autónoma, la cual pasa necesariamente por las manos de capos y cabecillas locales del Cartel de Sinaloa, del Clan del Golfo o del Tren de Aragua, entre otros GDO.

Ahora bien, el sábado, tras instalar su primer Puesto de Mando Unificado por la Vida en Ituango, Antioquia, Petro propuso un “cese multilateral al fuego”, afirmación que cobró sentido horas más tarde tras conocerse un informe de la unidad investigativa de El Tiempo sobre reuniones de delegados del Gobierno con exparamilitares y mafiosos que desean ingresar a la paz total.

Este cese multilateral para silenciar las armas de guerrillas, narcos y criminales que propuso es tan difuso como disruptivo, que le ha tocado al mismísimo Alfonso Prada, ministro del Interior, salirle al paso a las incómodas preguntas de la prensa. ¡Venderle el alma al diablo jamás será una opción que dé réditos!

Para rematar esta semana de anuncios desconcertantes y bastante polémicos en materia de seguridad pública, el jefe de Estado lanzó otra perla: los mandatarios de los 65 municipios del país con mayores índices de violencia “pueden y deben convocar puestos de mando unificado y las unidades de Ejército y Fuerza Pública allí localizadas deben obedecer al alcalde”.

Se imaginan ustedes al alcalde de cualquiera de estos municipios ordenando la suspensión de un operativo policial o de una operación militar para favorecer los intereses de narcotraficantes o disidencias presentes en la jurisdicción de su municipio o bien dando instrucciones para situar tropas lejos de los corredores de movilidad de traficantes de armas, seres humanos u oro y minerales exóticos.

Lo único cierto es que mientras el presidente Petro bombardeaba al país con sus anuncios y decisiones inconsultas, quince personas, incluidos dos periodistas, fueron asesinadas este fin de semana en dos episodios de posible ajuste de cuentas en Fundación (Magdalena) y Cartagena (Bolívar) y durante tres masacres ocurridas en Cumbal (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander) y Barranquilla (Atlántico). Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, con estos tres episodios se eleva a 73 el número de masacres ocurridas en este año en Colombia.

Para finalizar, quisiera parafrasear una frase sobre esta coyuntura, que en WhatsApp se atribuye al periodista, profesor universitario y político Juan Lozano: “[…] A muchos les da dificultad reconocerlo, pero hasta ahora lo único desmovilizado ha sido el Ejército”.