Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Este artículo fue escrito por Emilia Isaza*, asistente de investigación y coordinación del área de Construcción de Paz de la FIP.
El Consejo de Estado ya aceptó la demanda para tumbar la resolución que nombró a Salvatore Mancuso gestor de paz, un nuevo capítulo de los procesos de paz en Colombia, que han involucrado al exjefe paramilitar durante los últimos 20 años. Primero fue Justicia y Paz, luego la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ahora se está evaluando su camino en la “paz total”.
Todos estos procesos, que continúan vigentes, están mucho más relacionados de lo que parece, y las tensiones entre ellos han llevado a su desestabilización y deslegitimación ante la opinión pública.
Los gestores de paz, creados desde Justicia y Paz, son miembros de los grupos armados que promueven los acuerdos humanitarios y los diálogos con sus organizaciones. La designación de Salvatore Mancuso causó un gran revuelo por las ambigüedades que plantea con respecto a sus otros roles en los procesos judiciales, tanto de Justicia y Paz como de la JEP. Además, este 17 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública que definirá si Mancuso podrá ingresar a la JEP y, por ende, si deberá comparecer ante esta al regresar a Colombia.
Las dudas que lo rodean no solo se aplican a su caso específico, sino que sacan a la luz la desarticulación generalizada que hay entre los procesos de justicia transicional en Colombia. La problemática que representa Mancuso es un cabo suelto que puede traer consecuencias reales para la construcción de Paz, el gobierno y la JEP deben tenerlo en cuenta en los pasos a seguir.
Para comprender mejor esta situación, recordemos las controversias que rodean a cada uno de estos tres procesos transicionales y los conflictos que se presentan entre ellos cuando se entrelazan.
El nexo entre Justicia y Paz y la JEP
La conexión entre Justicia y Paz y la JEP se remonta a la promulgación de la ley de Justicia y Paz en 2005. Antes de esto, Mancuso estuvo involucrado en eventos que fueron clave, como el pacto de Santafé de Ralito y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La controversia está en que, en 2014, fue condenado por el proceso de Justicia y Paz a 40 años de prisión, y todavía enfrenta investigaciones en curso. Esto complica su relación con la JEP, que inicialmente no tenía jurisdicción sobre los paramilitares, pero que con el tiempo ha comenzado a abrir esa puerta.
El argumento principal para aceptarlo dentro de la JEP es que fue un líder paramilitar que, como Jorge 40 y Macaco, hizo de “bisagra” o intermediario con la Fuerza Pública. Actuar materialmente como miembro de la Fuerza Pública, y haber realizado operaciones o estrategias conjuntas, le otorgaría competencia e implicaría que la JEP podría entrar a juzgar casos que ya fueron llevados y condenados por Justicia y Paz.
Todo esto ha generado una grieta entre Justicia y Paz y la JEP, de la que han surgido muchas preguntas: ¿Cuál de las sanciones se impondría? ¿Tiene la JEP prelación sobre Justicia y Paz? ¿Quiénes estarían sujetos a esta transición? ¿Qué pasará con quienes ya cumplieron su condena o fueron condenados por el tribunal anterior? Y, finalmente, ¿se volvería obsoleto el proceso de Justicia y Paz, y se reversarían sus cuestionados avances?
Aunque algunas de estas preguntas serán abordadas indirectamente en la audiencia de Mancuso este 17 de noviembre, para la opinión pública la falta de claridad con respecto a los procesos de paz continúa. El gobierno Petro también deberá definir si aceptará la propuesta de los exjefes paramilitares de hacer una ‘mesa temática’ para evaluar, revisar y cerrar el proceso de Justicia y Paz. Nuevamente, esto sin duda generaría consecuencias importantes para los otros procesos.
Gestor de paz
Con el nombramiento de Mancuso como gestor de paz ocurre algo similar, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a los procesos de paz anteriores. Aunque la figura de gestor de paz no es nada nueva y se originó a partir de la ley de Justicia y Paz, no es claro cuál es el propósito de este nombramiento, o de los efectos que podría tener.
Cuando el presidente Petro anunció a Mancuso como gestor de paz, argumentó que lo hacía para que se conociera toda la verdad y con la intención de darle un cierre al proceso inconcluso con los paramilitares. Ahora bien, los efectos que podrían desprenderse de esto son contrarios: puede que la verdad realmente sea un hilo conductor que articule los distintos procesos de paz, pero la “paz total” también puede ser el inicio de otro proceso que genere más quiebres entre los sistemas transicionales.
Todavía se esperan los pasos siguientes, que serán definitivos para definir qué es lo que ocurrirá. Es crucial que el gobierno y el sistema judicial busquen, precisamente, conciliar y armonizar para construir sobre lo construido y sumar los esfuerzos y avances de cada proceso.
En mayo de este año, Mancuso reveló en una audiencia pública ante la JEP una serie de hechos trascendentales sobre los nexos del paramilitarismo en Colombia. Por eso no es claro por qué el gobierno Petro busca implementar otros mecanismos de rendición de verdad, como la figura de gestor de paz, sobre todo teniendo en cuenta que Mancuso ya ha declarado ante Justicia y Paz, la JEP y la Comisión de la Verdad.
También se pone en tela de juicio lo que ocurrirá con su condena y los procesos de investigación que tiene vigentes ante Justicia y Paz, pues no hay certeza sobre su libertad o las consecuencias jurídicas que se derivarían de sus declaraciones como gestor de paz.
Ese sentir público de duda, en el que las normas no son definitivas y pueden ajustarse dependiendo del contexto político es, en sí mismo, la definición de inseguridad jurídica. Además, debilita la confianza en los procesos de paz, lo que termina dificultando su implementación.
“Paz Total”
El nombramiento de Mancuso genera incertidumbre con respecto a la “paz total”. La figura de gestor de paz fue creada por Justicia y Paz para tener intermediarios que contribuyeran a gestionar acuerdos con los grupos que representan, y dado que las AUC (la organización a la que pertenecía Mancuso) ya no existen, resulta difícil entender su nuevo papel como intermediario con su grupo armado.
Podría dialogar con el Clan del Golfo (originariamente Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que al constituirse incorporó a muchos integrantes antiguos de las AUC, que acababan de desmovilizarse. Sin embargo, no es claro que tenga una relación con este grupo y, por ende, la posibilidad de una negociación y de tener efectos positivos sobre la “paz total” no es segura.
El tiempo dirá si la apuesta del gobierno Petro de ubicar a Mancuso como un actor clave dentro de la “paz total” dará resultados, y si ayudará a unificar los procesos de paz.
El rol de Mancuso en los tres procesos de paz mencionados muestra, en realidad, la desarticulación tan grande que ha existido entre los procesos de justicia transicional durante los últimos 20 años. Pareciera que consolidar un nuevo paso debilitara una huella anterior.
Esto es catastrófico si lo que se quiere es construir una paz duradera y sostenible, porque en vez de fortalecer las instituciones y los programas de reparación y reconciliación, genera choques entre los procesos de paz, que acaban derribándose mutuamente.
Las decisiones que se tomarán con base en la audiencia de la JEP y la demanda ante el Consejo de Estado deben promover un sistema transicional integrado, pues se corre el riesgo de desestabilizar la paz con respecto a cada uno de los procesos transicionales, deslegitimaría las sanciones impuestas por Justicia y Paz, haría irrelevante sus declaraciones judiciales ante la JEP y politizaría aún más la “paz total”.
Como efecto general, esta situación solo llevaría a una mayor incertidumbre ante la paz, perpetuando los ciclos de violencia que hemos vivido durante los últimos 20 años. Es clave que en un momento como este, en el que urge consolidar la seguridad en todo el territorio, esta sea una movida que no repita la historia, sino que aprenda de ella.

Emilia Isaza
Asistente de investigación y coordinación del área de Construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Su trayectoria profesional se ha centrado en la justicia transicional, inició su carrera en la organización internacional Universal Rights Group y formó parte de la JEP, donde trabajó dentro del macrocaso 03 de ejecuciones extrajudiciales. También participó en la “Práctica País”, donde brindó su apoyo a la dependencia de Víctimas de la Alcaldía de Buenaventura.