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En estos tiempos construir una mentira toma tan solo algunos segundos, incluso pocos caracteres, mientras que contar la verdad requiere un ejercicio más complejo y menos mezquino.
Una de las grandes victorias sociales de los últimos años en Colombia ha sido la comprensión sobre la importancia de la verdad en términos normativos y la creación de una Comisión para esclarecerla, así como para adoptar recomendaciones que puedan servir para mejorar la convivencia y construir lo que se ha denominado garantías de no repetición.
Desde el año 2012, con ocasión de la reforma constitucional que se denominó “Marco jurídico para la paz”, se planteó la posibilidad de organizar una Comisión de la Verdad en el país, de tal forma que con dicha instancia se atendieran las expectativas de la sociedad y las víctimas por saber qué, por qué, para qué, cómo, etc., pasaron los hechos que avergüenzan nuestra historia en medio de un conflicto armado de más de medio siglo. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años más y la actividad de implementación del Acuerdo Final para que la Comisión fuera real y que, como pasó esta semana, contara con integrantes que tienen una gran responsabilidad no solo con los ciudadanos que esperan claridades sino con las generaciones futuras a quienes su labor les podrá significar mejores condiciones de vida en medio de una sociedad que deje de matarse.
El derecho a la verdad ha sido reconocido tanto internacional como nacionalmente en dos dimensiones: una individual para las víctimas y otra colectiva para la sociedad, de conocer los hechos, las motivaciones y circunstancias de las violaciones a los derechos humanos. De esta forma, la verdad permite el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, permite enfocar la lucha contra la impunidad y responde a la necesidad de que el Estado atienda con transparencia, responsabilidad y buena gestión pública a los desafíos que produce el esclarecimiento de lo ocurrido[1].
Ahora, para relatar la verdad se requiere primero el desarrollo de una labor compleja y juiciosa que investigue, analice y valore lo ocurrido, así como los efectos que se han multiplicado inconmensurablemente, y luego encuentre el camino adecuado para el conocimiento amplio de la sociedad. Adicionalmente, se requiere una apertura de la sociedad en conocer lo encontrado por la Comisión, realizar su valoración sobre lo ocurrido y adoptar sus recomendaciones para que lo evidenciado nunca más ocurra.
Para ello la Comisión tendrá 3 años, previo agotamiento de seis meses concedidos para su puesta en marcha, los cuales deberá administrar adecuadamente pues en tan poco tiempo debe escuchar a la sociedad y a las víctimas para dar respuesta a múltiples inquietudes sobre los inicios y la continuidad del conflicto armado.
No obstante, esclarecer la verdad no es fácil, por los intereses que se posan sobre el acceso a la información, así como sobre los temores de quienes con algún poder han permanecido en la impunidad, sin aparecer en registros como responsables, directos o indirectos, de los graves crímenes que han sido cometidos contra la humanidad representada por colombianos indemnes que vieron destruidos o afectados sus proyectos de vida.
Mientras que razonablemente a la Comisión le depara una gran labor, otros infundirán mentiras permanentemente sobre su origen, composición, labor y, finalmente, el informe final producto de lo encontrado. El gran desafío de la sociedad no pareciera ser estar abiertos ante la verdad sino cómo no caer ante las mentiras que se propagan fácilmente, gracias a la insuficiencia de verificación y al afán de ser primeros en información, pero no en realidad.
En una época en la que la destrucción de la dignidad ocurre en instantes en redes sociales y medios de comunicación, y en la que las mentiras ocupan un papel principal en la información que circula, el esclarecimiento y relato de la verdad se hace más complejo. Ojalá no seamos mezquinos con la verdad y con la labor que adelantará la Comisión para su esclarecimiento. Bienvenida la verdad.
[1] Andreu-Guzmán, Federico. 2012. Derecho a la verdad y derecho internacional. Comisión Colombiana de Juristas. Página 83.
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