Los beneficios del Estado Mayor Central en la paz total

Se sabe que lo que no está prohibido está permitido. Esto significa que, en la negociación de acuerdos de paz o de ceses al fuego que se convertirán en normas vía decretos, los detalles son determinantes. 

Mientras la política de “paz total” sigue avanzando con ocho diálogos de paz abiertos con diferentes grupos armados y de crimen organizado, hasta el momento el gobierno ha logrado suscribir algunas treguas locales. Entre ellas, la de Buenaventura y dos ceses al fuego bilaterales: el del ELN y el que fue firmado el pasado domingo con el Estado Mayor Central (EMC).

Lo pactado refleja la complejidad de la negociación con este grupo armado y los múltiples traspiés que tuvo la fase de acercamiento, que alcanzaron a poner en riesgo la instalación formal de la mesa de conversaciones. Hasta el momento, se ha dado a conocer una parte de los seis documentos suscritos que constan de dos acuerdos y cuatro protocolos. 

El balance es positivo para el EMC porque además de posicionarse frente los demás grupos armados, con los que compite en diferentes lugares del país, gana tiempo y espacio para ampliar su base social y enfocar sus esfuerzos en seguir creciendo militarmente. 

En la medida en que aumenta el volumen acuerdos alcanzados en la política de “paz total”, una buena manera de aproximarse a los alcances de los acuerdos suscritos con el EMC es evaluar lo que está permitido. 

Así las cosas, si bien hay una clara intención por aliviar la situación humanitaria de la población civil, son muchas las ambigüedades y preocupaciones que quedan sobre este cese, que tendrá una vigencia de tres meses. 

Lo más destacable es sin duda el compromiso explícito por acatar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo el respeto a las misiones médicas y las medidas para evitar el confinamiento de la población civil. 

Así mismo, es positivo que se incorporen normas mínimas de comunicación en la mesa de negociación hacia la opinión pública, en lo que hasta el momento habían sido intercambios de comunicados y mensajes a través de redes sociales. Esto podría dar mayor claridad sobre un proceso que ha estado marcado por la confusión. 

Los retos hacia el futuro

El mayor reto que enfrenta el proceso que arranca es el desgaste del capital político de la “paz total”. Sin marco jurídico de sometimiento a la justicia es improbable que los diálogos socio jurídicos con grupos del crimen organizado avancen, lo que podría provocar aumentos de la violencia en el corto plazo.

Así mismo, el EMC se ha caracterizado por infligir sistemáticamente el DIH y ha propinado enormes golpes de credibilidad a la paz, como el derivado de los hechos de violencia en el Cauca.  A través de esas acciones hubo una segunda crisis de la mesa antes de su instalación formal. Los tropiezos que se han presentado anticipan lo desgastante que puede ser negociar sin una agenda clara. 

En segundo lugar, resulta desconcertante que haya entrado en vigor el cese al fuego sin el alistamiento previo del mecanismo de verificación y monitoreo. Este es el corazón de un cese al fuego, aunque este sea complejo a nivel local, regional y nacional, y requiera de una organización previa.

De acuerdo con las declaraciones del jefe negociador del gobierno, Camilo González Posso, el mecanismo estará funcionando plenamente solo a partir de diciembre. Quedamos a merced de la “buena fe” del EMC, con solo uno de los tres meses del cese verificable y con el antecedente de un cese fallido. Evidentemente, sin un mecanismo de verificación, la credibilidad del cese queda extremadamente comprometida.

Estrategia de apaciguamiento.

Más que un desescalamiento del conflicto, la política de “paz total” ha configurado un escenario de apaciguamiento de los grupos armados, la diferencia es que en este en solo una de las partes cede (el Estado), para que los grupos armados se comporten y cumplan con unos mínimos. En este caso, el cumplimiento del DIH y el respeto al proceso electoral de fin de mes.

El apaciguamiento provoca descensos en la violencia en el corto plazo. Esto ha sucedido con algunos indicadores como los enfrentamientos con la fuerza pública y los ataques a la infraestructura.

Sin embargo, esos descensos son relativos, pues las formas de violencia asociadas al control territorial, como la extorsión y el reclutamiento forzado, siguen disparadas. El principal problema del apaciguamiento es que es poco sostenible: a medida que los grupos se hacen más fuertes, las guerras locales entre unos y otros siguen teniendo consecuencias humanitarias serias.

En el caso del EMC, es evidente el viraje que dio el gobierno recientemente con la ofensiva militar en el Cañón del Micay. Con el cese bilateral, el EMC tendrá posibilidad de concentrarse en las disputas territoriales que tiene con el ELN en Arauca y Nariño, con la Segunda Marquetalia en Caquetá y Putumayo y con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio. 

Mientras tanto, asegura su operatividad a través del Protocolo de Reglas y Compromisos. Como parte de este, el gobierno se comprometió a garantizar el flujo de recursos logísticos hacia las estructuras del EMC. Además, sus unidades podrán permanecer y transitar desarmados por las cabeceras municipales y vías principales.

Cuando estén armados y uniformados podrán hacerlo solo en corregimientos, veredas y vías secundarias. Para completar el esquema, el gobierno se compromete a no usar información contra el EMC, y el cese de operaciones incluye las operaciones especiales de la policía, entre ellas las de antinarcóticos e inteligencia. 

En resumen, pese a que el EMC pagó un precio alto debido a los golpes militares que recibió en el Cauca, logró un acuerdo que le da el tiempo y espacio suficiente para consolidarse como estructura nacional. Con ello cumple su estrategia principal, si se tiene en cuenta que hasta principios de este año el EMC era simplemente una sigla. 

Políticamente, los acuerdos relacionados con la construcción de la agenda y de transformación territorial del Micay le permitirán al EMC ampliar y seguir construyendo una base social.

Ni una palabra se menciona sobre las miles de iniciativas que previamente se construyeron para la subregión de Alto Patía y el norte del Cauca en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que se formularon y acordaron con las comunidades como parte del Acuerdo de Paz con las Farc.

Como si nada se hubiese hecho antes en materia de participación y de transformación territorial en el país, el EMC mostrará en las regiones esta concesión del gobierno como una victoria política.

A la par, la agenda de negociación queda abierta. Una suerte de cheque en blanco en el que se abordarán todos los temas de la agenda nacional, incluidos los de seguridad y desarrollo. Una fórmula de garantía para un proceso de paz largo, en el que el desarme y la desmovilización pasan a un segundo plano.