Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El aterrizaje del posconflicto no puede seguir ignorando a los entes territoriales. Análisis del investigador de la Uninorte, Luis Trejos.
Uno de los tantos efectos positivos del acuerdo para la terminación negociada del conflicto, logrado entre el Gobierno Nacional y las entonces Farc fue la llegada de una variada oferta institucional (pública y privada) a los territorios afectados por la confrontación armada.
Pero desde el inicio del proceso, se volvió repetir el eterno error de pensar a Colombia y sus regiones desde Bogotá, ignorando a las autoridades locales. Hecho que se evidenció en la escogencia de los lugares para la instalación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos transitorios de Normalización (PTN), hoy Espacios Transitorios de Capacitación y Reintegración (ETCR), ya que muchos alcaldes se enteraron de dicha designación, por medio de la prensa nacional, es decir, fueron excluidos desde un inicio de la planeación territorial básica de la paz.
En cierta forma, el hecho de que varias ZVTN nunca hubieran sido terminadas totalmente y hoy no funcionen o estén poco habitadas obedece, entre otras cosas, al profundo desconocimiento de las realidades geográficas, las dinámicas económicas y las capacidades administrativas de los municipios que componen las periferias colombianas.
En esta línea, una falla que puede producir efectos adversos en la construcción territorial de la paz en el mediano y largo plazo es que el diseño institucional del posacuerdo ha dejado por fuera a dos instituciones locales básicas y necesarias para la sostenibilidad temporal de cualquier esfuerzo o iniciativa de paz en los territorios, estas son: las administraciones locales y las Juntas de Acción Comunal, ya que las agencias encargadas de la implementación territorial del Acuerdo del Teatro Colón, llegaron a los territorios directamente desde Bogotá, sin coordinarse con las alcaldías, lo mismo ha sucedido con varias ONG que han ejecutado proyectos sociales y productivos sin dialogar o intentar generar sinergias con los mandatarios locales (con los que tiene voluntad), sin entender que su presencia (agencias nacionales del posacuerdo y ONG) en el territorio es temporal y que el marginamiento de la institucionalidad local, soló profundiza el aislamiento de las comunidades rurales y acentúa las interacciones clientelares.
Al no asumir el importante rol de la institucionalidad local (pública y privada) y no fortalecer a la sociedad civil de los territorios (especialmente rurales), transfiriéndoles conocimientos y capacidades para la defensa de sus derechos y la gestión de recursos para el desarrollo material de sus comunidades; se mantendrá activo el círculo del asistencialismo y por ende la imposibilidad de avance social y material.
En este contexto, con el ánimo de generar inclusión en muchos escenarios de planeación local, se han ignorado las Juntas de Acción Comunal, a pesar de que históricamente han asumido un rol social protagónico, pese a las presiones armadas y la poca interacción que sostuvieron con las administraciones locales por efectos de la guerra, se mantuvieron y se mantienen como nodo central de sus comunidades, dando espacio a la participación ciudadana, representando a la institucionalidad legal y en muchos casos sirviendo como dique de contención ante el abuso de los actores armados.
De ahí la importancia de fortalecer su capacidad de gestión y convertirlas en la unidad básica de la construcción de paz en los territorios, no solo a través de su rol como veedores del gasto público y gestores del desarrollo comunitario sino también como instancia de prevención y resolución de conflictos, especialmente en la zonas rurales carentes de policía y jueces.
Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
