Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Ojalá los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz le metan el diente a los episodios de reclutamiento forzado de menores de edad durante el conflicto armado colombiano, grave crimen de guerra sobre el que muchos sectores hoy se hacen los de la vista gorda.
He tratado infructuosamente de obtener la cifra exacta de cuántos niños, niñas y adolescentes devolvieron las Farc como parte de los compromisos previstos en el acuerdo de paz. Este es un tema tabú sobre el cual los datos no son para nada confiables, además de estar rodeado por una espesa bruma y el silencio cómplice de los dolientes.
Me asaltó esta incertidumbre durante el fin de semana mientras observaba a muchos chiquillos y sus padres escoger el disfraz que los primeros lucirán dichosos en la fiesta de Halloween o Día de Brujas, como también se le conoce popularmente en Colombia a esta celebración moderna. Recordé, entonces, aquellos niños y niñas cuyo disfraz era un roido uniforme camuflado, unas botas de caucho y un oxidado fusil que inclusive superaba su corta estatura.
Lo único cierto es que la entrega de los menores de las Farc se realizó a cuenta gotas desde mediados de 2016, cuando el entonces movimiento armado se compometió en La Habana a dejar salir a los niños y niñas que hacían parte de sus filas. La cifra consignada en el informe final que el mecanismo tipartita presentó la semana pasada, habla de 132 menores de edad desvinculados en cumplimiento de lo pactado.
Aunque es imposibe saber con certeza cuántos menores de edad estuvieron vinculados a las Farc y cuántos permanecen hoy en las disidencias, en el ELN o en las bandas criminales, preocupan la discrepancia de las cifras existentes y el desinterés general por ahondar en la verdad de este fenómeno. La Fiscalía General de la Nación anunció recientemente que investiga 11.556 casos de pequeños reclutados entre los años 1975 a 2014.
Según cifras del programa especializado que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, entre enero de 1999 y el 30 de abril de 2016 esta entidad restableció los derechos de 5.984 menores que el Estado arrebató de las garras del conflicto: 4.271 niños y 1.713 niñas. De estos casos, 4.954 corresponden a entregas voluntarias y 1.030 a recuperados.
Para el Bienestar Familiar, el 60% de los menores desmovilizados en estos 17 años, 3.609 provenían de las Farc, 1.055 de los grupos de autodefensas y 947 del ELN. Entretanto, el ministerio de Defensa, a través del Grupo de Atención al Desmovilizado (GADH), ha dicho que entre los años 2002 al 2016 hubo 5.474 niños, niñas y adolescentes recuperados. La diferencia entre la base de datos de una organización y otra, resulta abismal si se superponen las líneas de tiempo.
En uno de sus últimos informes de riesgo, la Defensoría del Pueblo bosqueja un panorama completamente distinto. “Los niños entrevistados no son representativos de todos los adolescentes desvinculados, sin embargo es importante resaltar que provienen de un total de 43 frentes de grupos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (81%), al Ejército de Liberación Nacional (16%), al Ejército Popular de Liberación (2%) y al Ejército Revolucionario del Pueblo (1%)”, aparece consignado en este documento.
Es importante anotar que la Defensoría del Pueblo dijo haber emitido 246 informes de riesgo desde 2004 hasta 2014, en los cuales se enumeran amenazas o casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en 470 municipios de Colombia.
Ni siquiera el Centro Nacional de Memoria Histórica ha tomado en serio esta responsabilidad, pues este espinoso tema apenas les merece pie de páginas en sus incontables producciones.
Crimen de guerra
El reclutamiento forzado de menores de edad es un grave crimen de guerra a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 8) y una flagrante violación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Quien lo hace pisotea, además, las reglas 136 y 137 del Estudio sobre Derecho Internacional Consuetudinario, documento que en 1977 elaboró el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Si bien es cierto que estos tratados fijan la edad de 15 años como límite para reclutar o enlistar niños, al tiempo que instan a las partes en conflicto a tomar las medidas para que aquellos que estén por debajo de esa edad no participen directamente en las hostilidades, también es cierto que no pretenden pasar por encima de las normas internas de los Estados signatarios de los mismos, dado su carácter subsidiario.
Cuando el Estado colombiano ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, hizo una reserva sobre el artículo 38, el cual transcribe el artículo segundo del Protocolo II Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra. Este consagra la prohibición de que niños menores de quince años sean reclutados en fuerzas o grupos armados y que participen directamente en las hostilidades.
Para el caso colombiano, la reserva dispone que se entienda que la edad a la que se refiere el citado artículo es la de 18 años y no la de 15, en consideración a que el ordenamiento legal de Colombia establece la edad mínima de 18 años para reclutar el personal llamado a prestar servicio militar en la Fuerza Pública.
Esta reserva es concordante con la Ley 27 de 1977, la cual fijó la mayoría de edad a los 18 años, cuando se considera que la persona ha alcanzado plena capacidad de obrar. La mayoría de edad otorga a la persona los derechos políticos –verbo y gracia, elegir y ser elegido– facultades a las que comúnmente se les conoce como ciudadanía.
Después de este repaso jurídico, conviene preguntarse por qué el reclutamiento forzado de menores de edad durante nuestro conflicto no está a la orden del día. La esperanza de estas pequeñas víctimas, porque así deben ser vistos y tratados por el Estado, está en manos de los recientemente nombrados magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tienen la tarea histórica de impartir justicia y contribuir al esclarecimiento de esta verdad.
Así las Farc ni sus voceros ahora como movimiento político en el juego de la democracia podrán negar abiertamente haber “reclutado forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente”. Los nombres de los niños y niñas desvinculados del conflicto armado que figuran en las estadísticas del Icbf en la última década, contradicen tal afirmación.
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